El señor de la leyes

por Christian Wiener

Las notas necrológicas pecan casi siempre de falta de equilibrio y exceso de retórica. Por lo general, sobran los adjetivos superlativos, escaseando más bien la reflexión y el análisis menos apasionado y sin tanto cliché. Más aún, en un medio cultural pequeño y relegado como el peruano, donde la muerte suele estar asociada a la indiferencia o el olvido del Estado, los medios de comunicación y gran parte de la sociedad civil, quienes sólo se acuerdan y honran pomposamente a sus “hijos predilectos” cuando ya no están en vida.

Armando Robles Godoy, como todos los creadores y personas, fue un hombre vital, controvertido y contradictorio, con luces y sombras a lo largo de su dilatada existencia, y su polémica obra cinematográfica, pero que sin duda representó, en muchos aspectos, un “parte aguas” en el cine peruano, y de ahí que muchos hablan de él como uno de los “padres” del cine nacional, así como maestro de muchas generaciones. Y es que ARG no sólo fue un realizador preocupado en sus películas y obra personal, sino también un infatigable luchador por mejores condiciones para el cine nacional en su conjunto, y pionero también en el tema de la ley de cine.

Quiero referirme brevemente en las siguientes líneas a este último aspecto de su biografía, que me permite calificarlo -aunque a él no le hubiera gustado probablemente mucho como sonaba- como “El señor de las leyes”, por su protagónica participación en las más importantes legislaciones cinematográficas del país en los últimos 50 años.

Robles inicia su obra fílmica en 1965, cuando el cine peruano era un páramo. Es cierto que existía una ley, la 13936 que desde el año 62 permitía liberar de todo tributo la exhibición de largometrajes producidos en Perú por empresas nacionales, pero en la práctica esta norma sólo sirvió para que los más inescrupulosos y alicaídos productores mejicanos y argentinos se aliaran a los locales, produciendo decenas de olvidables cintas en escenarios peruanos con decadentes figuras del extranjero y artistas televisivos.

La propuesta cinematográfica de Robles, un cine de “autor” con técnicas de la vanguardia europea en boga, eran muy difíciles en ese contexto que sólo propiciaba el cine más comercial y técnicamente deleznable, y por ello en 1967 impulsó la Sociedad Peruana de Cinematografía, que presidía, e integrada por Manuel Chambi, Jorge Volkert, Luis Figueroa, Isaac León y Miguel Reynel, entre otros; que propusieron al entonces primer gobierno de Belaunde la dación de una nueva ley de promoción para el cine nacional.

El golpe militar del 3 de octubre de 1968 pareció cancelar esta primera posibilidad, en momentos que se discutía la propuesta legal en las comisiones del Senado de la República. Sin embargo, cuatro años después, tomando como base los planteamientos enarbolados por los cineastas y productores, entre quienes destacaba Robles, que fue uno de los redactores del texto, el Gobierno Militar presidido por el General Juan Velasco Alvarado promulgó el Decreto Ley N° 19327, Ley de Fomento a la Industria Cinematográfica.

De esta norma legal se ha escrito mucho, señalando sus logros, deficiencias y vacíos de origen y aplicación. Acorde al clima político de la época, la ley planteaba la utopía de constituir casi por decreto una industria cinematográfica, con un discurso de afirmación nacionalista y “revolucionario”. Pero como señala Bedoya: “Desde el comienzo mismo de su publicación, los críticos de la Ley de Cine señalaron su carácter fragmentario, incompleto, pues dejaba sin legislar aspectos básicos de la actividad cinematográfica. El afán de reanimar la producción de películas, que se presentaba como uno de los objetivos de la norma, reveló a los autores de la ley como poseídos por una concepción numérica, casi estadística de la actividad fílmica” (1).

No obstante estos reparos, y muchos más que devinieron de la ejecución de la ley, esta tuvo resultados significativos, y eso fue porque se propuso fomentar la producción con beneficios tributarios concretos y estables, asegurando además la exhibición, tanto de cortos como largometrajes, en las salas comerciales. Ello motivó la furibunda oposición de los exhibidores y distribuidores, principalmente de cine norteamericano, que dominaban las pantallas, y que por única vez en nuestra historia contemporánea, no recibieron la complaciente aquiescencia de las autoridades de turno.

El Decreto Ley Nº 19327 sobrevivió a los gobiernos del General Francisco Morales Bermúdez, Fernando Belaunde Terry y Alan García Pérez. En sus veinte años de vigencia se realizaron más de cuarenta largometrajes y mil cortometrajes, constituyéndose un sólido equipo de técnicos, actores y realizadores. Varias películas nacionales fueron un gran suceso de público, además de los importantes reconocimientos obtenidos en eventos y Festivales Cinematográficos de todo el mundo.

En este caso, como en otros, el trabajo de Robles no fue en beneficio propio, como lo señala Chacho León: “trabajó por sacar adelante leyes que favorecieran a otros y no a él mismo” (2).

En la segunda mitad de los años ochenta, durante el primer gobierno del APRA, se constituyó una comisión de alto nivel para elaborar un Anteproyecto de Ley General de cinematografía, la misma que fue presidida por Robles. Luego de más de un año de trabajo se arribó a un cuerpo legislativo bastante amplio y detallado, que buscaba recoger lo más avanzado en la materia en el mundo, incluyendo por primera vez la creación de un fondo de cinematografía, y la preservación del cine como espacio cultural. Lamentablemente tuvo la poca feliz ocurrencia de chocar con uno de los poderes fácticos del país, en este caso la televisión, lo que trabó y finalmente impidió su promulgación, como había sido prometida por los políticos de entonces.

Posteriormente el gobierno de Alberto Fujimori, luego del autogolpe del 5 de abril, da el tiro de gracia a la 19327 con el Decreto Ley 25988, denominada Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos, que en su artículo 4, inciso g) deroga los artículos principales que impulsaron la producción y exhibición del cine nacional durante 20 años.

Los cineastas, agrupados en dos gremios: la Asociación de Cineastas del Perú (ACDP) y la Sociedad Peruana de Productores y Directores (SOCINE) demandaron al Estado la restitución del régimen anterior o una nueva legislación. En ese contexto, la emblemática y notoria figura de Robles volvió a ocupar un papel fundamental, sin desmerecer el esfuerzo de todos los que trabajamos para lograr un nuevo marco legal cinematográfico en esos años de plomo.

