Cineastas Regionales vs CONACINE

La agria polémica entre los cineastas regionales y el CONACINE continua en los medios y el ciberespacio, mucho más luego de las explosivas declaraciones de Magaly Solier. A continuación, gracias a La Mula. pe, la denuncia de los cineastas regionales, incluyendo al Comité Directivo de FENACO:



Respuesta de  de la Presidenta de la institución oficial del cine peruano, Rosa María Oliart:

¿Soy actríz peruana o regional? Habla Magaly Solier

Una verdadera conmoción ha originado en el pequeño mundillo cinematográfico local, las recientes declaraciones de Magaly Solier en su blog sobre la discriminación al cine regional y otras malas practicas del CONACINE, que muchos en el gremio comentan pero no tienen la valentía de la actriz huantina para expresarlo. A continuación el artículo de la polémica:

HOLA A TODAS Y TODOS.

QUISIERA DAR MI OPINION. SE QUE OTRA VEZ ME DIRÁN QUE “CIERRE LA BOCA”, “QUE SE CREE ESTA CHOLA, ESTA INDIA”, PERO ME DA LO MISMO. ESTE ES MI BLOG Y MI MEDIO DE EXPRESION.

QUIERO QUE ALGUIEN ME EXPLIQUE PARA QUE SIRVE EL CONACINE. ¿PARA APOYAR AL CINE PERUANO? ESPERO QUE SI, PERO SEGÚN VEO SIRVE MAS PARA APOYAR UN GRUPITO DE ARTISTAS LIMEÑOS AMAMANTADOS DESDE HACE AÑOS POR LOS IMPUESTOS DE TODOS LOS PERUANOS, INCLUIDOS LOS PROVINCIANOS. HAY QUE DEJAR LA TETA Y COMPARTIR EL PEZÓN DE UNA VEZ.

SE LE DICE “CINE PERUANO”, SI, ESE QUE GANÓ UN OSO DE ORO EN ALEMANIA, SÍ, ESE QUE FUE NOMINADO AL OSCAR®. CINE PERUANO, NO CINE LIMEÑO.

HACE UNOS DÍAS LLEGARON “A LA LIMA” DESDE PROVINCIAS MUCHOS DIRECTORES Y ARTISTAS AUDIOVISUALES PARA SER RECIBIDOS EN LA COMISON DE EDUCACIÓN, LA CUAL LES DIO SOLAMENTE 5 MINUTOS PARA DECIR LO QUE TENIAN QUE DECIR, 5 MINUTOS!!! ¿QUIEN PODRÍA EXPLICAR EN 5 MINUTOS AÑOS DE FUSTRACIÓN? ¿QUIEN?

EL CONACINE PRACTICAMENTE OBLIGA A LOS CINEASTAS “REGIONALES” A TENER QUE VENIR HASTA “LA LIMA” PARA PODER INSCRIBIR SUS PROYECTOS CINEMATOGRÁFICOS “REGIONALES” Y ASI PODER POSTULAR POR UNA AYUDA PARA COMPLETAR EL FINANCIAMIENTO DE SUS PELÍCULAS. HASTA ALLÍ TODO LÓGICO, PERO LA COSA ES QUE ME ENTERÉ QUE YA ESTANDO AQUÍ EN “LA LIMA”, EL CONACINE DECIDE SI LOS INSCRIBEN O NÓ AL CONCURSO. OSEA, LOS DISCRIMINAN, POR QUE SEGÚN ELLOS, EL CONACINE DECIDE QUIEN ES DIRECTOR O NO.

SI UNO VA A INSCRIBIRSE, PUES SE RECIBE LA INSCRIPCION, ¿CIERTO? ¿O ES UN CONCURSO CERRADO Y NO ABIERTO A TODOS LOS PERUANOS?

CUANDO LOS CINEASTAS DE LA CAPITAL VAN A RODAR SU PELICULAS A PROVINCIAS… ALLI SI HAY QUE TRATARLOS BIEN. TENEMOS QUE SER SUS CHOLITOS Y DARLES TODO EN LA BOQUITA, SU AGÜITA CALIENTE, SU PASTILLITAS PARA EL SOROCHE, SOPORTAR SUS GRITOS DE MANDONES Y COMER UNA PLATO MAS FEO Y BARATO QUE EL EQUIPO QUE VIENE DE LIMA, SIN PRESITA.

OSEA, ¿ES COMO UN “AVATAR” PERUANO?, POR QUE DE CINE SE TRATA , ¿NO?

YO NO SOY ACTRÍZ, NO TENGO MI PAPELITO NI CARTONCITO QUE DICE “ACTRÍZ”, PERO SIN ESO HE PARTICIPADO EN PROYECTOS INTERESANTES QUE HAN PUESTO AL PERU EN BOCA DE TODOS, Y…AH, SI, AHORA RECUERDO, “SOY SERRANA, HABLO QUECHUA Y COMO PAPA”….Y SOY “ACTRÍZ” .

¿NO PUEDE HABER ACASO, LA SOSPECHA AL MENOS, DE QUE EN LAS PROVINCIAS DE ESTE PAIS EXISTA AL MENOS, UNO, SOLO UNO, QUE TENGA REALMENTE TALENTO?

EL CINEASTA “REGIONAL” PERUANO Y TRUJILLANO RÓGER NEYRA FUE SELECCIONADO ESTE AÑO EN EL FESTIVAL DE CANNES, SI, COMO LO LEEN, EL FESTIVAL DE CINE MAS IMPORTANTE DE FRANCIA, EN LA SECCION SHORT FILM CORNER CON SU CORTOMETRAJE Q’EROS, HOMBRES DE ALTURA, SELECCIONADO “entre más de 1500 trabajos provenientes de más de ochenta países.”

OSEA, SI HAY TALENTO EN LAS PROVINCIAS DEL PERU. SIN AYUDA DE “LA LIMA”

PERO HASTA EN LAS MEJORES FAMILIAS PASA:

EL DIRECTOR PERUANO, RAUL DEL BUSTO TIENE AUN SU PROYECTO LLAMADO LAS CENIZAS:

La productora Intro Films ha informado que su proyecto Las cenizas, que será dirigido por el director Raúl Del Busto y viene siendo seleccionada en distintos festivales en esa etapa del proceso, como Rotterdam, BAFICI, Locarno y Cartagena, ha conseguido involucrar dos grandes nombres en su esquema de coproducción: Lita Stantic Producciones y Mantarraya Producciones.

En el primer caso, se trata de la empresa de Lita Stantic, una de las artífices del Nuevo Cine Argentino, con títulos como La ciénaga y La niña santa de Lucrecia Martel; Mundo grúa de Pablo Trapero; Bolivia y Un oso rojo de Israel Adrián Caetano; Camila y Yo, la peor de todas de la desaparecida María Luisa Bemberg; y la opera prima de Paz Encina, Hamaca paraguaya.

