30 de agosto de 2009

Mitos y verdades sobre la piratería audiovisual

Alberto "Chicho" Durant (quien además de director y productor cinematográfico ( El Premio o Alias La Gringa), es economista y escritor) nos dió la enorme alegría de disponibilzar gratuitamente para descarga, en exclusividad para todos los lectores de Intermedi@rte su más reciente libro “¿Dónde está el pirata?” sobre la piratería audiovisual en el Perú.

Chicho se suma a la polémica sobre de la eterna dualidad del cine como arte y producto comercial al mismo tiempo, con un enfoque audaz y honesto que no es el que se esperaría de un director y productor, sino más bien de un consumidor de clase media de América Latina.

Su posición está en sintonía total con the-state-of- the-art de la vanguardia en el debate sobre los derechos autorales y la piratería en la industria cultural.

La pregunta que subyace entonces es ¿por qué los Estados han optado por legislaciones que favorecen a unas industrias y corporaciones, en detrimento de los intereses de la sociedad? ¿Por qué las legislaciones sobre propiedad intelectual se van endureciendo, afectando y cerrando así las posibilidades creativas que la tecnología permite?

Los usos y costumbres desarrollados por la población en torno al comercio informal de películas han terminado alimentado una confrontación entre la sociedad y la legalidad. [...] ¿Cómo aceptar normas que están al servicio de unos pocos en detrimento de muchos?

Para debatir, para pensar, para aprender…..Intermedi @rte recomienda!! !!!!

-- Mauricio Delfin Directorhttp://www.culturaperu.%20org/


Entrevista en el programa de César Hildebrandt: http://www.youtube.com/watch?v=LaGv_p5Z9So

Ley de fomento

LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL

Cuando el 18-10-1994 se publicó la Ley N° 26370 (Ley de Cinematografí a Peruana) creímos que ella sería la solución a los problemas de nuestra cinematografí a, y que los talentos que pugnaban por entregarnos sus esfuerzos plasmados en cintas cinematográficas (en ese entonces, puesto que hoy debemos de tener en cuenta los avances tecnológicos, como la tecnología digital, por ejemplo), abrazarían sus sueños y asistiríamos a eventos que ya intuíamos serían obras magistrales, competitivas y de la mejor calidad. Para entonces, ya se había producido Maruja en el Infierno, Gregorio, La fuga del Chacal, entre otros filmes.

Empero, no ocurrió así. Como siempre, las promesas incumplidas, las transferencias jamás realizadas por parte del Ministerio de Educación, a pesar de estar consignadas en las partidas presupuestales, han puesto en jaque a nuestro cine nacional, ubicándonos como uno de los más rezagados en el continente.
A la fecha, el Consejo Nacional de Cinematografí a (Conacine) ha dejado de percibir a lo largo de estos últimos 10 años (1996-2006), la cuantiosa suma de S/. 52, 338, 210.00, que de seguro hubiese aliviado en algo “la imagen de nuestra sociedad, de nosotros mismos”, a decir de Alfonso Cueto.

Con tremenda satisfacción hemos tomado conocimiento de una propuesta legislativa presentada por el Congresista Jhony Peralta Cruz, signada con el Número 3091/2008-CR, “Ley de Fomento a la Producción Cinematográfica”, avalada, qué duda cabe, por los operadores de la cinematografí a nacional, que, en cierto modo, recoge las experiencias de la Ley de Cine de Colombia, en el sentido de proponer la creación de una contribución parafiscal del orden del 5%, monto que tendrá como base de cálculo el valor de las entradas para los espectáculos cinematográficos.

La parafiscalidad es una institución jurídica que no alcanza el grado de tributo, sin embargo, es un recurso que se crea por ley, y que constituye un ingreso de una determinada entidad privada y sirve para solventar sus gastos. Tiene una característica especial: No figuran en el presupuesto general de la República.

La norma propuesta permitirá al Conacine contar con los medios económicos que permitan una mayor agilidad y dinamismo en la producción cinematográfica, además de consolidar obras de arte que se encuentran, todavía, en mundos oníricos, y que pronto encontrarán el puente de comunicación, para expresarse con mágico lenguaje de figuras exquisitas, en obras magistrales, para deleite de nosotros los usuarios.

Saludamos la propuesta legislativa del congresista piurano que tiene como propósito el fomento de la creación y producción de obras cinematográficas peruanas, que servirán para afirmar nuestra identidad cultural, dado que este es un fenómeno que crea, que aporta presupuestos para la formación de la cultura. El sétimo arte es un producto que no podemos desdeñar. Hacemos voto por su pronta aprobación, luego de los debates que la ley exige.