Es cierto que los diversos intentos legislativos se estrellaron con el poder de los distribuidores norteamericanos y el credo ultraliberal de muchos funcionarios gubernamentales. Al final, y por iniciativa de algunos sectores del Ejecutivo, se aprueba una nueva Ley de Cine cuyo eje se desplaza de la promoción industrial al incentivo cultural, mediante la figura de los concursos de financiación de proyectos de largos y cortometrajes.

La nueva Ley, 26370, o Ley de la Cinematografía Peruana, fue promulgada en 1994. Y en su declaración de origen se consagró, por primera vez en el Perú, el compromiso del Estado en la promoción y difusión de las expresiones culturales de sus habitantes. Fue también una norma de urgencia, incompleta y con notorias ausencias, así como frágilmente dependiente de la disponibilidad presupuestaria, como se reveló reiteradamente en los años siguientes. Tuve el honor de participar en la redacción de la ley y su reglamento, junto a Emilio Salomón, Juan Carlos Torrico y Armando Robles Godoy, y puedo dar testimonio de que buena parte de ella se debe a la insistencia de las propuestas de este último, como la enseñanza del lenguaje cinematográfico a nivel secundario, la preservación del archivo audiovisual y la composición del CONACINE, con presencia mixta y corporativa del Estado y los diversos sectores de la cinematografía.

Más adelante, cuando la ley 26370 comenzó a mostrar sus graves limitaciones, y no sólo por el incumplimiento de la asignación presupuestal en los sucesivos gobiernos, se conformó el 2001 una Comisión de Redacción de una nuevo Anteproyecto de Ley de Cinematografía, que luego de muchos debates, finalmente alcanza un texto al Congreso de la República, contando con el apoyo de la congresista Elvira de la Puente, cuyo asesor era ARG. Pero otra vez, las urgencias políticas dejaron de lado a la cultura.

En todo ese tiempo tuve más de una oportunidad de compartir y debatir nuestros puntos de vista sobre la ley de cine que necesitaba el país, y así como tuvimos agudas diferencias en determinados aspectos y proposiciones (por su propia naturaleza, Robles tendía a lo barroco y ampuloso, incluso en lo legislativo), también hubo muchas coincidencias, en especial, la necesidad de una ley de cine integral, que contemple lo audiovisual como creación cultural y no mera mercancía, y sin concesiones ni dependencias al capital trasnacional de las distribuidoras gringas y sus agentes locales, las empresas de exhibición comercial.

Por ello, no tengo la menor duda que si hubiera decidido participar en el último debate por la ley de cine, Robles jamás hubiera apoyado un proyecto como la llamada “Ley Majors” promovida por Carlos Raffo y Luciana León, y que significaría ceder el impuesto que tantos años impulsó al cine nacional para engordar aun más el negocio de los distribuidores y exhibidores, a cambio de un “óvolo” voluntario y temporal a favor de los productores. (3) Por eso, como ha contado recientemente Guillermo Palacios, felicitó el esfuerzo de quienes propiciábamos una ley que aborde un cine soberano y como expresión cultural y no sólo desde un interés comercial e inmediato. De ahí que me resulta chocante leer, en estas horas de homenaje póstumo y actos contritos, a más de uno del gremio que habla de la importancia y legado de ARG en el tema de la ley de cine, mientras con la otra mano auspician o toleran el infame proyecto antes mencionado.

Estoy seguro que uno de los mejores y más concretos legados que podemos hacer en su nombre es propiciar una ley de cine que sea merecedora de su nombre y trayectoria personal, una ley a favor de los cineastas nacionales y no de intereses subalternos y foráneos. A tal señor, tal honor.

Notas:

1.- BEDOYA, Ricardo. 100 años de cine en el Perú. Una historia crítica. Fondo de Desarrollo Editorial. Universidad de Lima, 1995. Pag. 188.

2.- LEON, Isaac. Armando Robles Godoy. Por una segunda vida. En: http://paginasdeldiariodesatan.blogspot.com/2010/08/armando-robles-godoy-por-una-segunda.html  

3.- En una de sus últimas declaraciones públicas, ARG manifestó que: “Todo país tiene una ley de apoyo, Francia, España, porque el quantum inmenso que significa el cine norteamericano crea una situación monopólica, y la única forma de neutralizarla y de apoyar el cine peruano es darle la posibilidad de que éste se desarrolle”. En: http://www.peru.com/espectaculos/sgc/cine/2010/02/02/detalle79099.aspx

Nicaragua: una ley de cine trasquilada

El plenario de la Asamblea Nacional aprobó con 61 votos a favor la Ley de Cinematografía y las Artes Audiovisuales, encaminada a promover la producción audiovisual en nuestro país, sin embargo cineastas y artistas destacados lamentaron que los legisladores redujeron su alcance, al eliminar y reformar partes sustanciales del proyecto jurídico.

La ley, aprobada por la Asamblea Nacional luego de haber pasado por el dictamen favorable de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social, fue promovida por la Asociación Nicaragüense de Cinematografía, ANCI, la cual introdujo el anteproyecto de ley en noviembre del año 2005.

Kathy Sevilla, miembro de la junta directiva de ANCI, y quien estuvo presente durante todo el proceso de formulación y aprobación de la ley, se mostró satisfecha con este primer paso, ya que se trata de una ley para fomento de la actividad cinematográfica, “lo que no implica solo producción, sino capacitación, distribución, todo lo que implica la actividad”.

Conformación del Conicine

La Ley, entre sus partes claves, mandar a crear el Consejo de Cinematografía Nicaragüense (Conicine), instancia que elaborará las políticas y estrategias en pro del desarrollo de la cinematografía y las artes audiovisuales nacionales.

Además, entre sus funciones están la administración del Fondo de Fomento al Cine Nacional, aprobación de proyectos y actividades financiados por el Fondo, autorización y certificación de películas y promoción de los derechos de autor de los y las artistas audiovisuales, entre otras.

Dicho Consejo estaría formado por los Directores del INC y la Cinemateca de Nicaragua, dos miembros de la Asociación Nicaragüense de Cinematografía, dos representantes de las empresas televisoras o de cables, dos representantes de los productores de audiovisuales y dos reconocidos artistas del cine.