Mantarraya, junto con No Dream Cinema, son las naves con la que Carlos Reygadas está navegando por las mejores aguas del cine mundial, con sus obras Japón, Batalla en el cielo y Luz silenciosa, y que además le han permitido distribuir cintas como las del argentino Lisandro Alonso (Los muertos) y La muerte del señor Lazarescu, la obra maestra del rumano Cristi Puiu.

http://www.cinencuentro.com/2008/04/08/carlos-reygadas-y-lita-stantic-coproduciran-las-cenizas-de-raul-del-busto/

DENTRO DEL CASTING HABIAN NOMBRES DE ACTORES COMO ENRIQUE VICTORIA Y CARLOS GASSOLS…Y UNA CARTA MIA ACREDITANDO MI PARTICIPACION. BUENO, LE NEGARON LA AYUDA AL SR. DEL BUSTO. ¿POR QUÉ? SEGÚN SUPE, POR QUE CON TODO ESE APOYO, ESTE PROYECTO NO NECESITA AYUDA DEL CONACINE. OSEA, LA PRÓXIMA VEZ QUE MI CLAUDIA POSTULE AL CONACINE, ¿TAMBIÉN LE VAN A A NEGAR LA AYUDA? HAY QUE DECIR QUE SIN LA PARTICIPACIÓN DEL CONACINE, UN PROYECTO HECHO EN EL PERU, POR PERUANOS, NO PUEDE REPRESENTAR AL PAIS EN EVENTOS O FESTIVALES DE CINE INTERNACIONALES. SI ME EQUIVOCO, QUE ME CORRIJAN POR FAVOR LOS ERUDITOS CON DIPLOMAS EXTRANJEROS.

LO MISMO SUCEDIÓ CON LOS SONIDOS PROFUNDOS, DEL MULTIPREMIADO DOCUMENTALISTA PERUANO JAVIER CORCUERA, DEL CUAL ESTOY MUY ORGULLOSA DE HABER PARTICIPADO. LA MUSICA PROFUNDA DEL PERU ESTÁ EN ESTE PROYECTO, LA PROFUNDA, NO LA DE MODA. NO SABEN EL GRAN ERROR QUE HAN COMETIDO.

BUENO, YA PARA DEJAR ESTO Y TOMAR DE UNA VEZ MI HEPABIONTA CON EMOLIENTE, YO APOYO LA LEY QUE PROPONE:

*- Cambios buscando hacer los concursos más democráticos, inclusivos y descentralizados, y las convocatorias de los concursos de manera transparente y menos engorrosa.

*- Difusión masiva de películas peruanas, latinoamericanas y culturales, incluyendo mediometrajes, documentales y cortometrajes, en coordinación con los municipios provinciales y distritales.

ESPERO QUE LOS ARTISTAS “REGIONALES” NO TENGAN QUE VOLVER A PASAR POR ESTOS TRAJINES Y VERGÜENZAS (COMO CUANDO UNA CONGRESISTA COMPAÑERA, EN PLENA EXPOSICIÓN, SIMPLEMENTE SE FUE DE LA REUNIÓN Y OTRA, COMPAÑERA PARAR VARIAR, SE BURLABA DE ELLOS DEBAJO DE LA MESA DE “POBRECITOS LOS DISCRIMINADOS”).

TENGO FÉ EN QUE LA SRA HILARIA SUPA, COMO ACTUAL PRESIDENTA DE LA COMISION DE EDUCACIÓN (QUE ADEMÁS ES COMISIÓN DE Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte), COMO MUJER LUCHADORA PROVINCIANA, COMPRENDA POR LO QUE PASAN SUS “PAISANOS REGIONALES” Y HAGA ALGO REALMENTE FAVORABLE PARA TODOS LOS PERUANOS, PARA TODOS.

MAGALY SOLIER ROMERO
“ACTRÍZ” HUANTINA REGIONAL Y PERUANA DE CORAZÓN.

Premios con palo

Bien dicen que lo que mal empieza, mal acaba. La terquedad del Consejo Directivo del CONACINE por admitir producciones cuestionadas al Segundo Concurso Extraordinario de Proyectos para Postproducción de Obras Cinematográficas Peruanas de Largometraje 2010 tuvo consecuencias inesperadas. El Jurado del mismo, si bien decidió otorgar el premio a dos de las mencionadas cintas, “por una cuestión de conciencia de lo que significaría declarar los premios desiertos, ya que el cine peruano tiene tan poca ayuda y promoción”, señalo con claridad en su acta la “poca creatividad” y deficiencias en el manejo del lenguaje cinematográfico de las obras presentadas, entre los cuales se incluyen los ganadores, que serian los “menos carentes de los aspectos mencionados y que más se aproximan a ser una obra cinematográfica”.

Otro asunto sobre el que debería dar cuenta el Consejo Directivo del CONACINE, en cuanto al manejo de los fondos públicos, es cuáles son sus criterios para las convocatorias de los llamados "concursos extraordinarios". Es decir, por ejemplo, ¿por qué convocaron este año a dos concursos de postproducción, con tres premios -habida cuenta el acta del Jurado que habla de la baja calidad de los participantes- mientras, por otro lado, sólo se convocó en el mismo año a un concurso de proyectos regionales, entregando apenas un premio para producciones de 23 departamentos del país? 

Más información al respecto en:

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  http://www.cinencuentro.com/2010/09/07/ganadores-de-concursos-de-post-produccion-ii-y-distribucion-ii-conacine-2010/  
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  http://elcomercio.pe/noticia/635978/conacine-premio-peliculas-peruanas-criticopoca-creatividad-concurso#  
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  http://mildemonios.lamula.pe/2010/09/09/acerca-de-la-promocion-del-cine-7/comment-page-1/#comment-3392
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  http://wwwunmundoperfecto.blogspot.com/2010/09/una-verguenza-los-proyectos-de.html

 Adicionalmente nos preguntamos, ¿es ético –porque lo legal, ya hemos visto, el CD del CONACINE lo decide a su discreción y voluntad- que una película que fue producida y promovida con el nombre de una determinada empresa, luego acceda al premio CONACINE con el nombre de otra empresa? Para pruebas, revisen el trailer de la cinta que se encuentra en Youtube:

CONACINE y la ley del embudo

Los siguientes correos públicos, intercambiados por la UCP y el CONACINE,  son una muestra clara de la forma poco transparente y nada imparcial en que los miembros del Consejo Directivo vienen manejando la institución representativa del cine peruano, especialmente en un tema tan delicado como los Concursos, cuyos fondos son del dinero fiscal, es decir de todos los peruanos.  Es una muestra más de porque es necesario una nueva ley de cine en el Perú que, entre otras cosas, reestructure también la manera como funciona el organismo oficial, encargado de su aplicación.

(1)

Lima, 19 de agosto del 2010

Srs.

