21 de mayo de 2010

La imparcialidad del CONACINE


A la Comunidad Cinematográfica:


Nuestro gremio fue informado del envío de cartas, en las últimas semanas, de la Presidenta del CONACINE a dos Congresista de la República sobre la Ley de Cine y las propuestas actualmente en debate.

La primera, del 11 de marzo, dirigida al Congresista Werner Cabrera, y donde le reclama “por especial encargo del Consejo Directo del CONACINE” por la presentación de su proyecto de Ley porque supuestamente ya habría un proyecto “consensuado” por los parlamentarios Carlos Raffo y Johny Peralta (Proyecto N° 3938), desconociendo que el sector que representa la UCP no estaba a favor de esa iniciativa, que en lo esencial mantiene lo estipulado en el proyecto N° 3339 o Ley de Masificación.

La otra misiva es del 11 de mayo, dirigida a la congresista Luciana León, en respaldo a su labor legislativa y en rechazo a una información periodística que denunciaba la existencia de ciertos intereses detrás de la propuesta de ley que ella sostiene junto al congresista Raffo. Lo más significativo, sin embargo, es la afirmación de la congresista, en la misiva al Presidente de la UCP, que dicha carta “confirma el apoyo institucional de CONACINE a la referida propuesta de Ley”.

El Consejo Nacional de Cinematografí a es una institución pública que no debe parcializarse en el debate legislativo y gremial. En reiteradas ocasiones, su Presidenta, Rosa María Oliart, expresó públicamente que el CONACINE no toma partido por ninguno de los proyectos de leyes en disputa, y que se mantiene neutral en el debate congresal. Sus propias palabras y acciones, sin embargo, la desmienten. En todo caso, y por la importancia del tema, demandamos al CONACINE mostrar públicamente las actas de la sesiones del Consejo Directivo –que es la máxima instancia de este organismo- donde se habría decidido reclamar al Congresista Cabrera por ejercer su derecho a presentar un proyecto de ley a favor de la cinematografí a peruana, y en la que se votó apoyar “institucionalmente” la propuesta de ley que impulsa la congresista Luciana León.


Unión de Cineastas Peruanos.


Lima, 17 de mayo del 2010

11 de mayo de 2010

Ley de cine o "faenón" de película.


Un nuevo “faenón” se prepara en el Congreso de la mano de los congresistas Luciana León y Carlos Raffo, que se aprestan a respaldar una nueva Ley de Cinematografía que beneficiaría a los distribuidores cinematográficos con 10 millones de soles al año.


9 de mayo de 2010

Ley de Cine: discusiones y propuestas

Un amplio informe publicado hoy, 9 de mayo del 2010, sobre el debate de los dos proyectos de Leyes de Cine actualmente en el Congreso (3938 y 3855):

http://e.elcomercio.pe/66/impresa/pdf/2010/05/09/ECES090510c14.pdf

7 de mayo de 2010

Luciana en acción

por Christian Wiener

El 14 de abril, la congresista aprista Luciana León publicó, una columna en el diario Correo con el sugerente título de “Democraticemos la cultura

En la nota, la parlamentaria cuenta su experiencia como invitada al evento TEIA 2010, organizado por la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social (RLATS) en la ciudad de Fortaleza en Brasil, y donde pudo constatar “la trascendencia nacional de los Puntos de Cultura, eje central de la relación Estado-ciudadanía”.

Y más adelante, luego de describir someramente la diversidad de acciones emprendidas por las 2500 organizaciones socioculturales brasileñas, que reciben apoyo del Estado, se lanza, entusiasta, a proclamar “¡DEMOCRATICEMOS LA CULTURA! Integremos nuestra nación a través de la valorización de su acervo cultural, promoviendo oportunidades de desarrollo por medio de nuevas capacidades, generando riqueza y afianzando la identidad nacional”.

Todo muy bien, todo muy lindo pero ¿qué se esta haciendo desde el gobierno, que ella integra como parte de la bancada oficial, para ese propósito? Porque echarle toda la culpa de los problemas culturales del país al Presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso, por no apurar los proyectos por ella presentados, como la Ley de Mecenazgo, o la creación del Ministerio de Cultura por el Ejecutivo; parece excesivo y más una cortina de humo apuntando a la paja en el ojo ajeno, para no ver la viga en el suyo propio. Porqué, podríamos preguntarle también ¿y qué hace al respecto el INC? ¿o el Ministerio de Educación? ¿por qué no se le da todo el dinero que le corresponde al CONACINE por ley?, ¿donde está el presupuesto para las escuelas de arte?; y un largo etcétera de vacíos y reclamos.

Y es que la política cultural no puede ser, ni es, sólo una suma de buenos deseos y voluntades, por más bien intencionadas que parezcan; es una forma como los estados comprenden y establecen su relación con la sociedad en su conjunto, y las orientaciones que definen esa relación, sea vía leyes y/o acciones concretas, para promover y salvaguardar sus diversas expresiones culturales, en todas las artes y expresiones, poniéndolas al alcance de las grandes mayorías.

Ese el motivo por el cual Brasil, así como muchos otros países de América Latina, invierten significamente en cultura, como parte de una política clara en el sector, y debido a eso hoy su PBI cultural representa el 8% de su economía. ¿Cuánto, en contraparte, invierte el Estado peruano en cultura? ¿y esta cuánto representa en nuestro PBI? Mejor ni preguntarlo….