Diputados desvirtuan la ley

Pese a lo positivo de su aprobación, cabe señalar que los diputados cambiaron la mayoría de los artículos sustanciales, lo cual ha provocado señalamientos críticos por parte del gremio de profesionales vinculado a la cinematografía y las artes visuales. “Ellos desvirtuaron bastante la ley, al quitar capítulos enteros o partes enteras del anteproyecto”, afirmó Sevilla, directiva de ANCI.

“Estamos conscientes que es una buena voluntad política (la) aprobación de la ley, sin embargo, sentimos que al crear el Fondo de Fomento sin una partida base anual de parte del Estado, pues será un Fondo que no tendrá fondos... difícil de sostener solo con una partida de una sola vez, no hay forma de alimentar ese fondo sin que sean de donaciones”, manifestó Sevilla en un correo electrónico a Confidencial.com.ni.

En el anteproyecto de ley original, promovido por los cineastas, se propusieron mecanismos de incentivos, sin embargo éstos fueron eliminados por los legisladores. “El capítulo de incentivos y beneficios... lo quitaron entero y nos remiten a acogernos a los incentivos y beneficios de la Ley de Incentivos para el Turismo, que no tiene nada que ver con nosotros”, manifestó Sevilla.

Y, agregó: “si vos vas a fomentar en particular una actividad que se quiere volver industria, pues no mandas a las industrias textiles a ampararse a otra ley que no tenga que ver con su actividad”.

En efecto, en el artículo 39, la Ley establece que “podrán acogerse a los incentivos de la presente ley, previa aprobación del INTUR”. A éstos tendrían derecho todas las personas naturales o jurídicas dedicadas a la actividad de la producción nacional cinematográfica o audiovisual, debidamente registradas en CINEMATECA DE NICARAGUA y que efectúen además inversiones en filmaciones de películas, cortos metrajes y eventos de beneficio para el turismo nacional.

También podrán hacerlo las personas naturales o jurídicas que inviertan en la construcción y desarrollo de salas especiales para la proyección de películas y materiales audiovisuales que incluyan la promoción turística nacional y, finalmente, “las personas naturales o jurídicas que inviertan, organicen y manejen escuelas o centros para la educación cinematográfica y audiovisual.”

Luego, la Ley en su artículo 40, establece que “para obtener los beneficios e incentivos establecidos en la presente Ley, los beneficiarios deberán estar inscritos en el registro que para tal efecto creará y llevará la Cinemateca Nacional o CONICINE”. Además deberán cumplir obligatoriamente con los requisitos de inscripción y registro establecidos por el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), en la Ley No. 306, “Ley de Incentivos al Turismo”, así como cualquier otro que se requiera para este fin”.

En resumidas cuentas, una doble inscripción: primero en el Consejo o Cinemateca y luego en INTUR, cuando en ningún otro momento en la ley se habla de INTUR.

“No tiene nada que ver... porque el cine es memoria. Es arte no puede estar controlado por muchas burocracias, ni podemos trabajarlo en función de la promoción de Turismo”, puntualizó Sevilla, quien participó junto al abogado y cineasta Fernando Somarriba en todo el procesos de consulta y presentación de la ley.

A pesar de lo positivo de la ley, por cuanto brinda un marco jurídico para la actividad cinematográfica, Sevilla lamentó que “viene a quedar como un cascarón, porque difícilmente se puede promover, fomentar, desarrollar la cinematografía y artes audiovisuales sin fondos que invertir. Sin facilitar de verdad la actividad, sin incentivos, sin beneficios para aquellos que quieran invertir”.

Fondo trasquilado

Por otra parte, el anteproyecto de ley planteaba la creación de un Fondo de Fomento al Cine Nacional, que se estaría alimentando de una partida presupuestaria anual de C$3.0 millones de córdobas vía Presupuesto General de la República, además de un porcentaje de los ingresos brutos de las compañías de televisión por cable, de las taquillas de las salas de cine y por la importación de programas, películas, telenovelas, etcétera.

Sin embargo, lo que podría haber significado un fondo interesante para el fomento de la producción cinematográfica en el país, ahora sólo constituye un sueño. Contrario a lo que se pensara de una nación con un acervo de producción audiovisual reducido, los diputados más bien agregaron un inciso en dicho artículo donde deducen que el Fondo se alimentará de lo recaudado en deducciones al gremio, de acuerdo al inciso 10 del artículo 12 de la Ley de Equidad fiscal, el cual establece que se harán deducciones de “hasta el 10 por ciento de sus utilidades gravables anuales por donaciones efectuadas en beneficio de:

a) El Estado, sus instituciones y los municipios;

b) La Cruz Roja Nicaragüense y los Cuerpos de Bomberos;

c) Instituciones de beneficencia y asistencia social, artísticas, científicas, educativas, culturales y religiosas que tengan personalidad jurídica sin fines de lucro;

d) Las personas naturales o jurídicas dedicadas a las actividades de investigación, fomento y conservación del ambiente;”

En términos más sencillos, el Fondo de Fomento al Cine Nacional pasó de ser un Fondo con una partida presupuestaria anual que serviría de base para la convocatoria a concursos, para el desarrollo y fomento del cine nacional, a convertirse en un Fondo cuya única partida presupuestaria que obtendrá alguna vez del Estado será la inicial, cuya cifra no se especifica.

“Es cierto que no solo se iba a mantener del Estado, se tiene que mantener de otras cosas. Pero vos tenés que tener siempre una base anual, porque si tenés un fondo con una sola asignación, haces dos concursos y se te acabó la plata”, puntualizó Sevilla.

(tomado de: http://www.confidencial.com.ni/articulo/1050/diputados-aprueban-ley-de-cine-pero-nace-trasquilada )

Sobre los concursos del CONACINE

El reciente concurso de documentales convocado por CONACINE ha concluido recientemente su proceso con la publicación de la correspondiente acta del jurado y, en este caso, la decisión del Consejo Directivo de validarla. Lo ha hecho en medio de intrigas que, entre suspicacias y controversias, buscaban cuestionar y empañar la labor del jurado y la participación de concursantes, sembrando dudas y provocando murmuraciones que no analizaran la situación ni plantearan mejoras en la convocatoria y el desarrollo de los concursos. Se han descargado hepáticas maledicencias con el afán de confundir y desprestigiar, actuando como guardianes de la ética en el CONACINE y propietarios de la cinematografía peruana, actitud soberbia que la gran mayoría de la comunidad cinematográfica ya conoce y padece desde hace un buen tiempo.

