Estamos a pocos días de finalizar el mandato del presidente Alan García y del inicio de una nueva etapa política en el país. Los cinco años del gobierno aprista han sido, otra vez, una frustración para el cine y la cultura peruana, relegada al final de las prioridades en el Estado, a no ser para fines protocolares o de puro impacto mediático.
Es cierto que en este lustro se contó, gracias a la bonanza de la caja fiscal, de mayor presupuesto para los concursos del Consejo Nacional de Cinematografía (CONACINE), aunque sin alcanzar la cifra que mandaba la Ley. Esto permitió dinamizar el sector de la producción, alcanzando algunas producciones sonados premios internacionales, pero el manejo del sector no fue siempre inclusivo y estuvo lastrado por un marco legal muy laxo y arbitrario, empezando por el incumplimiento de la norma por el propio gobierno. Para tratar de superar estos vacíos y ampliar los fondos se promovió la promulgación de una nueva ley en el Congreso, que terminó dividiendo a la comunidad cuando un sector no acompañamos a quienes propiciaban una Ley favorable a los intereses de las Majors, y que no abordaba el cine de forma integral. Por suerte, esta iniciativa no llegó a prosperar en el Ejecutivo, porque hubiera significado la privatización del apoyo cultural, al decretarse adicionalmente la pérdida del presupuesto del CONACINE. Los intentos de presentar, con posterioridad, un nuevo proyecto de Ley de Cine por parte del Ministerio de Cultura revelaron, más allá de las posibles buenas intenciones de sus propiciadores, la ausencia de interés oficial por fomentar al cine peruano, tanto en la producción como en la distribución y exhibición, además del ámbito cultural.
La creación del Ministerio de Cultura, largamente acariciada por muchos sectores artísticos y de la intelectualidad, no resultó muy beneficiosa para la comunidad cinematográfica, pues la fusión por absorción del CONACINE, establecida en el Decreto Supremo inicial del ministerio, ha significado para todo efecto práctico la desaparición del organismo oficial, recayendo las atribuciones y decisiones de la ley en un funcionario, que ni siquiera pertenece al sector, acompañado de una decorativa y finalmente irrelevante Comisión Consultiva Nacional de Cinematografía (COCONACINE).
En anteriores comunicados se hizo referencia a varios estropicios derivados de esta nueva administración del Ministerio de Cultura, que torpemente trata de ajustarse a una ley que ellos mismos la terminaron de destruir, al liquidar una de las columnas vertebrales de la 26370 como era el CONACINE, más allá de todos sus problemas y todas sus limitaciones funcionales y administrativas. El último de ellos fue la súbita suspensión del Concurso de Proyectos de Documentales y de la participación peruana en el programa intergubernamental DOCTV–IB, que finalmente fue “resuelto” en el primer caso con el cambio de las bases para ampliar en 23 minutos las obras, lo que plantea un nuevo problema de tipo legal, ya que los proyectos fueron originalmente presentados con otro presupuesto, otro cronograma y otras condiciones. Y además se ha creado sobre la marcha un segundo concurso de largos documentales, lo que podría significar la exclusión de los documentalistas del Concurso de Proyectos de Largometrajes, el cual siempre ha otorgado los premios más grandes, incluso el realizado este año, en medio de la disolución de Conacine.
Pero no quedan allí las objeciones a lo actuado por el Ministerio de Cultura en este periodo, pues su bastante tardía respuesta sobre la participación peruana en IBERMEDIA, no hace más que confirmar, pese a su alambicada redacción, que este año se logró mucho menos que en eventos anteriores, no alcanzando ni los 100 mil dólares en esta primera convocatoria, frente a montos mucho mayores obtenidos por los otros países participantes.
Quedan además de esta gestión otros puntos por resolver, como los premios anunciados para asignarse a los Festivales de Lima y de La Noche de los Cortos; pues si como dicen los funcionarios del Ministerio de Cultura y sus allegados respecto a que los responsables del Ministerio de Economía y Finanzas no autorizan gastos que no se encuadren en la Ley 26370, ¿cómo se va a explicar el uso oficial de estas partidas que ni siquiera fueron sometidas al mecanismo del concurso público?
En suma, el balance que se puede hacer del gobierno aprista en materia cinematográfica es, en conjunto, deficitario, especialmente en el último año bajo la administración del Ministerio de Cultura, que a falta de acciones propias optó por engullirse y aprovecharse de lo hecho por otros sectores.
Es de esperar que quienes asumieron el protagonismo de estas acciones como funcionarios públicos, opten por dar un paso al costado, incluyendo a los colegas que conforman la COCONACINE, ya que según el ROF del Ministerio de Cultura son cargos de confianza de las autoridades salientes.
Esperamos que la nueva administración que empieza este 28 de julio, y que tiene como una de sus más importantes banderas la inclusión social y la defensa de nuestra identidad nacional, sea receptiva a las demandas urgentes de la comunidad cinematográfica, como la restitución del CONACINE y la promulgación en el más breve plazo de una nueva ley de la cinematografía moderna, soberana, inclusiva, descentralizada e integral. En ese sentido, extendemos nuestro cordial saludo a la nueva ministra y reconocida artista, Susana Baca, deseándole sinceramente los mayores éxitos en su difícil gestión.
Felices Fiestas Patrias
Unión de Cineastas Peruanos
Lima, 27 de julio del 2011