Pero ya que estuvo de paso por el país de la samba, la parlamentaria también se hubiera documentado como se financia su cinematografía, y se habría enterado que no es sólo por la Ley de Mecenazgo o Rouanet, que tuvo que ser modificada para evitar la concentración de beneficios en unos cuantos, sino que paralelamente existe una Ley del Audiovisual, vigente desde el 2002, que obtiene fondos del impuestos a la importación de las copias de películas (que aquí en el Perú, como somos generosos con las grandes trasnacionales, ingresan gratis) así como a las copias en videos o DVD y la transmisión por cable. Además, han establecido la Cuota de Pantalla, es decir, que los cines y televisoras de Brasil están obligadas a reservar un espacio de su programación para exhibir cine brasileño, así reclamen y protesten las Majors de Hollywood. (El texto de la Ley lo puede descargar en: http://www.recam.org/_files/documents/l8685compilado_lei_do_audiovisual.pdf  ).

De esta manera, posiblemente ya no siga apoyando tan entusiastamente como hasta ahora al proyecto de ley de cine de su colega Carlos Raffo, absolutamente impresentable en Brasil y cualquier otro país que se respete, y por el cual le otorgan el 6.6% del actual impuesto municipal a los exhibidores y distribuidores comerciales, a cambio de que ellos le cedan el 3.3% a los cineastas, de forma “voluntaria” y por un plazo de cinco años (proyecto de Ley Nº 3938). Ley al gusto y necesidades de las Majors, que dominan más del 90% de la cartelera como en casi todo el mundo. ¿Ese es el modelo cultural que quiere “democratizar” la congresista?.

Por el contrario, los cineastas peruanos apoyamos más bien la propuesta de ley de cine presentada por el congresista Werner Cabrera (proyecto de Ley Nº 3855), que plantea una promoción integral y efectiva del cine y la cultura peruana, acorde a otras legislaciones que sobre la materia existen en el continente. Y es que la democratización de la cultura empieza por casa, señorita congresista, logrando que más no sólo vean películas, sino películas peruanas, no como un favor sino como un derecho, porque es nuestro país, y nuestra cultura, identidad y soberanía lo que está en juego.

2 de mayo de 2010

Utopía y realidad

¿Es la ley Cabrera una utopía y la Raffo-León la única real y viable?
Eso es lo que repiten los defensores del también llamado proyecto “Majors” para justificar su apoyo dizque pragmático a esas propuestas. ¿Pero es cierto eso? Veamos algunos aspectos controversiales de ambos proyectos y contrastémoslo con la realidad.
1.- Ambos proyectos parten por proponer la reducción del actual impuesto municipal al 0%, lo que implica que tendrán la objeción de las Municipalidades, como ya lo expreso su vocero en el foro en el Congreso en el mes de octubre del año pasado.

2.- Superado ese escollo, es decir logrado el acuerdo político para disponer esos ingresos que pertenecen OJO, al Estado y lo pagan los contribuyentes y no los exhibidores, viene la discusión de cómo dividir la torta y ahí empieza la diferencia porque mientras la Ley Cabrera propone que sea 50% para los cineastas y el resto a los exhibidores; la otra plantea que todo ese dinero vaya a las arcas de los exhibidores-distribuidores y que de allí buenamente estos señores cedan de forma “voluntaria” y por solo cinco años el 33,3% al CONACINE.

3.- ¿Cómo se realizará ese pago? La Ley Cabrera dice que sea por una contribución parafiscal, que no es un impuesto porque no se carga al presupuesto y puede servir de crédito fiscal, pero es obligatorio e indefinido. Instituciones como SENATI y SENCICO se financian por esta vía desde hace muchos años sin mayores problemas. En cambio la Ley Raffo-León dice que será por un Convenio privado, refrendado por el Ministerio de Educación -el mismo que no paga al CONACINE-. A propósito, en el mismo foro que mencionaba antes, el doctor Bravo Cucci, destacado tributarista y profesor universitario, señalo muy claramente que toda ley impone obligaciones, y no puede consagrar acuerdos privados entre las partes. Por esa misma razón no se pudo aprobar en su momento, el proyecto de ley que pretendía la antigua Asociación de Cineastas del Perú en convenio con la Corporación de Exhibidores. ¿Cuál sería entonces la supuesta viabilidad de este nuevo convenio?

4.- En cuanto al régimen laboral, la Ley Cabrera ordena no otra cosa que el cumplimiento de las disposiciones legales que existen en este campo, como el “Decreto Legislativo núm. 728 y demás normas vigentes del régimen laboral de la actividad privada, así como lo señalado en la Ley núm. 28131, Ley del artista intérprete y ejecutante”. Es decir, ni más ni menos que lo que esta vigente para cualquier otro trabajador en el país, incluyendo los artistas, que también tienen trabajo eventual como los técnicos. Por el contrario, en el otro proyecto se dice explícitamente que están exceptuados de las normas legales de la actividad privada los trabajadores “contratados para una producción cinematográfica específica”. Es decir, que estarían en un régimen especial, un limbo jurídico por consagrarse, donde no se deberían aplicar las disposiciones constitucionales y de más alto rango (derecho a seguro, beneficios sociales, jubilación) sino las condiciones que pueda disponer los empleadores. Los mismos que, valga reiterarlo, no hacen películas en la mayoría de los casos con la suya sino con fondos del Estado. Si, como se ha dicho por ahí, no hay explotación ni abuso en este campo ¿por qué oponerse entonces a que estos derechos elementales estén consagrados en una Ley supuestamente “para todos”?