Así como en los anteriores y futuros concursos, no corresponde pronunciarse sobre los premios concedidos. La calidad de los proyectos es evaluada por el jurado, el cual fue elegido por sorteo y ha dado su veredicto refrendado por un acta ejemplar. Debemos leer este documento con la debida atención, mereciendo la reflexión de los cineastas en su conjunto, porque, más allá de su decisión en los premios, aporta importantes sugerencias sobre el desarrollo en sí del concurso, que se suman a las ya publicadas por el crítico Isaac León, miembro del jurado del anterior Concurso de Proyectos de Largometrajes.

A la luz de ambos documentos, es evidente que algo funciona mal en los concursos. Podría ser un problema menor si no fuera porque éstos son la forma principal de CONACINE para desarrollar su política de incentivos a la producción nacional, y ahora, ad portas de una ley de cinematografía que, entre otras cosas, debe ampliar sustantivamente la cantidad de dinero a repartirse, es muy necesario plantearse mecanismos que permitan que las ayudas se distribuyan del modo más democrático y transparente. Consideramos que dejar las cosas como están es la mejor manera de hacernos un harakiri ante la opinión pública y las entidades gubernamentales de las cuales depende la Ley de Cinematografía, colocando en grave riesgo la futura aprobación de la mejora de la actual ley.

El problema suscitado en los concursos es algo que, a estas alturas, ya tiene larga data. Se inició a fines del 2007 cuando se amplió el presupuesto y, en medio de la euforia generada, se trató de aprobar un reglamento que no sólo violaba la ley 26370, sino que además manifiestamente favorecía a determinados sectores, especialmente a quienes ya tenían obra hecha. Recordemos que se pretendía limitar la eventual participación de los concursantes, se imponía la suscripción de un documento donde se renunciaba a todo reclamo, y en actitud abiertamente restrictiva y antidemocrática, se otorgaba mayor calificación a quienes llegaban con coproducción bajo el brazo o que mediante argucias legales presentaban producciones “financiadas”, reglamentación que se mantiene aún hoy. Se deja así de lado el verdadero papel promotor de la ley y lo que debe ser el financiamiento a un proyecto nacional donde, como ocurre en otras cinematografías, son los fondos locales el primer aporte financiero para ir consiguiendo otros sobre esa base. No está demás decir que esta “legalidad” favorece solamente a unos cuantos.

Sin embargo, CONACINE no corrige esta política excluyente, insistiendo en ella y produciendo sólo maquillajes que ya han evidenciado sus limitaciones y la incapacidad para ser reales soluciones. De no mediar la existencia de la UCP, surgida en medio de la controversia por los nuevos proyectos de ley de cine, seguramente seguiríamos con los jurados elegidos a dedo, como de hecho continúan las comisiones técnicas que repiten algunos nombres una y otra vez, a pesar de su incapacidad manifiesta en muchos casos, y que parecen más bien actuar en función de la consigna antes que del interés de la cinematografía peruana en su conjunto. Esto no es el único rezago que queda, pues se insiste en variar arbitrariamente las bases de los concursos, muchas veces por muy cuestionables interpretaciones de la Ley con el pretexto de que se trata de “concursos extraordinarios”. Lo estamos viendo ahora en el concurso de las regiones, donde se castiga a los directores de una obra por el mayor o menor incumplimiento de una empresa en la que no tienen participación alguna, como es el caso de la descalificación del proyecto del cineasta arequipeño Miguel Barreda. Mientras tanto, se calla o se mira al costado cuando algunos productores crean varias empresas para tener más opciones a la hora de presentar proyectos.

La elección de las comisiones técnicas y los jurados merece particular atención. Si bien es cierto se ha avanzado en la elección de los jurados y éstos ahora son, de acuerdo a Ley, elegidos por sorteo a propuesta de los gremios –a diferencia de los años 2008 y 2009 en que eran elegidos a dedo, se supone a propuesta del Consejo Directivo–, la elección actual se sigue prestando a situaciones muchas veces voluntaria o involuntariamente complicadas, que causan recelo y desconfianza en la comunidad. Como sabemos, nuestro medio es todavía pequeño y es difícil elegir jurados cuyos miembros no hayan tenido relación directa o indirecta con los concursantes.

Como ejemplo, recordemos el caso de un ex miembro del Consejo Directivo que, como representante del Perú, obtuvo el apoyo de Ibermedia para un filme del que luego hizo el making off y donde también apareció como extra, quedando su imagen para la posteridad. O en el reciente concurso de largos, en que dos de los miembros del jurado habían tenido relación contractual con una empresa que les produjo sendos largometrajes. El personaje que ha cuestionado últimamente el concurso de documentales, en su misma línea de pensamiento podría afirmar que ha habido cierto favoritismo con una concursante debido a la vinculación de su padre con esa empresa. Y por último, para no hacer más larga la lista, igualmente se podría recordar el caso de una productora que aparece con frecuencia en jurados y comisiones técnicas, quien integró el Consejo Directivo de CONACINE mientras tenía un proyecto presentado en Ibermedia, del presidente de una institución gremial, y a quien se le adjudicó en ese mismo período una ayuda a la coproducción.

Se trata de un conjunto de suspicacias que principalmente se debe a que las comisiones técnicas y evaluadoras de Ibermedia se designan directamente por el Comité Directivo, las cuales consideramos deben hacerse por sorteo y su accionar debe sujetarse a un reglamento establecido, procurando así evitar caprichosas interpretaciones. Asimismo, los jurados se sortean sin trascender la comunidad nacional, en contra de la propuesta de formar jurados internacionales que hace varios meses hizo el representante de la UCP y que fue denegada por el Consejo Directivo de Conacine. Por ello, además de anular el anonimato del concurso documental que es claramente discriminatorio y contraproducente, y crear jurados internacionales en la medida de lo posible, planteamos que en todos los concursos de Conacine los jurados se elijan recién cuando concluya la inscripción de los proyectos, para evitar los innecesarios cruces que se generan al desarrollarse sus procesos en paralelo. En ese mismo sentido, demandamos que las bases de los concursos se discutan a tiempo, señalándose claramente las diferencias respecto de las versiones anteriores y se unifiquen criterios para obviar tanto cambio de concurso en concurso. Para terminar, y no porque necesariamente sea lo último, es necesario que se mantenga permanentemente informada a la comunidad cinematográfica del desarrollo de los concursos de modo amplio, efectivo y transparente, para que no ocurra lo del último concurso, en el que un mail enviado desde el correo institucional de CONACINE fue dado a conocer por un tercero y presentado de manera sesgada.