Consejo Directivo

CONACINE

Presente.-

Habiendo tomado conocimiento, por un correo público de la Secretaría Ejecutiva del CONACINE de fecha 17 de agosto del 2010, de la inscripción de siete proyectos para el Segundo Concurso Extraordinario de Proyectos para Postproducción de Obras Cinematográficas Peruanas de Largometraje 2010, nos llama la atención que se haya admitido la participación en el mismo de los proyectos dirigidos por Palito Ortega Matute, “El rincón de los inocentes” de Andina Compañía Cinematográfica y “Jarjacha III” de Print Fox Image EIRL; así como “Bolero de noche” dirigida por Eduardo Mendoza y producida por La Soga Producciones EIRL.

Resulta, como es de conocimiento público, que ambos realizadores tienen a la fecha compromisos pendientes con CONACINE, ya que el primero obtuvo uno de los premios del Concurso Extraordinario de Proyectos de Obras Cinematográficas de Largometraje 2009, por el proyecto titulado “La Casa Rosada”, y el segundo se hizo merecedor también de uno de los premios del CONACINE en el Concurso de Proyectos de Obras Cinematográficas de Largometraje 2010 con el proyecto “El evangelio de la carne”.

En ese sentido, y tomando en cuenta la decisión que se adoptó en el último Concurso de Largometrajes exclusivo para las Regiones 2010, donde se excluyó el proyecto de Miguel Barreda, por cuanto no había cumplido con presentar la copia final de un anterior proyecto premiado por CONACINE (a pesar de que se trataba de una empresa diferente), solicitamos que en estricta aplicación de un criterio de justicia e igualdad para todos, se excluya también en esta oportunidad a los proyectos antes mencionados, hasta que los realizadores cumplan con sus obligaciones previas con el organismo oficial del cine peruano.

Adjuntamos, para mayor abundamiento, lo señalado por el Secretario Ejecutivo del CONACINE, en un correo público del 15 de julio del 2010, en referencia al caso del Sr. Barreda: Proyecto “La Cantera” de la empresa Vía Expresa EIRL del director Miguel Barreda. Según el art. 2.8 de la convocatoria y bases del Concurso de Regiones que dice textualmente: La empresa de producción, cuyo proyecto fue premiado en algún concurso de esta ley, está impedida de volver a participar en otro concurso hasta que se haya resuelto el contrato celebrado entre el CONACINE y la empresa. Asimismo, si el director del proyecto tiene compromiso pendiente con el CONACINE no podrá participar en el concurso. Por lo tanto, se ha informado a la Comisión Técnica que excluya del concurso a la empresa Vía Expresa EIRL porque el director tiene un compromiso pendiente con el CONACINE; aun no ha entregado la copia en 35 mm del largometraje que como director presento, titulado “Y si te vi, no me acuerdo”.

Confiando que el Consejo Directivo obrará en este caso de acuerdo a Ley y aplicando el mismo criterio para todos,

Atentamente,

Christian Wiener Fresco

Presidente Unión de Cineastas Peruanos

(2)

Lima, 27 de agosto de 2010

Oficio Nº 068 -2010-CONACINE

Señor

CHRISTIAN WIENER FRESCO

Presidente

Unión de Cineastas Peruanos

Presente.-

De nuestra consideración:

Dando respuesta a su carta enviada el 19 de agosto al Consejo Directivo del CONACINE, la cual se adjunta, y luego a Cinemaperú, el CD en su sesión del día jueves 26 de septiembre, acordó lo siguiente:

a) Es inobjetable la exclusión del proyecto LA CANTERA de Miguel Barreda presentado al Concurso Extraordinario de Largometraje exclusivo para las Regiones del País 2010, al estar impedido el director del proyecto, de acuerdo al art. 2.8 de la Convocatoria y Bases. El referido artículo dice textualmente:

“La empresa de producción cuyo proyecto fue premiado en algún concurso de esta ley, está impedido de volver a participar en otro concurso hasta que se haya resuelto el contrato celebrado entre el CONACINE y la empresa. Asimismo, si el director del proyecto tiene compromiso pendiente con el CONACINE, no podrá participar en el concurso”.

En el proyecto Y SI TE VI NO ME ACUERDO donde figura Miguel Barreda como director, según el cronograma de producción que figura en el contrato suscrito, la entrega de la copia final en 35 mm vencía en el mes de enero del 2010. Este plazo no se cumplió.

Posteriormente, la empresa CASABLANCA CINE poseedora de los derechos del aludido proyecto, solicitó una prórroga hasta el mes de abril del 2010. No se cumplió.

b) El Consejo Directivo acordó que procede la inscripción al Concurso de Postproducción de los proyectos EL RINCÓN DE LOS INOCENTES presentado por la empresa ANDINA COMPAÑÍA CINEMATOGRÁFICA y JARJACHA III, presentado por la empresa PRINT FOX IMAGE EIRL, ambos del director Palito Ortega. Anteriormente, el mencionado director ganó en el Concurso Extraordinario de Proyectos de Obras Cinematográficas de Largometraje con el proyecto LA CASA ROSADA presentado con la empresa CINE & VIDEO PERU MOVIE EIRL. En conclusión, son tres empresas diferentes con las que participó el Sr. Ortega.

Según la Convocatoria y Bases del Concurso de Postproducción, el director no tiene impedimento alguno de participar. Como empresa, Andina Compañía Cinematográfica ni Print Fox Image tienen compromiso pendiente con CONACINE.

c) El Consejo Directivo acordó que procede la inscripción al Concurso de Postproducción el proyecto titulado BOLERO DE NOCHE de la empresa LA SOGA PRODUCCIONES, donde figura como director Eduardo Mendoza . Igualmente, como en el caso anterior, la convocatoria no impide participar al director.

Anteriormente, el Sr. Mendoza ganó en el Concurso de Proyectos de Obras Cinematográfica de Largometraje con la empresa cuya razón social es LOS DADOS ETERNOS y el proyecto EL EVANGELIO DE LA CARNE.

El Consejo Directivo afirma que se recoge la posibilidad de aplicar también los casos de compromiso pendiente al director del proyecto, para que en próximas convocatorias y bases sea una regla única.

Atentamente,

Emilio Moscoso

SECRETARÍA EJECUTIVA

CONACINE

Adj: Convocatorias y bases de Concursos de Regiones y de Postproducción 2010

3) COMUNICADO

Por mayoría, a pesar de que no lo mencionan en el Oficio Nº 068 -2010-CONACINE, el Consejo Directivo del CONACINE ha consagrado públicamente el imperio de la Ley del Embudo en la cinematografía nacional. No existe otro término para calificar las “razones” de un organismo estatal cuya función debería ser vigilar el cumplimiento de las leyes para todos, y no acomodarlas a favor de sus allegados y en perjuicio de quienes no lo son.