En lo demás, supongo que no habrá mayores objeciones legales a la creación de una Cinemateca (pero con recursos propios y no meramente declarativos) o la asignación de parte de los recursos a las regiones, que algunos quieren reducirlo al mínimo porque ven al país sólo desde su escritorio, mientras nosotros proponemos que sea parte de un verdadero proyecto de integración cultural nacional. Tampoco que el cine peruano pueda llegar de manera regular –y pagada- a las pantallas de la televisión del Estado, no sólo con largos sino con medios y cortometrajes. Todas son propuestas que no van contra la Constitución ni ninguna otra norma legal, y que se aplican con mucho éxito en otros países de al región.

Lo que si es bien poco serio y casi ridículo sino fuese defendido con tanto ardor, son las supuestas “obligaciones” que la Ley Raffo-León impone a las empresas exhibidoras y distribuidoras comerciales., a cambio del dinero que se van a llevar.

Los primeros deben presentar cada año ante el MED, un informe sobre la inversión en nuevas salas en el territorio nacional, como si ese no fuera su negocio y en su beneficio.

Los distribuidores, por su lado, organizarán exhibiciones gratuitas de sus estrenos (es decir, puro “blockbusters”) para los sectores de escasos recursos del país. Eso es lo que la congresista Luciana León llama, en un reciente artículo periodístico, “democratizar la cultura”. Otras “obligaciones” son procurar mayor cantidad de copias para sus estrenos, apoyar la apertura de nuevas salas con avisos impresos, entre otros asuntos que no requieren mayor comentario.

Si este proyecto fuese realmente de “consenso” y no simplemente elaborado por un lado y aceptado por los otros, se debería plantear en contraparte obligaciones realmente significativas como la Cuota de Pantalla por ejemplo, o que los distribuidores den adelantos económicos por estrenos como se estila en Europa y otros lugares. Pero no, aquí es siempre la ley de el embudo, lo grande para ellos y lo angosto para nosotros, que encima debemos estar felices de haber conseguido que nos gotee algo para la sed.

En suma, no es cierto ni nada que lo parezca que la Ley Raffo-León sea más realista y segura que la Ley Cabrera y, por el contrario, esta última se ajusta mucho más a la normatividad legal vigente como ha quedado demostrado. Pero ya sabemos que en este país las cosas no salen sólo porque respetes la Ley sino por presiones políticas y, claro, los grandes lobbies que se arman para defender, dinero en mano, los intereses que lo benefician. Allí esta el quid de la cuestión, y por eso algunos son capaces de casarse con el corrupto fujimorismo, y defender a quien antes lo calificaron de “asqueroso” con tal de sacar adelante su engendro verdaderamente impresentable en cualquier país que se respete. Por nuestra parte, en cambio, apoyamos al proyecto Cabrera, como antes lo hicimos con el de Peralta, no por lealtad a las personas ni a las agrupaciones políticas, sino a los principios y postulados que plantea para el cine nacional. De otra manera ¿con qué ética podría el cine peruano impugnar las miserias de su sociedad?

Saludos,


Christian Wiener

PD: Algo que omití, y me lo hizo notar un amigo abogado ¿puede el Estado imponer el número de salas de cine que deben existir en el país, o la cantidad de copias “a efectos de poder abastecer adecuada y oportunamente las salas de cine en provincias”? Eso, hasta donde sabemos, es puro dirigismo económico, intromisión en la actividad privada, y no lo plantea Hugo Chávez sino la Ley Raffo-León. Y después se dice y repite que es la más “viable”, “pragmática” y “realista”

Sobre la invitación a almorzar

¡Que horror! ¿Donde están los argumentos aquí? Felizmente el autor aclara que escribe a titulo personal y no a nombre de cualquier gremio. Hasta ahora lo que había era un debate respetuoso que, incluso en el calor de posturas diferentes, como todo debate, confrontaba puntos de vista diferentes. Para personas que no estamos agremiadas es lo mejor porque así podemos ver las distintas aristas que se manejan, sacar conclusiones y tomar una postura, la mejor que creamos conveniente y, eventualmente, participar del debate. Pero al igual que ocurrió en el periodo de las elecciones ahora empezamos a insultarnos. ¿No podríamos, digo modestamente y sin animo de que me ataquen y/o insulten por ello, limitarnos a opinar sobre los argumentos? ¿Que tienen que ver Ollanta, Hitler, o si Humala (o Cipriani) es amigo de uno de los que escriben?


A mi entender algunos de los puntos mas relevantes que se han planteado son los siguientes:

¿El impuesto es de las exhibidoras y por consiguiente tienen el derecho de decidir que ya no es pertinente pagarlo? o por el contrario: el impuesto no es de las exhibidoras, sino de los ciudadanos que lo pagan vía su boleto y lo administra (como en cualquier país) el Estado, en este caso vía el Gobierno Municipal. ¿Las exhibidoras o cualquier contribuyente podríamos, por ejemplo, decidir que ya no es conveniente pagar el impuesto a la renta (ya que es nuestro impuesto) y proponerle al estado (en este caso representado por la SUNAT) que vamos a pagar un óbolo voluntario por un tiempo limitado (cinco años)?

¿Es mejor un óbolo voluntario por un tiempo limitado? ¿o es mejor un pago obligatorio por ley y en una cantidad mayor al óbolo voluntario (3.3 versus 5 %)? ¿Que nos beneficia mas?