Estamos seguros que con la participación de todos los cineastas lograremos desarrollar y mejorar a CONACINE y sus respectivos concursos, de manera ordenada y seria. Por el bien de todos, sin excepción.

Lima, 25 de julio del 2010

UNIÓN DE CINEASTAS PERUANOS (UCP)

Una tramposa ley de cine

Por Alberto Adrianzén M.

Diario La República.  Sab. 17/07/2010

Hace unos días el Congreso aprobó, en segunda votación, la creación del Ministerio de Cultura. El crédito por esta iniciativa le corresponde a la Comisión de Educación, como también a la Comisión de Descentralización y Gobiernos Locales, que tuvieron a su cargo la elaboración y sustentación de dicha ley y no, como algunos medios vienen afirmando, a la congresista Luciana León.

Lo que sí es cierto es el cuestionable papel que está teniendo Luciana León, y también Carlos Raffo, en la elaboración del proyecto de Ley de promoción al cine nacional. Como se sabe, dicho proyecto plantea crear un fondo que será repartido en partes iguales entre distribuidores, exhibidores y productores nacionales. Todo ello bajo la idea que así se está apoyando y promoviendo el cine nacional.

Sin embargo, me parece pertinente hacernos la siguiente pregunta: ¿si se busca dar una ley para favorecer al cine peruano no debiera éste recibir el mayor apoyo económico?

La supuesta división equitativa entre productores, distribuidores y exhibidores, a partir del hecho cierto de que éstos son los tres elementos concurrentes al desarrollo de una cinematografía, contiene sin embargo, dos falacias. Por un lado, olvida que el cine, además de ser una industria, es sobre todo cultura, elemento sumamente importante si queremos abordar seriamente esta temática; y por otro lado, escamotea la realidad, al ocultar que el mercado de distribución-exhibición está dominado por las llamadas Majors norteamericanas quienes controlan entre el 95% y el 97 % de lo que vemos los peruanos.

Esta histórica dominación de nuestras pantallas se ha visto escandalosamente favorecida a partir del año 2000 con la práctica eliminación de los impuestos que debieran pagar las copias de las películas por ingresar al país y que, mediante un artificio legal promovido en esos años por el conocido y ya famoso Don Bieto, les permite acogerse a la internación temporal.

En esa misma línea, el proyecto de los congresistas Luciana León y Carlos Raffo busca consolidar esta dominación y, en un acto que bien podríamos calificar como de típico lobbysmo, pretende darles a los distribuidores ingresos adicionales de un 3.33% del valor de la entrada. Así, los distribuidores, entiéndase las transnacionales que controlan y manejan a su antojo una de las peores carteleras de cine de A. Latina, se llevarían el dinero al exterior como utilidades y regalías, aunque, para justificar el beneficio, el proyecto les coloque algunas obligaciones, que, como sucede con el resto de los supuestos aportes que harían estas empresas, son voluntarios y no significan esencialmente mayor gasto para ellas. Estamos hablando de que recibirían un poco más de 2.5 millones de dólares al año, casi el doble de lo que actualmente tiene el cine peruano para hacer películas. Mientras que los cineastas peruanos recibirían ese mismo monto para invertirlo en todo lo que implica producir películas y atender otras necesidades propias de una industria cultural.

La Unión de Cineastas Peruanos (UCP) ha señalado en un documento –que ambos congresistas deberían leer– que, según datos de la UNESCO, hay más de 115 países en el mundo que “tienen algún tipo de ley o normas favorables a su cinematografía. Son países de los cinco continentes, de diferentes culturas y distintos signos ideológicos y políticos, pero en todos ellos los Estados establecen algún tipo de ayuda o fomento para impulsar y difundir su creación audiovisual tanto dentro como fuera de sus fronteras”.

El proyecto de ley León-Raffo expresa, más bien, todo lo contrario. Dicho en otras palabras, es una renuncia explícita, como viene sucediendo hasta ahora, a que el Estado promueva el cine peruano. Basta mirar a México o a la Argentina, para darnos cuenta no solo de cuán equivocados están estos congresistas sino también de cuán poco les importan verdaderamente el cine y la cultura nacionales.  

El cherry asustado

El programa Cuarto Poder de América Televisión se proclama como el más importante y reconocido espacio de periodismo de investigación en la pequeña pantalla nacional. Sin embargo, el reportaje del domingo 11 de julio de Katia Duharte sobre la ley de cine, y titulado “La ley Teta”, distó mucho de serlo, acercándose más que al género del reportaje periodístico a su pariente apócrifa del publirreportaje o más comúnmente llamado “publicherry”.

Y es que de otra manera no puede calificarse una nota que se anunciaba diciendo que actualmente existen en el Congreso varios “interesantes” proyectos sobre cinematografía, pero que luego sólo menciona uno, como si fuera el único, la llamada “ley de masificación y Procine” promovida por los congresistas Carlos Raffo y Luciana León, con el apoyo entusiasta de la APCP, los exhibidores comerciales y los distribuidores Majors. El otro proyecto, del congresista Cabrera, ni siquiera es mencionado por la “imparcial” reportera, y mucho menos interrogado alguno de su propiciadores, repitiendo la sempiterna practica colonial y oligárquica del ninguneo. Otro actor fundamental que se deja de lado son los Municipios, que a pesar de estar directamente implicados por el mencionado proyecto, ni siquiera se dignan a consultarle su opinión al respecto.