Teodoro Castro Contreras CPC.
Profesor de la UNMSM.
Asesor del Congreso
Publicado en el Diario El Peruano (24/08/09)

1 de agosto de 2009

Comunicado ACP

COMUNICADO Nº 13

Tomando en cuenta los últimos anuncios y acontecimientos desarrollados en la comunidad cinematográfica, y considerando que es necesario establecer algunas precisiones sobre lo expuesto y debatido en estos días, el Colectivo Asamblea de Cineastas Peruanos –hoy Asociación de Cineastas Peruanos– considera importante manifestar públicamente lo siguiente:

1. Una ley de cine es una ley de cultura, una forma como un país y su Estado reafirman su soberanía en este campo, la defensa de su identidad y su diversidad a través de imágenes y sonidos, tanto en el ámbito nacional como internacional. La razón por la cual la gran mayoría de países en el mundo se dotan de una legislación cinematográfica es para garantizar una producción propia y diversificada, y poder competir frente al avasallamiento y dominio mundial de las empresas de cine hollywoodense, más conocidas como las Majors.

2. Una ley de cine, por tanto, debe ser una ley integral, en tanto entiende la actividad en su conjunto, a lo largo de toda la cadena productiva y de comercialización que incluye, por supuesto, a la distribución y exhibición. No se trata sólo de producir más películas, que no entrarán libremente al mercado o nunca lograrán acceder, gracias al control monopólico que, justamente, las Majors ejercen sobre él. Debe incluir, también, al cine como un valor cultural de la mayor importancia en nuestro tiempo, y por tanto garantizar su preservación, conocimiento y difusión al público más amplio y de las formas más accesibles.

3. Seguir sosteniendo que el proyecto de Ley 3339, también conocido como “Ley Raffo”, no es una ley sobre cine, es pretender desconocer que el aspecto tributario que legisla –derogación del impuesto municipal a las entradas de cine–, busca beneficiar directamente a sectores concretos del negocio cinematográfico que operan en el país, sustentado en un supuesto apoyo al cine nacional y al CONACINE, que se hará efectivo de forma “voluntaria” y “temporal” (toda la exposición de motivos se plantea en esos términos).

4. Se dice en la propuesta de la llamada “Ley Raffo” que uno de sus beneficios consistiría en dar más cultura y entretenimiento familiar a los peruanos, pero, nos preguntamos, de qué cultura estamos hablando, y cuál es la que debería propiciar el Estado peruano en concordancia con la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural de la UNESCO suscrita por nuestro país, porque tal como está formulada este proyecto será más de lo mismo, es decir “más cine Majors para todos”. Incluso la campaña antipiratería, financiada con los fondos que le cedería el Estado central, parece más dirigida a combatir un mercado alternativo con mayor oferta cultural que perseguir una práctica ilegal, lo que corresponderí a más bien al campo policial, de la justicia y el INDECOPI.

5. Afirmar que el apoyo a la “Ley Raffo” no significa renunciar a seguir luchando por una ley de cinematografí a integral, es una mera declaración retórica, ya que en la práctica se está abdicando en el esfuerzo por lograr una ley de cine de los cineastas, a la altura de las otras legislaciones en el continente, para someterse a lo que buenamente nos puedan ceder las Majors. Nadie está negando la necesidad de negociar con los otros sectores de la actividad, buscando beneficios mutuos, especialmente con las empresas exhibidoras que realmente invierten el país, pero en condiciones de equiparidad y no de imposición, producto de su dinero y lobby político. Además, resulta iluso, por decir lo menos, creer que el Congreso va a discutir y aprobar dos leyes sobre cine, cuando uno de los proyectos, el de Raffo, tomó partes textuales del proyecto llamado “Ley Peralta”.

6. Debemos reiterar, para no faltar a la verdad, que el diálogo para consensuar un solo proyecto de ley de los cineastas fue roto de manera expresa y unilateral el martes 7 de julio por el señor Augusto Tamayo, presidente de la APCP, manifestando que ambos sectores estábamos en la libertad de defender y hacer las gestiones necesarias a favor de los proyectos que consideremos más cercanos a nuestros intereses. Los representantes del Colectivo Asamblea de Cineastas Peruanos en todo momento defendimos la necesidad de continuar este espacio de negociación como consta en las actas de la reunión y lo pueden atestiguar los miembros del Consejo Directivo del CONACINE presentes. Y luego de ello, además hemos seguido insistiendo en la necesidad del consenso, y es la otra parte la que más bien guarda silencio sobre el tema.

7. Llegado a este punto, no podemos dejar de mencionar el poco transparente e imparcial accionar de la presidenta del CONACINE, a pesar de sus declaraciones públicas sobre una supuesta neutralidad y búsqueda de consenso que no vemos traducida en la práctica. ¿Cómo explicar, entonces, que se utilice el correo institucional del CONACINE, que es una institución oficial, para difundir el comunicado de una asociación privada y una de las partes del debate en el gremio cinematográfico? ¿Esa es su manera de conducir la institución que representa y de expresar imparcialidad?

Asociación de Cineastas Peruanos

Lima, 31 de julio del 2009