¿Seria deseable encontrar una formula que mejore la condición laboral de los que trabajan en una película? ¿existe legislación al respecto en otros países latinoamericanos? ¿se puede aprender de otras experiencias al respecto? ¿o es preferible dejar las cosas como están y siquiera debatir el tema es un atentado contra el cine nacional?

En fin, y otras cosas mas. Pero lo principal, repito, seria no caer en provocaciones que nos separen del debate y nos enfrasquen en una serie de cartas en donde vemos como algunos ventilan viejas rencillas, auscultan las amistades del otro, revisan su pasado y simpatías políticas, sin referirse a lo sustantivo. Ojalá que los agraviados tengan la suficiente generosidad de animo como para no sentirse en la obligación de contestar cartas que no se pronuncian sobre el fondo del debate sino que se van por las ramas y en un tono violento que jamás a conducido a nada.

¿Alguien tiene algo que decir sobre el impuesto, sobre el aporte voluntario, sobre la posible mejora de la condición laboral de los trabajadores del cine? Bienvenido. ¿Alguien quiere opinar sobre los amigos de un autor, sobre sus preferencias políticas, sobre con quien toma y cuanto? Pues, tal vez este no sea el espacio para eso.

Atentamente,

Manuel Siles
Guionista y Director

Invitación a almorzar


Hola Pancho,

Hace un tiempo prometí no volverme a meter en las discusiones entre cineastas, no pisar el palito de responder acusaciones, convencido que todas estas discusiones me hacían daño, que hacían de mí un tipo agresivo que terminaba por herir a personas que no se merecían mis epítetos y hasta a amigos que me querían -y yo aún quiero-, simplemente por opinar distinto de mí; pero me es imposible quedarme con los brazos cruzados con tus ataques tan virulentos, tan demagogos, tan manipuladores y permitirte vilipendiar a alguien como Fabrizio que simplemente tuvo la honestidad de expresar su opinión y de paso a la APCP que simplemente tiene la inteligencia de no hacerte caso.

Pero yo soy burro y a pesar de todo lo contraproducente que me resulta responderte y que estoy rompiendo a mi palabra, no voy a dejar que te aproveches de la ingenuidad e ignorancia -así sean cuatro los gatos que te creen ciegamente- de los que te leen y que tú, sin ningún pudor, manipulas.

Tú hablas de que los de la APCP apoyamos “la ley de las majors” a pesar que sabes que eso es demagogia pura: ¿Qué cineasta -de Perú o de donde sea, hasta norteamericanos- en su sano juicio va a apoyar los objetivos de las majors (es decir a los cinco grandes productores de Hollywood)? Ninguno. Nadie. Ni aquí, ni en ninguna parte. Pero tú nos pones como si fuéramos meros peones de los fines de estas empresas simplemente porque no coincidimos contigo. Hay que ser idiota para creerte que nosotros coincidimos con los fines de ellos o que nos vendemos a ellos por unos cuantos mendrugos.

Tú hablas del proyecto Cabrera como la maravilla. ¿Pero quien está detrás del nombre de ese proyecto? Werner Cabrera, ¿de qué partido? del partido Humalista. Para mí Ollanta Humala no es de izquierda, ni nada semejante. Es un cachaco fachista, corrupto y peligrosísimo. Si él, para desgracia nuestra, alguna vez sube al poder, sería tan catastrófico para el Perú como el advenimiento de Hitler (que también se pretendía socialista, “nacional socialista”, igualito que tu amigo Humala y tu pata Werner Cabrera y sino, del lobo un pelo: ¿ya te olvidaste de las espectaculares banderas nazis que ondearon en Huancavelica cuando su hermano Antauro se apoderó de la ciudad y mató a unos pobres policías? Yo no): sería el fin de la democracia tal como la conocemos ahora y nuestro cachaco, en el mejor de los casos, se convertiría en un déspota como Chávez. Pero, por suerte para nosotros, a Humala no lo apoya nadie y, mucho menos en el actual congreso. Los proyectos de ley de los humanistas no trascienden. Ésta, por ejemplo, sería una buena razón de no apoyarte con tu ley Cabrera: no por utopista, ni tampoco por humalista, sino simplemente porque no conseguiría ningún apoyo: es apostar a perdedores. A dios gracias el partido Nacionalista en el congreso no cuenta.

La Ley -que tú desde ahora, para tu conveniencia, llamas Raffo-Luciana- (en vez de Peralta, el mismo congresista que hasta hace poquísimo era ejemplar: la denominas así porque Peralta, en cuanto se dio cuenta que era lo que buscaban ustedes, tú y Wiener; dio marcha atrás) preguntándote ¿porqué razón apoya la APCP? Te diré que no podría responder por ellos. Sólo por mí. No te lo puedo responder, sino desde mi propio punto de vista pues no se si los de mi gremio coinciden conmigo como tú tan fácilmente generalizas, adjudicándole a todos los que te convengan cualquier opinión personal que sirva para tus propios propósitos.

Yo la apoyo porque es el único proyecto de ley de cine en este momento que aún tiene alguna posibilidad de contar con algún consenso y si en esta legislatura no logramos que la aprueben será gracias a ti, por “dispararnos a los pies” para que ningún proyecto salga.