La solicitud que a nombre de la Unión de Cineastas Peruanos (UCP) cursamos al CD del CONACINE el 19 de agosto pasado, tenía por objeto demandar un asunto de estricta justicia y equidad. Si se había excluido la participación del proyecto del Sr. Miguel Barreda del Concurso Extraordinario de Largometraje exclusivo para las Regiones del País 2010, aduciendo que el director tenía compromisos por proyectos pendientes de otra empresa a la que estaba concursando, había que aplicar la misma figura en el caso del 2do. Concurso Extraordinario de Postproducción 2010, donde se habían admitido proyectos de los realizadores Palito Ortega Matute y Eduardo Mendoza, que también tienen, como realizadores, proyectos pendientes de anteriores concursos de CONACINE.

Pero como estamos en el reino de la arbitrariedad, CONACINE aduce ahora que no se puede aplicar lo hecho con Barreda por cuanto en un caso las bases prohibían ese hecho y en el otro caso no. Pregunta elemental: ¿por qué se establecen criterios diferenciados en los concursos? ¿Cuál es la razón que en el concurso de regiones se prohíba la participación de los directores, no obstante que tuvieran otra empresa, y en los otros concursos no? ¿Qué diferencia un caso del otro? ¿Según CONACINE los directores provincianos son sospechosos de no cumplir sus obligaciones mientras los limeños no? O, como parece ser el caso, y se desprende de la explicación que trata de ensayar el Secretario Ejecutivo en la carta, la inclusión del artículo 2.8 en la convocatoria y las bases de ese concurso era con nombre propio, lo que constituiría un hecho absolutamente ilegal y descalificatorio.

Lamentablemente, y mientras siga manejándose CONACINE con tanta improvisación, acomodos y falta de transparencia, estos hechos oscuros van a continuar, por lo que urge un replanteamiento integral de todo el proceso de los concursos -con fondos públicos- con participación de toda la comunidad cinematográfica. Eso, independientemente de las acciones legales que con toda justicia puedan iniciar los afectados en este y otros casos.

Lima, 28 de agosto del 2010

Christian Wiener Fresco

Presidente

Unión de Cineastas Peruanos

El señor de la leyes

por Christian Wiener

Las notas necrológicas pecan casi siempre de falta de equilibrio y exceso de retórica. Por lo general, sobran los adjetivos superlativos, escaseando más bien la reflexión y el análisis menos apasionado y sin tanto cliché. Más aún, en un medio cultural pequeño y relegado como el peruano, donde la muerte suele estar asociada a la indiferencia o el olvido del Estado, los medios de comunicación y gran parte de la sociedad civil, quienes sólo se acuerdan y honran pomposamente a sus “hijos predilectos” cuando ya no están en vida.

Armando Robles Godoy, como todos los creadores y personas, fue un hombre vital, controvertido y contradictorio, con luces y sombras a lo largo de su dilatada existencia, y su polémica obra cinematográfica, pero que sin duda representó, en muchos aspectos, un “parte aguas” en el cine peruano, y de ahí que muchos hablan de él como uno de los “padres” del cine nacional, así como maestro de muchas generaciones. Y es que ARG no sólo fue un realizador preocupado en sus películas y obra personal, sino también un infatigable luchador por mejores condiciones para el cine nacional en su conjunto, y pionero también en el tema de la ley de cine.

Quiero referirme brevemente en las siguientes líneas a este último aspecto de su biografía, que me permite calificarlo -aunque a él no le hubiera gustado probablemente mucho como sonaba- como “El señor de las leyes”, por su protagónica participación en las más importantes legislaciones cinematográficas del país en los últimos 50 años.

Robles inicia su obra fílmica en 1965, cuando el cine peruano era un páramo. Es cierto que existía una ley, la 13936 que desde el año 62 permitía liberar de todo tributo la exhibición de largometrajes producidos en Perú por empresas nacionales, pero en la práctica esta norma sólo sirvió para que los más inescrupulosos y alicaídos productores mejicanos y argentinos se aliaran a los locales, produciendo decenas de olvidables cintas en escenarios peruanos con decadentes figuras del extranjero y artistas televisivos.

La propuesta cinematográfica de Robles, un cine de “autor” con técnicas de la vanguardia europea en boga, eran muy difíciles en ese contexto que sólo propiciaba el cine más comercial y técnicamente deleznable, y por ello en 1967 impulsó la Sociedad Peruana de Cinematografía, que presidía, e integrada por Manuel Chambi, Jorge Volkert, Luis Figueroa, Isaac León y Miguel Reynel, entre otros; que propusieron al entonces primer gobierno de Belaunde la dación de una nueva ley de promoción para el cine nacional.

El golpe militar del 3 de octubre de 1968 pareció cancelar esta primera posibilidad, en momentos que se discutía la propuesta legal en las comisiones del Senado de la República. Sin embargo, cuatro años después, tomando como base los planteamientos enarbolados por los cineastas y productores, entre quienes destacaba Robles, que fue uno de los redactores del texto, el Gobierno Militar presidido por el General Juan Velasco Alvarado promulgó el Decreto Ley N° 19327, Ley de Fomento a la Industria Cinematográfica.

De esta norma legal se ha escrito mucho, señalando sus logros, deficiencias y vacíos de origen y aplicación. Acorde al clima político de la época, la ley planteaba la utopía de constituir casi por decreto una industria cinematográfica, con un discurso de afirmación nacionalista y “revolucionario”. Pero como señala Bedoya: “Desde el comienzo mismo de su publicación, los críticos de la Ley de Cine señalaron su carácter fragmentario, incompleto, pues dejaba sin legislar aspectos básicos de la actividad cinematográfica. El afán de reanimar la producción de películas, que se presentaba como uno de los objetivos de la norma, reveló a los autores de la ley como poseídos por una concepción numérica, casi estadística de la actividad fílmica” (1).

No obstante estos reparos, y muchos más que devinieron de la ejecución de la ley, esta tuvo resultados significativos, y eso fue porque se propuso fomentar la producción con beneficios tributarios concretos y estables, asegurando además la exhibición, tanto de cortos como largometrajes, en las salas comerciales. Ello motivó la furibunda oposición de los exhibidores y distribuidores, principalmente de cine norteamericano, que dominaban las pantallas, y que por única vez en nuestra historia contemporánea, no recibieron la complaciente aquiescencia de las autoridades de turno.

El Decreto Ley Nº 19327 sobrevivió a los gobiernos del General Francisco Morales Bermúdez, Fernando Belaunde Terry y Alan García Pérez. En sus veinte años de vigencia se realizaron más de cuarenta largometrajes y mil cortometrajes, constituyéndose un sólido equipo de técnicos, actores y realizadores. Varias películas nacionales fueron un gran suceso de público, además de los importantes reconocimientos obtenidos en eventos y Festivales Cinematográficos de todo el mundo.

En este caso, como en otros, el trabajo de Robles no fue en beneficio propio, como lo señala Chacho León: “trabajó por sacar adelante leyes que favorecieran a otros y no a él mismo” (2).