Pero las omisiones más graves de “La ley Teta” no son solamente a las voces disidentes del coro cacofónico de entrevistados que acompañan la recopilación de escenas de películas peruanas. Porque el objetivo de la nota es también disfrazar y desinformar al público poco enterado respecto a los fondos que recibiría el cine peruano con esta ley, al no mencionarse que estos aportes serán vía un Convenio “voluntario y temporal”, y que de ese importe tributario que antes era de los municipios, los mayores beneficiados económicamente no serán los cineastas sino los exhibidores y principalmente los distribuidores de cine extranjero, más conocidos como los Majors.

Por supuesto que tampoco se dice nada sobre el cine peruano en las regiones, la desprotección de los trabajadores cinematográficos, la falta de apoyo a la cultura cinematográfica o la inexistencia del patrimonio audiovisual; porque esos temas no interesan, ni tienen grandes lobbys que lo promuevan.

En suma, una vergüenza y una pena, porque espacios en los medios así para un tema como el cine peruano no se consiguen todos los días. Lastima que sólo haya servido para la promoción de una congresista ávida de votos, y no efectivamente para impulsar al cine nacional, que espera más bien reales consensos y decisiones en conjunto de sus cineastas, que empiezan por reconocernos entre todos, antes que hacerse “cherrys” por su lado.

Pronunciamiento cineastas cusqueños

En el mes de junio nos hemos reunido realizadores y exhibidores del Cusco para tratar el tema de los proyectos de ley de cine que están debatiéndose en estos momentos en el Congreso de la República, porque es un tema que nos afecta directamente a los cineastas regionales.



En dicha reunión la Srta. Lauria Romero y el que suscribe Marco A. Moscoso hemos sido elegidos como Representantes del Colectivo de Cineastas del Cusco.


Como primera acción se ha redactado un Pronunciamiento en el que sentamos nuestra posición frente a los proyectos de ley en debate, el que se encuentra como adjunto a este correo electrónico.


Atentamente.


Lauria Romero
Marco A. Moscoso

Contra la posible derogatoria de ley de cine en Ecuador

Los cineastas ecuatorianos estan muy preocupados por la posible derogatoria de la Ley de Fomento al Cine Nacional y su no inclusión en el proyecto de la Ley de la Culturas que discute la Asamblea Nacional de ese país. Realizadores de diferentes partes del país, se reunieron con el Ministro de Cultura, quien le manifesto su voluntad de no ceder en lo logrado por el Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador.

La propuesta de los cineastas apunta hacia una reforma de su Ley, para que pueda adaptarse y no desaparecer en la concepción del Sistema Nacional de Cultura. Algunas conquistas de esta Ley, que demoró 30 años en crearse, son el acceso al Fondo Ibermedia y la creación de los fondos concursables, que año a año son entregados después de un proceso de selección por parte de un jurado internacional, y por el cual se han visto beneficiados 103 proyectos.

Mediante un comunicado escrito transmitido por su despacho, el ministro Ramiro Noriega dijo, en referencia a Ley de las Culturas: “Nos importa que sea muy clara en la definición de las responsabilidades que tienen las diversas instancias de Gobierno (…). La ley debe fortalecer la producción nacional independiente, deberá alentar la creación libre y soberana, deberá contribuir a la óptima circulación de los contenidos producidos, especialmente en el país”.


Desde la perspectiva del Ministerio, una buena ley sería la que entienda a la producción simbólica como un elemento fundamental del desarrollo social y económico de la nación. Por ello, “se espera que la Asamblea considere este precepto como un principio fundamental: la ley deberá trazar las políticas públicas que sustenten este principio democrático”.

A continuación, algunos videos de realizadores de diversas zonas de Ecuador reclamando por la continuidad, y eventual reforma, de la ley de cine en ese país:

Cuota de pantalla televisiva en Ecuador

Se establece por primera vez cuota de pantalla a favor de la producción nacional en la televisión del Ecuador.

El Consejo Nacional de Cinematografía (CNCINE), considera como un logro importante e histórico para la institución y para el sector cinematográfico y audiovisual del país, el porcentaje que ha sido fijado como cuota de pantalla, a favor de la produccion nacional y la produccion nacional independiente, en la Ley de Comunicación.

Los medios audiovisuales destinarán de manera progresiva al menos el 40% de su programación total diaria a contenidos de producción nacional en el horario apto para todo público. Así mismo la programación total diaria deberá incluir al menos el 10% de producción nacional independiente certificada como tal por el órgano de fomento del cine y el audiovisual nacional. Este mecanismo, apoyará a la producción nacional independiente ecuatoriana e igualmente estimulará a que los canales de televisión establezcan mecanismos de cofinanciamiento para adquirir producciones de realizadores independientes.

Cuando la cuota esté en plena aplicación los canales de televisión dedicarán aproximadamente 1.8 horas diarias a la producción nacional independiente, esto multiplicado por siete días da un total de 12.6 horas semanales, lo que permitirá ofrecer diversidad de contenidos a la población ecuatoriana. A esto se sumará el 40% de cuota a favor de la producción nacional, es decir de producción de los propios canales de televisión.

Los medios de comunicación audiovisual solo podrán adquirir hasta un 25% de contenidos a un solo productor o realizador independiente para que no exista concentración o monopolio. Mientras que la ley establece un mecanismo progresivo de implementació n de esta medida en cinco años a partir de su entrada en vigor, a razón de un veinte por ciento de la cuota cada año.

Respuesta al señor Francisco Lombardi

Grande ha sido mi sorpresa al enterarme de que supuestamente me he dado la mano y celebrado el final de la controversia de los dos proyectos de ley en la reunión del consenso con los señores de la APCP. Reunión a la que asistí con engaños, ya que se nos convocó para hablar con el congresista Peralta, y al final fue una especie de encerrona con los asesores de Raffo, León, Peralta y la APCP, para comunicarnos que todos ellos habían llegado a un “consenso” y que nosotros no podíamos hacer nada ante los acuerdos que se habían tomado.

El señor Vargas (asesor de Peralta), nos decía una y otra vez que lo del porcentaje no se podía negociar, que era inamovible, pero que ya no seria temporal ni voluntario, los señores de la APCP diciendo que los cineastas regionales no debían recibir más del 20%; una avalancha de informaciones a las cuales por superioridad numérica, mal intencionado parafraseo buscaban aturdir al señor Wiener y a mi. Finalmente Christian Wiener, pidió que el proyecto que habían “consensuado” nos fuera enviado, para evitar terminar aceptando algo que no habíamos visto en papel y que tendría que presentarse a la asamblea de la UCP.