En cuanto a ti, como defensor de “utopías” tales como “la jornada de ocho horas”, etc. ; sólo te puedo decir una cosa. Yo no he trabajado en tantas películas como tú, pero sí en varias y no me acuerdo de ninguna en donde me haya sentido explotado, esclavizado ni que se hayan aprovechado de mí. Si me acuerdo de algunos cuantos momentos, contados con los dedos de la mano, en que los horarios de ocho horas no han sido respetados, pero siempre me pareció debido a razones totalmente comprensibles: porque había que terminar, sí o sí, con alguna determinada locación -o un protagonista que al día siguiente tenía que partir, etc.- para que el costo de la producción no se exceda innecesariamente con un día más de rodaje. Esta razón, cualquiera que alguna vez haya participado en una filmación, te lo comprenderá de inmediato porque a todos nos ha sucedido. Así es que a otro bobo con ese cuento. Sólo podrás engañar a los que nunca vieron una filmación ni de lejos. Yo de ti, las contadas veces que hemos trabajado juntos, de lo que más me acuerdo es de tus “siestas”. Con esto no estoy diciendo que hacías mal tu trabajo. Al contrario. Me pareces muy buen sonidista. Muy minucioso. Pero siempre admiré esa capacidad tuya de, entre toma y toma, poder dormir en cualquier momento y lugar que pudieras aprovechar. Por lo tanto no creo que nadie se haya aprovechado de ti haciéndote trabajar horas extras, “explotándote”. A otro perro con ese hueso.

Pero tú te atreves a afirmar que esa es la razón que “verdaderamente (nos) motiva a que los miembros de la APCP (para que) apoyen(mos) sin descaro alguno un proyecto tan entreguista y reaccionario como la ley Raffo-Luciana” .

¿Quién te va a creer Panchito, sino un pobre ingenuo, un ignorante del oficio, que lo que buscamos los cineastas es que los técnicos estén desprotegidos para así podernos aprovechar mejor (en tus propias palabras mejor diría, “abusar”) de ellos?

Una película es una creación colectiva. Imposible realizar una película sin el apoyo total de todos sus técnicos. Yo no se quien te habrá tratado tan mal, quien ha abusado de ti, que te has quedado tan resentido. Que yo sepa, nunca escuché una queja contra los directores para quienes trabajé como primer asistente de dirección (Pancho Lombardi, Chicho Durant y Nilo Pereira) acusándolos de “explotadores y/o de abusivos”. Todo lo contrario: no hubo nadie que no “se pusiera la camiseta” de la película. Todo el mundo dio -o trató de dar- lo mejor de si.

Tampoco he escuchado nunca ni de Fabrizio Aguilar, ni de Augusto Tamayo, ni de ningún realizador de mi gremio, una queja. Todo lo contrario: siempre han sido relatos de gratas experiencias, de anécdotas memorables y contigo, sobretodo, a menudo nos hemos reído de muchas de ellas. No entiendo entonces todo ese resentimiento gratuito. ¿Qué te pasó Panchito? ¿Qué te está envenenando el alma? ¿Por qué te ha venido de pronto tanta “mala leche”? ¿Qué te ha hecho Fabrizio, que te ha hecho la APCP, para que nos guardes tanto rencor? Yo, en todo caso, ya te pedí perdón públicamente que ahora te lo reitero. Perdóname si alguna vez, excedido por la pasión que le puse a mis argumentos, de algún modo te ofendí. Te lo digo con mi mayor sinceridad. La última vez que te vi fue ya hace varios años. Te invité a almorzar a mi casa, tú y yo, solos y, como siempre, nos reímos de infinidad de tonterías. Volvamos a repetir esa ocasión y ojalá nos podamos reír entonces de éstas que estamos viviendo ahora.

Un abrazo,

Rafael Zalvidea

Carta abierta a Fabrizio Aguilar

La APCP tiene un pacto con los Distribuidores y defiende la Ley Raffo-Luciana sin importarles el destino del cine peruano.


Veamos:

Fabrizio Aguilar ha escrito y hay que saludar su decisión, pues difícilmente puede haber entendimiento si no hay exposición de ideas. Fabrizio lo hace, por supuesto a título personal, como lo es también este correo, pero no dudamos que su pensamiento refleja en gran medida, por lo que conocemos, una forma de pensar del colectivo que integra: la APCP.

Empieza diciendo que la UCP está equivocada ¿porqué?: por que estamos bloqueando la ley Raffo-Peralta (Preferimos llamarla Raffo–Luciana, ya que Luciana León destaca cada vez más como la verdadera inspiradora de la ley de las Majors).

Preguntémonos: ¿hay algo de malo en oponerse a una Ley que otorga los mayores recursos a las Majors y que entrega el control económico del cine peruano a estas mismas transnacionales? A lo mejor para ellos, los de la APCP, esto es algo que debe de ser así, y por supuesto tienen todo el derecho de pensarlo, pero permítanos discrepar con tremendo despropósito que atenta no sólo contra nuestro cine sino asimismo contra el público peruano y el país entero, o nuestros colegas de la APCP ¿no han leído la Ley Raffo-Luciana? o ¿su entendimiento no les permite mayor análisis?

Dice FA que el principal aporte de la Ley Raffo–Luciana es lograr que se realicen el doble de películas, pero le sugerimos que lea el proyecto de Werner Cabrera en donde CONACINE recibe más dinero, ergo, siguiendo su lógica, se podrían hacer tres veces más la cantidad de películas. Entonces ¿por qué razón no apoyar un proyecto así? Sinceramente no lo entendemos, a no ser que se quiera beneficiar a los distribuidores mediante un pacto bajo la mesa manteniéndose algo oculto. No hay que ser ingeniero para darse cuenta que el 3.33% (que propone la Ley Raffo–Luciana) es inferior al 5% que propone la Ley Cabrera. Tampoco hay que ser abogado para distinguir que hay mucha diferencia entre un aporte temporal y voluntario, sin fiscalización alguna (que es además una aberración jurídica) como propone la Ley Raffo–Luciana, ante una obligación parafiscal fiscalizada además por la SUNAT, como propone la Ley Cabrera.