En la segunda mitad de los años ochenta, durante el primer gobierno del APRA, se constituyó una comisión de alto nivel para elaborar un Anteproyecto de Ley General de cinematografía, la misma que fue presidida por Robles. Luego de más de un año de trabajo se arribó a un cuerpo legislativo bastante amplio y detallado, que buscaba recoger lo más avanzado en la materia en el mundo, incluyendo por primera vez la creación de un fondo de cinematografía, y la preservación del cine como espacio cultural. Lamentablemente tuvo la poca feliz ocurrencia de chocar con uno de los poderes fácticos del país, en este caso la televisión, lo que trabó y finalmente impidió su promulgación, como había sido prometida por los políticos de entonces.

Posteriormente el gobierno de Alberto Fujimori, luego del autogolpe del 5 de abril, da el tiro de gracia a la 19327 con el Decreto Ley 25988, denominada Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos, que en su artículo 4, inciso g) deroga los artículos principales que impulsaron la producción y exhibición del cine nacional durante 20 años.

Los cineastas, agrupados en dos gremios: la Asociación de Cineastas del Perú (ACDP) y la Sociedad Peruana de Productores y Directores (SOCINE) demandaron al Estado la restitución del régimen anterior o una nueva legislación. En ese contexto, la emblemática y notoria figura de Robles volvió a ocupar un papel fundamental, sin desmerecer el esfuerzo de todos los que trabajamos para lograr un nuevo marco legal cinematográfico en esos años de plomo.

Es cierto que los diversos intentos legislativos se estrellaron con el poder de los distribuidores norteamericanos y el credo ultraliberal de muchos funcionarios gubernamentales. Al final, y por iniciativa de algunos sectores del Ejecutivo, se aprueba una nueva Ley de Cine cuyo eje se desplaza de la promoción industrial al incentivo cultural, mediante la figura de los concursos de financiación de proyectos de largos y cortometrajes.

La nueva Ley, 26370, o Ley de la Cinematografía Peruana, fue promulgada en 1994. Y en su declaración de origen se consagró, por primera vez en el Perú, el compromiso del Estado en la promoción y difusión de las expresiones culturales de sus habitantes. Fue también una norma de urgencia, incompleta y con notorias ausencias, así como frágilmente dependiente de la disponibilidad presupuestaria, como se reveló reiteradamente en los años siguientes. Tuve el honor de participar en la redacción de la ley y su reglamento, junto a Emilio Salomón, Juan Carlos Torrico y Armando Robles Godoy, y puedo dar testimonio de que buena parte de ella se debe a la insistencia de las propuestas de este último, como la enseñanza del lenguaje cinematográfico a nivel secundario, la preservación del archivo audiovisual y la composición del CONACINE, con presencia mixta y corporativa del Estado y los diversos sectores de la cinematografía.

Más adelante, cuando la ley 26370 comenzó a mostrar sus graves limitaciones, y no sólo por el incumplimiento de la asignación presupuestal en los sucesivos gobiernos, se conformó el 2001 una Comisión de Redacción de una nuevo Anteproyecto de Ley de Cinematografía, que luego de muchos debates, finalmente alcanza un texto al Congreso de la República, contando con el apoyo de la congresista Elvira de la Puente, cuyo asesor era ARG. Pero otra vez, las urgencias políticas dejaron de lado a la cultura.

En todo ese tiempo tuve más de una oportunidad de compartir y debatir nuestros puntos de vista sobre la ley de cine que necesitaba el país, y así como tuvimos agudas diferencias en determinados aspectos y proposiciones (por su propia naturaleza, Robles tendía a lo barroco y ampuloso, incluso en lo legislativo), también hubo muchas coincidencias, en especial, la necesidad de una ley de cine integral, que contemple lo audiovisual como creación cultural y no mera mercancía, y sin concesiones ni dependencias al capital trasnacional de las distribuidoras gringas y sus agentes locales, las empresas de exhibición comercial.

Por ello, no tengo la menor duda que si hubiera decidido participar en el último debate por la ley de cine, Robles jamás hubiera apoyado un proyecto como la llamada “Ley Majors” promovida por Carlos Raffo y Luciana León, y que significaría ceder el impuesto que tantos años impulsó al cine nacional para engordar aun más el negocio de los distribuidores y exhibidores, a cambio de un “óvolo” voluntario y temporal a favor de los productores. (3) Por eso, como ha contado recientemente Guillermo Palacios, felicitó el esfuerzo de quienes propiciábamos una ley que aborde un cine soberano y como expresión cultural y no sólo desde un interés comercial e inmediato. De ahí que me resulta chocante leer, en estas horas de homenaje póstumo y actos contritos, a más de uno del gremio que habla de la importancia y legado de ARG en el tema de la ley de cine, mientras con la otra mano auspician o toleran el infame proyecto antes mencionado.

Estoy seguro que uno de los mejores y más concretos legados que podemos hacer en su nombre es propiciar una ley de cine que sea merecedora de su nombre y trayectoria personal, una ley a favor de los cineastas nacionales y no de intereses subalternos y foráneos. A tal señor, tal honor.

Notas:

1.- BEDOYA, Ricardo. 100 años de cine en el Perú. Una historia crítica. Fondo de Desarrollo Editorial. Universidad de Lima, 1995. Pag. 188.

2.- LEON, Isaac. Armando Robles Godoy. Por una segunda vida. En: http://paginasdeldiariodesatan.blogspot.com/2010/08/armando-robles-godoy-por-una-segunda.html  

3.- En una de sus últimas declaraciones públicas, ARG manifestó que: “Todo país tiene una ley de apoyo, Francia, España, porque el quantum inmenso que significa el cine norteamericano crea una situación monopólica, y la única forma de neutralizarla y de apoyar el cine peruano es darle la posibilidad de que éste se desarrolle”. En: http://www.peru.com/espectaculos/sgc/cine/2010/02/02/detalle79099.aspx

Nicaragua: una ley de cine trasquilada

El plenario de la Asamblea Nacional aprobó con 61 votos a favor la Ley de Cinematografía y las Artes Audiovisuales, encaminada a promover la producción audiovisual en nuestro país, sin embargo cineastas y artistas destacados lamentaron que los legisladores redujeron su alcance, al eliminar y reformar partes sustanciales del proyecto jurídico.

La ley, aprobada por la Asamblea Nacional luego de haber pasado por el dictamen favorable de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social, fue promovida por la Asociación Nicaragüense de Cinematografía, ANCI, la cual introdujo el anteproyecto de ley en noviembre del año 2005.

Kathy Sevilla, miembro de la junta directiva de ANCI, y quien estuvo presente durante todo el proceso de formulación y aprobación de la ley, se mostró satisfecha con este primer paso, ya que se trata de una ley para fomento de la actividad cinematográfica, “lo que no implica solo producción, sino capacitación, distribución, todo lo que implica la actividad”.

Conformación del Conicine

La Ley, entre sus partes claves, mandar a crear el Consejo de Cinematografía Nicaragüense (Conicine), instancia que elaborará las políticas y estrategias en pro del desarrollo de la cinematografía y las artes audiovisuales nacionales.