Con sus aires de superioridad la APCP se felicito por lo logrado, habían trabajado el porcentaje para sus socios estratégicos, distribuidores y exhibidores, mientras que personalmente salí de esa reunión asqueada, viendo como un grupo de cineastas defendía los intereses de transnacionales sólo para conseguir de manera inmediata, y sin mayores consideraciones por el resto de la actividad, mas dinero para seguir produciendo sus películas.

Yo Ines Agresott, directora del Festival Internacional de Cortometrajes de Cusco, públicamente rechazo y desmiento las expresiones emitidas por el señor Francisco Lombardi, en representació n de la APCP, donde afirma que nos dimos las manos y celebramos un consenso. Jamás podría celebrar una ley de cine que colocaría al Perú en un nivel de atraso con respecto a los demás países de la región.

Como parte de un gran sector de los cineastas regionales, quiero dejar en claro mi posición frente a mis colegas y compañeros a los cuales me debo, y como tal rechazo de plano la discriminació n, centralismo y prepotencia de los sectores, tanto oficiales como privados, que en nombre de un realismo y una practicidad histórica, pretenden arrastrarnos a todos los cineastas, especialmente a los regionales, a una ley amañada que defiende intereses particulares antes que globales.

Atentamente,

Ines Agresott G.

Directora

Festival Internacional de Cortometrajes Cusco FENACO Perú

Carta abierta a los colegas de la APCP

Hay que empezar saludando la iniciativa de la APCP, a través de su vocero Francisco Lombardi, de hacer pública la carta enviada a la Presidencia del Congreso de la República. Su actitud dista mucho del secretismo que ha imperado desde cuando los cineastas fuimos sorprendidos por el proyecto 3339, presentado por los congresistas Carlos Raffo y Luciana León el 3 de junio del 2009, negociado a espaldas de los cineastas entre la APCP, CONACINE y los distribuidores. La transparencia en la información, sin duda alguna, ayuda a crear un clima de mejor entendimiento y, por el contrario, el ocultamiento lo hace más difícil y dice mucho de quienes lo practican.

Ciertamente hay un desencuentro y diríamos más, se ha generado una brecha, entre la gente de cine. Recordemos que esta situación no es producto de la casualidad, ha sido gestada a partir de la actitud inicial de CONACINE y la APCP de negociar a escondidas y a espaldas de la mayoría del gremio un proyecto de Ley situado muy lejos y en algunos puntos en las antípodas del original proyecto 3081 del congresista Jhony Peralta, el mismo que fue inicialmente asumido por toda la comunidad cinematográfica. Hay que precisar que en lugar de buscarse el entendimiento entre los cineastas, ambas instituciones se ratificaron en su encierro. Ahí están, y pueden ser consultados en la lista de Cinemaperú y los blogs, los primeros comunicados de la presidenta de CONACINE y de la APCP.

Posteriormente, al surgir el Colectivo de Cineastas Peruanos, que luego devino en UCP, nosotros buscamos el diálogo, el cual se produjo en dos ocasiones en CONACINE y donde en la segunda reunión el presidente de la APCP, Augusto Tamayo, fue muy enfático y escueto: “nosotros consideramos que cada institución haga lo más conveniente respecto a los proyectos de Ley”, lo que dicho en otras palabras era romper cualquier posibilidad de diálogo y entendimiento. Tal vez eso no sea una actitud soberbia, depende de cómo se le evalúe, pero en todo caso no fue la mejor manera de contribuir al encuentro, ahondando las diferencias en el gremio.

Por otro lado, llama enormemente la atención que ahora se lamente la situación existente cuando se ha hecho muy poco para tratar de superarla. Desde la UCP en todo momento reclamamos el diálogo abierto y transparente; sin embargo, hemos encontrado que desde el lado de la APCP se prefiere conversar con los otros sectores antes que entre los propios cineastas. Estamos plenamente convencidos que mientras no exista el diálogo, difícilmente se recuperará la unidad, pero para dialogar se necesitan dos y si uno de los interlocutores sistemáticamente se niega a hacerlo de qué sirve lamentarse.

Se dice que la diferencia principal es que mientras unos quieren “privilegiar la producción de películas” nosotros queremos una Ley General de Cinematografí a. Habría que empezar diciendo que basta con leer el proyecto de Ley del congresista Cabrera para darse cuenta que esta afirmación está sustentada en una lectura (si es que ha existido) totalmente errónea del mismo.

En primer lugar, hay que señalar la incongruencia del planteamiento de privilegiar la producción y por otro lado ceder en términos de porcentaje, dando como único sustento para este acto una actitud “realista”. Evidentemente, con mayor dinero se pueden hacer más películas, de ahí que un porcentaje de un 5%, frente al 3.3% que plantea la APCP, resulte más conveniente y por cierto totalmente factible, dotando a CONACINE de mayores recursos. Más aún, si hacemos un cálculo de ingresos, el 1.7% adicional alcanza y sobra para cubrir las necesidades de lo que la APCP califica manipuladoramente como una “Ley General de Cinematografí a”, cuyos artículos parecen no haberlo leído, porque también se encuentran en el proyecto de Ley de los congresistas Carlos Raffo y Luciana León: creación de la Cinemateca, apoyo a la capacitación, festivales, etc. y promover el desarrollo descentralizado de nuestra cinematografía.

La justificación que la APCP da para apoyar el proyecto 3938 es abiertamente derrotista, olvidando que los avances legales de los cineastas han sido resultado de la unidad entre los cineastas y de una actitud firme y decidida. Pero claro, si se prefiere negociar con las Majors y asumir que ellos son los que dan la pauta, difícilmente se logrará un proyecto mínimamente decente.