Volvemos a preguntar: ¿porqué razón apoya la APCP la Ley Raffo-Luciana? .

Por último: Si Fabrizio y sus socios de la APCP agarran una calculadora y se ponen a hacer números en base a la exposición de motivos de la Ley Raffo (cifras proporcionadas por los distribuidores y exhibidores) se darán cuenta que haciendo una proyección de 6 años, del 2010 al 2015, el 3.33% que proponen para CONACINE significan 8'921,033.32 de nuevos soles al año (3.33%) mientras que con la Ley Cabrera CONACINE recibiría 13'394,944.93 soles al año (5%) ¿Cuál es entonces la razón para regalarles a distribuidores y exhibidores 4’473,911 nuevos soles, cifra que supera el presupuesto actual de CONACINE.

La respuesta al regalo la tenemos en una mentira que de tanto repetirse algunos la asumen como verdad y Fabrizio la escribe con todas sus letras: “El impuesto Municipal lo pagan los exhibidores y les pertenece a su negocio de Exhibición” Ya Gabriel Quispe en un anterior correo ha refutado tamaño embuste. Aconsejamos leerlo por si no lo han hecho.

Continúa diciendo: ¿Existe una Política Cultural en el Perú?....La respuesta es No. ¿O alguien puede decir lo contrario?. Por lo tanto intentar convencer a los cineastas que se va a aprobar una Ley de Cine como la que la UCP (hoy a través del Congresista Cabrera) esta proponiendo, es casi una Utopía.

- Sinceramente nos eximimos de responder a tal elemental juicio de cómo se desarrolla la sociedad. Si prosiguiéramos con ese razonamiento? la humanidad estaría todavía en la esclavitud y “utopías” como la libertad, el desarrollo individual y colectivo, la libre empresa, libertad de asociación o la jornada de ocho horas jamás hubieran podido existir.

Pero hay muchas cosas que agradecer del correo de Fabrizio y una de ellas es que coloca en el centro de debate el tema laboral. Es la primera vez que un miembro de la APCP toca este tema con cierta extensión pues hasta ahora lo han preferido escamotear. Tal vez por que a nuestro juicio es el asunto más importante y el que verdaderamente motiva a que los miembros de la APCP apoyen sin descaro alguno un proyecto tan entreguista y reaccionario como la ley Raffo-Luciana. Veamos que dice al respecto:

Sobre el Régimen Laboral: ¿Es posible un régimen Laboral en una “Industria” en donde se hacen 5 películas al año (y si se aceptase la Ley UCP), 10 películas, en donde los trabajadores trabajan por película de 3 a 8 semanas? Hay que tener en cuenta que los trabajadores - técnicos cinematográficos, son trabajadores contratados por proyecto y solo por un tiempo determinado. No es posible que entren en planilla y obtengan los beneficios tributarios de ley bajo esa modalidad. ¿Existe alguna otra?. Tal vez algún representante de la UCP pueda tener la respuesta.

Respondemos: Por supuesto que es posible un régimen laboral en una industria que hace 5 películas al año (en realidad se hacen más), como lo es también si se hicieran 100 o 2. Ahí están los ejemplos de Ecuador, Bolivia, Chile, y por supuesto ni hablar de Brasil o Argentina, por citar tan solo los países de Sudamérica. Si siguiéramos su línea de pensamiento, la de negar a los trabajadores su derechos, existirían aún jornadas de 16 horas (como lamentablemente existen en el cine y publicidad), el trabajo esclavo de niños y mujeres y otras aberraciones propias del siglo 18, adónde Fabrizio y buena parte de la APCP se colocan cuando tocan el tema laboral.

Recordémosle la Constitución Política del Perú (http://www.tc. gob.pe/legconper u/constitucion. html) , ley de leyes, es muy clara, en sus artículos 2, 22, 23, 24, 25 y 26, asei por ejemplo:

Artículo 25°. La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo.

Conviene entonces preguntarse: ¿Qué corona creen tener las empresas cinematográficas para estar por encima de la Constitución y las leyes?, más aún como señala muy bien Fabrizio, funcionan gracias a que reciben dinero del estado vía CONACINE. Es decir: sí, nos sentimos con todo el derecho de reclamarle dinero al estado para hacer películas, pero a su vez nos sentimos con el mismo derecho de no cumplir la Constitución y las leyes. La ley del embudo no creen.

Seguramente para muchos miembros de la APCP, los trabajadores cinematográficos que son los que aportan la calidad técnica a una película y los tenemos muy buenos, deberían de seguir trabajando como lo hacen ahora: sin contrato de trabajo, 16 horas diarias, seis días a la semana, sin seguro contra accidentes ni seguro social y jubilación. Viviendo en cavernas y movilizándose en viejas bicicletas. ¡Que viva el siglo 19 tan sólo le falta exclamar a este ilustre grupo de cineastas!.