Además, entre sus funciones están la administración del Fondo de Fomento al Cine Nacional, aprobación de proyectos y actividades financiados por el Fondo, autorización y certificación de películas y promoción de los derechos de autor de los y las artistas audiovisuales, entre otras.

Dicho Consejo estaría formado por los Directores del INC y la Cinemateca de Nicaragua, dos miembros de la Asociación Nicaragüense de Cinematografía, dos representantes de las empresas televisoras o de cables, dos representantes de los productores de audiovisuales y dos reconocidos artistas del cine.

Diputados desvirtuan la ley

Pese a lo positivo de su aprobación, cabe señalar que los diputados cambiaron la mayoría de los artículos sustanciales, lo cual ha provocado señalamientos críticos por parte del gremio de profesionales vinculado a la cinematografía y las artes visuales. “Ellos desvirtuaron bastante la ley, al quitar capítulos enteros o partes enteras del anteproyecto”, afirmó Sevilla, directiva de ANCI.

“Estamos conscientes que es una buena voluntad política (la) aprobación de la ley, sin embargo, sentimos que al crear el Fondo de Fomento sin una partida base anual de parte del Estado, pues será un Fondo que no tendrá fondos... difícil de sostener solo con una partida de una sola vez, no hay forma de alimentar ese fondo sin que sean de donaciones”, manifestó Sevilla en un correo electrónico a Confidencial.com.ni.

En el anteproyecto de ley original, promovido por los cineastas, se propusieron mecanismos de incentivos, sin embargo éstos fueron eliminados por los legisladores. “El capítulo de incentivos y beneficios... lo quitaron entero y nos remiten a acogernos a los incentivos y beneficios de la Ley de Incentivos para el Turismo, que no tiene nada que ver con nosotros”, manifestó Sevilla.

Y, agregó: “si vos vas a fomentar en particular una actividad que se quiere volver industria, pues no mandas a las industrias textiles a ampararse a otra ley que no tenga que ver con su actividad”.

En efecto, en el artículo 39, la Ley establece que “podrán acogerse a los incentivos de la presente ley, previa aprobación del INTUR”. A éstos tendrían derecho todas las personas naturales o jurídicas dedicadas a la actividad de la producción nacional cinematográfica o audiovisual, debidamente registradas en CINEMATECA DE NICARAGUA y que efectúen además inversiones en filmaciones de películas, cortos metrajes y eventos de beneficio para el turismo nacional.

También podrán hacerlo las personas naturales o jurídicas que inviertan en la construcción y desarrollo de salas especiales para la proyección de películas y materiales audiovisuales que incluyan la promoción turística nacional y, finalmente, “las personas naturales o jurídicas que inviertan, organicen y manejen escuelas o centros para la educación cinematográfica y audiovisual.”

Luego, la Ley en su artículo 40, establece que “para obtener los beneficios e incentivos establecidos en la presente Ley, los beneficiarios deberán estar inscritos en el registro que para tal efecto creará y llevará la Cinemateca Nacional o CONICINE”. Además deberán cumplir obligatoriamente con los requisitos de inscripción y registro establecidos por el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), en la Ley No. 306, “Ley de Incentivos al Turismo”, así como cualquier otro que se requiera para este fin”.

En resumidas cuentas, una doble inscripción: primero en el Consejo o Cinemateca y luego en INTUR, cuando en ningún otro momento en la ley se habla de INTUR.

“No tiene nada que ver... porque el cine es memoria. Es arte no puede estar controlado por muchas burocracias, ni podemos trabajarlo en función de la promoción de Turismo”, puntualizó Sevilla, quien participó junto al abogado y cineasta Fernando Somarriba en todo el procesos de consulta y presentación de la ley.

A pesar de lo positivo de la ley, por cuanto brinda un marco jurídico para la actividad cinematográfica, Sevilla lamentó que “viene a quedar como un cascarón, porque difícilmente se puede promover, fomentar, desarrollar la cinematografía y artes audiovisuales sin fondos que invertir. Sin facilitar de verdad la actividad, sin incentivos, sin beneficios para aquellos que quieran invertir”.

Fondo trasquilado

Por otra parte, el anteproyecto de ley planteaba la creación de un Fondo de Fomento al Cine Nacional, que se estaría alimentando de una partida presupuestaria anual de C$3.0 millones de córdobas vía Presupuesto General de la República, además de un porcentaje de los ingresos brutos de las compañías de televisión por cable, de las taquillas de las salas de cine y por la importación de programas, películas, telenovelas, etcétera.

Sin embargo, lo que podría haber significado un fondo interesante para el fomento de la producción cinematográfica en el país, ahora sólo constituye un sueño. Contrario a lo que se pensara de una nación con un acervo de producción audiovisual reducido, los diputados más bien agregaron un inciso en dicho artículo donde deducen que el Fondo se alimentará de lo recaudado en deducciones al gremio, de acuerdo al inciso 10 del artículo 12 de la Ley de Equidad fiscal, el cual establece que se harán deducciones de “hasta el 10 por ciento de sus utilidades gravables anuales por donaciones efectuadas en beneficio de:

a) El Estado, sus instituciones y los municipios;

b) La Cruz Roja Nicaragüense y los Cuerpos de Bomberos;

c) Instituciones de beneficencia y asistencia social, artísticas, científicas, educativas, culturales y religiosas que tengan personalidad jurídica sin fines de lucro;

d) Las personas naturales o jurídicas dedicadas a las actividades de investigación, fomento y conservación del ambiente;”

En términos más sencillos, el Fondo de Fomento al Cine Nacional pasó de ser un Fondo con una partida presupuestaria anual que serviría de base para la convocatoria a concursos, para el desarrollo y fomento del cine nacional, a convertirse en un Fondo cuya única partida presupuestaria que obtendrá alguna vez del Estado será la inicial, cuya cifra no se especifica.

“Es cierto que no solo se iba a mantener del Estado, se tiene que mantener de otras cosas. Pero vos tenés que tener siempre una base anual, porque si tenés un fondo con una sola asignación, haces dos concursos y se te acabó la plata”, puntualizó Sevilla.

(tomado de: http://www.confidencial.com.ni/articulo/1050/diputados-aprueban-ley-de-cine-pero-nace-trasquilada )

Sobre los concursos del CONACINE

El reciente concurso de documentales convocado por CONACINE ha concluido recientemente su proceso con la publicación de la correspondiente acta del jurado y, en este caso, la decisión del Consejo Directivo de validarla. Lo ha hecho en medio de intrigas que, entre suspicacias y controversias, buscaban cuestionar y empañar la labor del jurado y la participación de concursantes, sembrando dudas y provocando murmuraciones que no analizaran la situación ni plantearan mejoras en la convocatoria y el desarrollo de los concursos. Se han descargado hepáticas maledicencias con el afán de confundir y desprestigiar, actuando como guardianes de la ética en el CONACINE y propietarios de la cinematografía peruana, actitud soberbia que la gran mayoría de la comunidad cinematográfica ya conoce y padece desde hace un buen tiempo.