Se trata de confundir al gremio cuando se dice que entre el 2009 y el 2010 ha habido cinco proyectos en el Congreso y no se dice que de esos cinco, tres son los presentados por Carlos Raffo (dos en junio 2009 y el último a fines de marzo 2010), uno por Jhony Peralta (marzo 2009) y otro por Werner Cabrera (inicios de marzo 2010), y que los de Raffo siempre fueron a la zaga de los otros. Este número, que se presenta como gran hallazgo no sabemos si por desconocimiento o buscando el efectismo, se hubiera podido evitar de haber mediado un diálogo entre los cineastas, previo a uno posterior con los distribuidores y exhibidores, pero en lugar de ello se prefirió negociar a escondidas con éstos últimos, llegándose a un pacto que aún la APCP mantiene en secreto.

Se cuida mucho la APCP de mencionar en el párrafo sobre este tema a las negociaciones y acuerdos hechos con los distribuidores, y presentan como gran logro el 3.3%, porcentaje que si se lee bien el proyecto de ley 3938 de Carlos Raffo y Luciana León, significa que CONACINE es el menos favorecido económicamente y, por el contrario, son las Majors las que se llevan los principales ingresos de la reducción del impuesto, al sumarse los beneficios tributarios contemplados en el proyecto de Ley (artículo 5 inciso a, segundo párrafo). Curioso entendimiento de ser “realistas” y “privilegiar la producción”. Y como si no fuera suficiente, para tratar de confundir más aún, hablan de las cadenas de exhibición que son mayoritariamente nacionales, como efectivamente así ocurre, pero no dicen nada de quiénes son sus principales socios y beneficiarios (las Majors), y tampoco que el proyecto del congresista Cabrera les está cediendo a los exhibidores el 5%, porcentaje mayor que el 3.3% que los ahora “nacionalistas” de la APCP quieren entregarles. Y no es acaso una total ingenuidad política decir: “tenemos aún la esperanza de poder subir algo más este porcentaje en etapas posteriores de la discusión del proyecto”. ¿O acaso ya lo tienen conversado para presentarlo como uno de los “logros” de su “consecuente” posición?

Tampoco es cierto cuando se afirma que ante la cesión del 3.3% voluntaria y temporal, “la APCP rechazó de manera radical este planteamiento y quedó eliminado hace varios meses”. Curioso y significativo cambio, porque el año pasado la APCP defendía –y ahí están los correos al respecto– esta condición del pago como inevitable e inamovible. Ahora, es cierto que las palabras en mención han sido retiradas (aunque siguen figurando en la web del Congreso) de la exposición de motivos del mencionado proyecto, pero se sigue insistiendo en un convenio privado como el Convenio Minero (ver exposición de motivos, página 10) y no hay que ser doctor en Derecho para saber que, por su naturaleza, los convenios son voluntarios y tienen una duración, y el mismo congresista Raffo se ha encargado de reiterarlo cuando se le ha preguntado sobre el tema. Es decir, se saca de un lado las palabras pero se deja el fondo y el resultado final siempre es el mismo: voluntario y temporal. Y si se lee aún con mayor detenimiento, se verá que el mencionado proyecto no menciona para nada mantener el financiamiento de la Ley actual 26370. Y a buen entendedor, esto significa dejar el financiamiento futuro del cine peruano en manos de las Majors. La faena completa: más ingresos y el control del financiamiento. ¿Esto es ser realista?

Y tampoco esta garantizado, además, que esa ley sea segura y viable como lo afirman sus promotores políticos. Ahí tenemos el caso reciente del proyecto de la Ley de Mecenazgo Cultural, impulsado por la congresista Luciana León, y que a pesar de no tener mayor oposición en el Parlamento ha sido observado por el MEF. En tal circunstancia difícilmente prosperará una ley que, no olvidemos, afecta un impuesto vigente, y que no tenga un efectivo consenso de todos los sectores; y todo por un cálculo político, porque los mismos exhibidores y hasta los distribuidores han señalado que, de ser el caso, se allanarían a que realmente se asegure, por ley y no convenio, el pago al fondo.

Desde la UCP planteamos, por el contrario, un financiamiento obligatorio y permanente, lejos de las coyunturas políticas e inseguridades que generan un convenio que inevitablemente será temporal y voluntario por más “candados” que se prometan colocar. En ese sentido, una contribución parafiscal, de mediar la voluntad política de nuestros congresistas y el Ejecutivo, sí es posible, puesto que existen antecedentes en la legislación peruana e internacional, permitirá asegurar nuestro desarrollo cinematográfico con más películas, mayores oportunidades para el desarrollo de los cineastas de todo origen y lugar, una mayor cultura cinematográfica y la necesaria profesionalizació n de los trabajadores del sector, confluyendo todo esto en el desarrollo de una verdadera industria cinematográfica, la única manera de consolidar verdaderamente nuestro cine. Existe al respecto una sentencia del Tribunal Constitucional que señala que la promoción de la cultura constituye un deber primordial del Estado social y democrático de Derecho y que el Estado puede promover las manifestaciones culturales, legítimamente, mediante el ejercicio de la potestad tributaria; por cuanto que los fines económico, sociales, políticos y culturales son también objetivos a cumplir con la imposición de tributos o con su exoneración.

Para terminar, es necesario recordar que en los orígenes del debate sobre la ley de cine, está el proyecto del congresista Jhony Peralta, que fue posible gracias a la coyuntura del premio en Berlín de La teta asustada. El posterior viraje, inexplicado e inexplicable, deL CONACINE y la APCP y la cerrada defensa que hacen de las propuestas de las Majors (los gremios externos como se cuidan de decir), cerrando el diálogo con el conjunto del gremio de la producción y cultura, ha sido el que viene impidiendo que hasta la fecha no contemos con una Ley de Cine que beneficie a la cinematografí a en su conjunto. ¿Quién entonces es el que verdaderamente impide la aprobación de la Ley de Cine? Juzguen ustedes.

Esperamos que nuestra respuesta no motive destempladas reacciones. Desde esta lista reiteramos nuestra voluntad de diálogo, serio y alturado, pues estamos seguros que ese es el reclamo e interés de todos los cineastas, sin excepción. El talento, la creatividad y el esfuerzo laboral presente en nuestro cine así lo reclama. Y tal vez un poco de humildad sea el ingrediente necesario para llegar a un acuerdo que puede significar muchísimo, no sólo para quienes estamos directamente comprometidos en la gran tarea de construir nuestra cinematografí a, sino para el gran público al que siempre nos debemos.

Unión de Cineastas Peruanos

Lima, 29 de mayo del 2010