Sobre el tema, quisiéramos recordarle sus palabras pronunciadas el año pasado ante el monumento El Ojo que llora, con motivo del 6to aniversario de la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que esperemos las haya dicho muy sentidas, y que muy bien se pueden aplicar a la situación laboral actual del cine peruano, después de todo el trabajo digno es uno de los principales derechos humanos, consagrado en constituciones y leyes de todo el mundo:

! Nunca debimos tolerarlo, nunca debimos aceptarlo, nunca debimos negarlo cerrando los ojos ante las verdades que pasaban delante nuestro ¡

Y no está demás recordarle que se de una vuelta por los siguientes artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Artículo 23 y Artículo 24. (http://www. un.org/es/ documents/ udhr/)

Hay mucho más pendiente en su correo: el cine del interior del país y la teoría que necesitamos tan solo más películas para desarrollarnos, temas entre otros, que por su extensión merecen otro escrito y que esperamos hacer más adelante, pues creemos que tras negarle un significativo financiamiento a las regiones se encuentra una concepción equivocada de lo que se entiende como desarrollo cinematográfico.

Espero que Fabrizio Aguilar y la APCP entiendan la gran posibilidad que tenemos los cineastas con el Proyecto de Ley Cabrera, dejando de lado su actitud equivocada y salgan a dialogar sin embustes ni medias verdades y no sigan bloqueando la posibilidad de construir un cine para todos los peruanos: público y cineastas, de cara al país, su gente y su historia, en donde se amplíe la oportunidad de expresarse cinematográficamente, que al final de cuentas es lo que proponemos.

Todos queremos una mayor producción cinematográfica, en donde progrese un cine de calidad que permita el desarrollo de una industria y en donde se respeten los derechos de los trabajadores, por que después de todo desde 1972, cuando se dio la ley 19327, Ley de Fomento a la industria Cinematográfica, han pasado ya 38 años y seguimos siendo una cinematografía precaria que nunca termina de consolidarse. Si todos apoyásemos la Ley Cabrera avanzaríamos muchísimo en mejorar nuestro cine.

Francisco Adrianzén Merino
Cineasta


Apuntes sobre los apuntes a la Ley UCP

Qué bien que Fabrizio Aguilar opine públicamente, porque el entendimiento es accesible a partir del diálogo, no desde el silencio. Su mail permite hacer algunas precisiones.


Afirma categóricamente que “El impuesto Municipal lo pagan los exhibidores y les pertenece a su negocio de Exhibición (…) El impuesto que una empresa paga, lo paga ella, y si lo deja de pagar es su beneficio. Si lo Exhibidores creen que su impuesto ya no es procedente, ellos tienen todo el derecho de reclamarlo como suyo, ya que sale de la explotación de su empresa, en este caso las películas que ellos exhiben”. Bueno, eso no es así.

Hay dos clases de impuestos: el directo, aplicado a ganancias o ingresos de las personas naturales y jurídicas, y el indirecto, aplicado a productos y servicios, que está incluido en el precio de éstos.

El impuesto municipal del 10% al boleto cinematográfico es un impuesto indirecto, porque la tasa tributaria forma parte del costo de la entrada. O sea que el impuesto no lo pagan los exhibidores, lo pagamos todos los espectadores al adquirir la entrada. Para confirmarlo, sugiero a los miembros de Cinemaperú que revisen sus boletos, verán la frase “Impuestos incluidos”. Funciona de la misma manera cuando compramos una gaseosa, un caramelo o una lata de atún. Decir que el 10% del impuesto municipal es de los exhibidores, llevaría a pensar que también es de ellos el 19% del IGV. Imagínense qué cara pondría la ministra de Economía, Mercedes Aráoz, si le dijeran eso.

Entonces, el monto de un impuesto pertenece al Estado, en este caso a nivel local o municipal. Al anularlo o disminuirlo, el Estado debe decidir, a través del Parlamento y el Ejecutivo, qué hacer con el dinero liberado. Ahí surge la posibilidad de que negocien los sectores, pero ¿qué puedo negociar si creo que pretendo un porcentaje de lo que pertenece a mi contraparte? Si eso cree la APCP, se entiende lo demás. Cedo toda la iniciativa, acepto lo poco que ofrecen “por su buena voluntad” y encima digo que es fruto del “consenso”.

Para que sea “consenso” tendrían que acordar las partes en su totalidad, es decir los cineastas por un lado y los distribuidores y exhibidores por el otro, en el que cada posición pueda hacer prevalecer algunos de sus planteamientos y ceder en otros. Si los cineastas están divididos en dos segmentos, y sólo uno, la APCP, acuerda con los distribuidores y exhibidores, ¿de qué “consenso” se habla? Lo ideal era que la APCP y la UCP se pusieran de acuerdo y adoptaran una posición única frente a los distribuidores y exhibidores, como siempre fue en la historia del cine peruano y de ese modo se lograron las leyes 19327 y la actual 26370, pero el año pasado la APCP rompió las conversaciones que iban en ese sentido, y expresó que cada agrupación gestionara la ley que creyera conveniente.

¿Cuál es el resultado? En el nuevo proyecto del congresista fujimorista Carlos Raffo, que comparte su colega aprista Luciana León y apoya la APCP, se sigue hablando, entre otras cosas, de un forzado convenio –incongruente con el carácter obligatorio de una ley– para suscribir la división en tercios, y en la exposición de motivos, en el artículo 6.1, Creación del Fondo Procine, se lee que, en referencia al 3,3% del boleto para el cine peruano, “los recursos antes señalados se otorgarán a partir del mes siguiente de la publicación de la presente ley y hasta por cinco años consecutivos a favor de CONACINE”.