Así como en los anteriores y futuros concursos, no corresponde pronunciarse sobre los premios concedidos. La calidad de los proyectos es evaluada por el jurado, el cual fue elegido por sorteo y ha dado su veredicto refrendado por un acta ejemplar. Debemos leer este documento con la debida atención, mereciendo la reflexión de los cineastas en su conjunto, porque, más allá de su decisión en los premios, aporta importantes sugerencias sobre el desarrollo en sí del concurso, que se suman a las ya publicadas por el crítico Isaac León, miembro del jurado del anterior Concurso de Proyectos de Largometrajes.

A la luz de ambos documentos, es evidente que algo funciona mal en los concursos. Podría ser un problema menor si no fuera porque éstos son la forma principal de CONACINE para desarrollar su política de incentivos a la producción nacional, y ahora, ad portas de una ley de cinematografía que, entre otras cosas, debe ampliar sustantivamente la cantidad de dinero a repartirse, es muy necesario plantearse mecanismos que permitan que las ayudas se distribuyan del modo más democrático y transparente. Consideramos que dejar las cosas como están es la mejor manera de hacernos un harakiri ante la opinión pública y las entidades gubernamentales de las cuales depende la Ley de Cinematografía, colocando en grave riesgo la futura aprobación de la mejora de la actual ley.

El problema suscitado en los concursos es algo que, a estas alturas, ya tiene larga data. Se inició a fines del 2007 cuando se amplió el presupuesto y, en medio de la euforia generada, se trató de aprobar un reglamento que no sólo violaba la ley 26370, sino que además manifiestamente favorecía a determinados sectores, especialmente a quienes ya tenían obra hecha. Recordemos que se pretendía limitar la eventual participación de los concursantes, se imponía la suscripción de un documento donde se renunciaba a todo reclamo, y en actitud abiertamente restrictiva y antidemocrática, se otorgaba mayor calificación a quienes llegaban con coproducción bajo el brazo o que mediante argucias legales presentaban producciones “financiadas”, reglamentación que se mantiene aún hoy. Se deja así de lado el verdadero papel promotor de la ley y lo que debe ser el financiamiento a un proyecto nacional donde, como ocurre en otras cinematografías, son los fondos locales el primer aporte financiero para ir consiguiendo otros sobre esa base. No está demás decir que esta “legalidad” favorece solamente a unos cuantos.

Sin embargo, CONACINE no corrige esta política excluyente, insistiendo en ella y produciendo sólo maquillajes que ya han evidenciado sus limitaciones y la incapacidad para ser reales soluciones. De no mediar la existencia de la UCP, surgida en medio de la controversia por los nuevos proyectos de ley de cine, seguramente seguiríamos con los jurados elegidos a dedo, como de hecho continúan las comisiones técnicas que repiten algunos nombres una y otra vez, a pesar de su incapacidad manifiesta en muchos casos, y que parecen más bien actuar en función de la consigna antes que del interés de la cinematografía peruana en su conjunto. Esto no es el único rezago que queda, pues se insiste en variar arbitrariamente las bases de los concursos, muchas veces por muy cuestionables interpretaciones de la Ley con el pretexto de que se trata de “concursos extraordinarios”. Lo estamos viendo ahora en el concurso de las regiones, donde se castiga a los directores de una obra por el mayor o menor incumplimiento de una empresa en la que no tienen participación alguna, como es el caso de la descalificación del proyecto del cineasta arequipeño Miguel Barreda. Mientras tanto, se calla o se mira al costado cuando algunos productores crean varias empresas para tener más opciones a la hora de presentar proyectos.

La elección de las comisiones técnicas y los jurados merece particular atención. Si bien es cierto se ha avanzado en la elección de los jurados y éstos ahora son, de acuerdo a Ley, elegidos por sorteo a propuesta de los gremios –a diferencia de los años 2008 y 2009 en que eran elegidos a dedo, se supone a propuesta del Consejo Directivo–, la elección actual se sigue prestando a situaciones muchas veces voluntaria o involuntariamente complicadas, que causan recelo y desconfianza en la comunidad. Como sabemos, nuestro medio es todavía pequeño y es difícil elegir jurados cuyos miembros no hayan tenido relación directa o indirecta con los concursantes.

Como ejemplo, recordemos el caso de un ex miembro del Consejo Directivo que, como representante del Perú, obtuvo el apoyo de Ibermedia para un filme del que luego hizo el making off y donde también apareció como extra, quedando su imagen para la posteridad. O en el reciente concurso de largos, en que dos de los miembros del jurado habían tenido relación contractual con una empresa que les produjo sendos largometrajes. El personaje que ha cuestionado últimamente el concurso de documentales, en su misma línea de pensamiento podría afirmar que ha habido cierto favoritismo con una concursante debido a la vinculación de su padre con esa empresa. Y por último, para no hacer más larga la lista, igualmente se podría recordar el caso de una productora que aparece con frecuencia en jurados y comisiones técnicas, quien integró el Consejo Directivo de CONACINE mientras tenía un proyecto presentado en Ibermedia, del presidente de una institución gremial, y a quien se le adjudicó en ese mismo período una ayuda a la coproducción.

Se trata de un conjunto de suspicacias que principalmente se debe a que las comisiones técnicas y evaluadoras de Ibermedia se designan directamente por el Comité Directivo, las cuales consideramos deben hacerse por sorteo y su accionar debe sujetarse a un reglamento establecido, procurando así evitar caprichosas interpretaciones. Asimismo, los jurados se sortean sin trascender la comunidad nacional, en contra de la propuesta de formar jurados internacionales que hace varios meses hizo el representante de la UCP y que fue denegada por el Consejo Directivo de Conacine. Por ello, además de anular el anonimato del concurso documental que es claramente discriminatorio y contraproducente, y crear jurados internacionales en la medida de lo posible, planteamos que en todos los concursos de Conacine los jurados se elijan recién cuando concluya la inscripción de los proyectos, para evitar los innecesarios cruces que se generan al desarrollarse sus procesos en paralelo. En ese mismo sentido, demandamos que las bases de los concursos se discutan a tiempo, señalándose claramente las diferencias respecto de las versiones anteriores y se unifiquen criterios para obviar tanto cambio de concurso en concurso. Para terminar, y no porque necesariamente sea lo último, es necesario que se mantenga permanentemente informada a la comunidad cinematográfica del desarrollo de los concursos de modo amplio, efectivo y transparente, para que no ocurra lo del último concurso, en el que un mail enviado desde el correo institucional de CONACINE fue dado a conocer por un tercero y presentado de manera sesgada.

Estamos seguros que con la participación de todos los cineastas lograremos desarrollar y mejorar a CONACINE y sus respectivos concursos, de manera ordenada y seria. Por el bien de todos, sin excepción.

Lima, 25 de julio del 2010

UNIÓN DE CINEASTAS PERUANOS (UCP)

Una tramposa ley de cine

Por Alberto Adrianzén M.

Diario La República.  Sab. 17/07/2010

Hace unos días el Congreso aprobó, en segunda votación, la creación del Ministerio de Cultura. El crédito por esta iniciativa le corresponde a la Comisión de Educación, como también a la Comisión de Descentralización y Gobiernos Locales, que tuvieron a su cargo la elaboración y sustentación de dicha ley y no, como algunos medios vienen afirmando, a la congresista Luciana León.

Lo que sí es cierto es el cuestionable papel que está teniendo Luciana León, y también Carlos Raffo, en la elaboración del proyecto de Ley de promoción al cine nacional. Como se sabe, dicho proyecto plantea crear un fondo que será repartido en partes iguales entre distribuidores, exhibidores y productores nacionales. Todo ello bajo la idea que así se está apoyando y promoviendo el cine nacional.

Sin embargo, me parece pertinente hacernos la siguiente pregunta: ¿si se busca dar una ley para favorecer al cine peruano no debiera éste recibir el mayor apoyo económico?

La supuesta división equitativa entre productores, distribuidores y exhibidores, a partir del hecho cierto de que éstos son los tres elementos concurrentes al desarrollo de una cinematografía, contiene sin embargo, dos falacias. Por un lado, olvida que el cine, además de ser una industria, es sobre todo cultura, elemento sumamente importante si queremos abordar seriamente esta temática; y por otro lado, escamotea la realidad, al ocultar que el mercado de distribución-exhibición está dominado por las llamadas Majors norteamericanas quienes controlan entre el 95% y el 97 % de lo que vemos los peruanos.

Esta histórica dominación de nuestras pantallas se ha visto escandalosamente favorecida a partir del año 2000 con la práctica eliminación de los impuestos que debieran pagar las copias de las películas por ingresar al país y que, mediante un artificio legal promovido en esos años por el conocido y ya famoso Don Bieto, les permite acogerse a la internación temporal.

En esa misma línea, el proyecto de los congresistas Luciana León y Carlos Raffo busca consolidar esta dominación y, en un acto que bien podríamos calificar como de típico lobbysmo, pretende darles a los distribuidores ingresos adicionales de un 3.33% del valor de la entrada. Así, los distribuidores, entiéndase las transnacionales que controlan y manejan a su antojo una de las peores carteleras de cine de A. Latina, se llevarían el dinero al exterior como utilidades y regalías, aunque, para justificar el beneficio, el proyecto les coloque algunas obligaciones, que, como sucede con el resto de los supuestos aportes que harían estas empresas, son voluntarios y no significan esencialmente mayor gasto para ellas. Estamos hablando de que recibirían un poco más de 2.5 millones de dólares al año, casi el doble de lo que actualmente tiene el cine peruano para hacer películas. Mientras que los cineastas peruanos recibirían ese mismo monto para invertirlo en todo lo que implica producir películas y atender otras necesidades propias de una industria cultural.

La Unión de Cineastas Peruanos (UCP) ha señalado en un documento –que ambos congresistas deberían leer– que, según datos de la UNESCO, hay más de 115 países en el mundo que “tienen algún tipo de ley o normas favorables a su cinematografía. Son países de los cinco continentes, de diferentes culturas y distintos signos ideológicos y políticos, pero en todos ellos los Estados establecen algún tipo de ayuda o fomento para impulsar y difundir su creación audiovisual tanto dentro como fuera de sus fronteras”.

El proyecto de ley León-Raffo expresa, más bien, todo lo contrario. Dicho en otras palabras, es una renuncia explícita, como viene sucediendo hasta ahora, a que el Estado promueva el cine peruano. Basta mirar a México o a la Argentina, para darnos cuenta no solo de cuán equivocados están estos congresistas sino también de cuán poco les importan verdaderamente el cine y la cultura nacionales.  

El cherry asustado

El programa Cuarto Poder de América Televisión se proclama como el más importante y reconocido espacio de periodismo de investigación en la pequeña pantalla nacional. Sin embargo, el reportaje del domingo 11 de julio de Katia Duharte sobre la ley de cine, y titulado “La ley Teta”, distó mucho de serlo, acercándose más que al género del reportaje periodístico a su pariente apócrifa del publirreportaje o más comúnmente llamado “publicherry”.

Y es que de otra manera no puede calificarse una nota que se anunciaba diciendo que actualmente existen en el Congreso varios “interesantes” proyectos sobre cinematografía, pero que luego sólo menciona uno, como si fuera el único, la llamada “ley de masificación y Procine” promovida por los congresistas Carlos Raffo y Luciana León, con el apoyo entusiasta de la APCP, los exhibidores comerciales y los distribuidores Majors. El otro proyecto, del congresista Cabrera, ni siquiera es mencionado por la “imparcial” reportera, y mucho menos interrogado alguno de su propiciadores, repitiendo la sempiterna practica colonial y oligárquica del ninguneo. Otro actor fundamental que se deja de lado son los Municipios, que a pesar de estar directamente implicados por el mencionado proyecto, ni siquiera se dignan a consultarle su opinión al respecto.

Pero las omisiones más graves de “La ley Teta” no son solamente a las voces disidentes del coro cacofónico de entrevistados que acompañan la recopilación de escenas de películas peruanas. Porque el objetivo de la nota es también disfrazar y desinformar al público poco enterado respecto a los fondos que recibiría el cine peruano con esta ley, al no mencionarse que estos aportes serán vía un Convenio “voluntario y temporal”, y que de ese importe tributario que antes era de los municipios, los mayores beneficiados económicamente no serán los cineastas sino los exhibidores y principalmente los distribuidores de cine extranjero, más conocidos como los Majors.

Por supuesto que tampoco se dice nada sobre el cine peruano en las regiones, la desprotección de los trabajadores cinematográficos, la falta de apoyo a la cultura cinematográfica o la inexistencia del patrimonio audiovisual; porque esos temas no interesan, ni tienen grandes lobbys que lo promuevan.

En suma, una vergüenza y una pena, porque espacios en los medios así para un tema como el cine peruano no se consiguen todos los días. Lastima que sólo haya servido para la promoción de una congresista ávida de votos, y no efectivamente para impulsar al cine nacional, que espera más bien reales consensos y decisiones en conjunto de sus cineastas, que empiezan por reconocernos entre todos, antes que hacerse “cherrys” por su lado.

Pronunciamiento cineastas cusqueños

En el mes de junio nos hemos reunido realizadores y exhibidores del Cusco para tratar el tema de los proyectos de ley de cine que están debatiéndose en estos momentos en el Congreso de la República, porque es un tema que nos afecta directamente a los cineastas regionales.



En dicha reunión la Srta. Lauria Romero y el que suscribe Marco A. Moscoso hemos sido elegidos como Representantes del Colectivo de Cineastas del Cusco.


Como primera acción se ha redactado un Pronunciamiento en el que sentamos nuestra posición frente a los proyectos de ley en debate, el que se encuentra como adjunto a este correo electrónico.


Atentamente.


Lauria Romero
Marco A. Moscoso