Es decir, tras haber tenido dos décadas la 19327 y hasta ahora 16 años, con todas sus limitaciones, la 26370; esta eventual ley sólo duraría cinco años. No es invento ni interpretació n, lo dice el propio proyecto. Nadie pide perfección, pero en el nuevo proyecto Raffo–Luciana puede hallarse muchos más dislates.

Por el contrario, el proyecto Cabrera mantiene la propuesta del 50% para el cine peruano y su carácter fijo y obligatorio, puntos claves del proyecto original de Jhony Peralta, quien ahora suscribe el nuevo proyecto Raffo–Luciana.

En esta propuesta Raffo–Luciana, aparecen proyecciones de los recursos que, de aprobarse, recibiría Conacine del 2009 al 2013 –o sea, ni las han actualizado–: 44 millones 886 mil soles. En cambio, si se aprobara el proyecto Cabrera, el monto ascendería, bajo esas mismas proyecciones ligeramente desfasadas del periodo 2009–2013, a unos 67 millones de soles, aproximadamente, con la diferencia extra de ser aportados de manera fija y obligatoria.

Espero Fabrizio que entiendas, junto con tus colegas de la APCP, que el proyecto que respaldan es impresentable, pese a contar en su elaboración con aportes de congresistas de tantas bancadas, como hace unas semanas declaró Luciana León en la web de El Comercio.

Todavía no es tarde para enmendar.

Gabriel Quispe

Apuntes sobre la Ley UCP


La UCP esta equivocada, y lo único que esta logrando es bloquear (con la nueva Ley que ha escrito para que la presente el Congresista del Partido Nacionalista Werner Cabrera) una Ley de Fomento a la Cinematografí a Nacional (Ley Raffo- Peralta) cuyo principal aporte es lograr que se realicen mas películas (el doble) de las que se realizan hoy.

Vamos por partes.

Yo considero que para lograr tener representatividad como gremio y un interés real dentro de una posible política cultural del estado, hay que realizar una mayor cantidad de películas al año y si estas tienen repercusión internacional, mejor aun.

¿Existe una Política Cultural en el Perú?....La respuesta es No. ¿O alguien puede decir lo contrario? Por lo tanto intentar convencer a los cineastas que se va a aprobar una Ley de Cine como la que la UCP (hoy a través del Congresista Cabrera) esta proponiendo, es casi una Utopía.

Sobre las propuestas de la UCP:

Sobre el Régimen Laboral: ¿Es posible un régimen Laboral en una "Industria" en donde se hacen 5 películas al año (y si se aceptase la Ley UCP), 10 películas, en donde los trabajadores trabajan por película de 3 a 8 semanas? Hay que tener en cuenta que los trabajadores – técnicos cinematográficos, son trabajadores contratados por proyecto y solo por un tiempo determinado. No es posible que entren en planilla y obtengan los beneficios tributarios de ley bajo esa modalidad. ¿Existe alguna otra? Tal vez algún representante de la UCP pueda tener la respuesta.

Sobre el Impuesto Municipal: El impuesto Municipal lo pagan los exhibidores y les pertenece a su negocio de Exhibición (más allá de que exista un arreglo con los distribuidores para pagar ese impuesto). No es como se quiere hacer pensar, un beneficio de los cineastas peruanos (Por supuesto que yo al igual que todos, quiero que lo sea). El impuesto que una empresa paga, lo paga ella, y si lo deja de pagar es su beneficio. Si lo Exhibidores creen que su impuesto ya no es procedente, ellos tienen todo el derecho de reclamarlo como suyo, ya que sale de la explotación de su empresa, en este caso las películas que ellos exhiben. Es por este motivo que la APCP sabiendo que los Exhibidores - Distribuidores querían eliminar ese porcentaje en Beneficio exclusivo de ellos, reclamó parte de ese porcentaje a favor de la nueva Ley de Cine (Ley Raffo - Peralta), y se llegó finalmente este año a la división en partes iguales 3.33% a favor del Fomento a la Cinematografía Peruana.

Por lo tanto, (a pesar de que yo al igual que todo el Gremio Cinematográfico quisiera reclamar ese 10% del impuesto) se ha tenido que negociar, y acepto esa negociación dado los intereses de las partes, considerándola un logro importante dado el sustancial incremento en el presupuesto que podría obtener CONACINE.

Sobre el 30% del Presupuesto a las Provincias: Esta oferta de hecho debe de ser mayoritariamente popular. Sin embargo, al existir un Concurso Nacional, si considero de acuerdo a la propuesta de la APCP que un porcentaje mas justo del 20% exclusivo para los proyectos de provincias son validos. Ya que dichos proyectos tienen la misma opción de llevarse todos los premios del Concurso Nacional, mas los que se realicen exclusivamente para las provincias.

Hoy lo que necesitamos es hacer más películas, y que estas en la medida de sus posibilidades y de los intereses y búsquedas de los propios Realizadores - Directores, logren tener mayor repercusión internacional. Y esto se esta obteniendo gracias al Talento de un grupo de Directores peruanos cuyas películas se han podido hacer gracias a los acertados premios otorgados por CONACINE en los últimos años. La Teta Asustada, Contracorriente, Paraíso, Octubre, son películas exitosas internacionalmente. Son 4 películas (3 operas primas) de 12 premiadas en los últimos tres años, lo cual significa el 30% de efectividad (si medimos a través del éxito internacional) y eso es muchísimo en cualquier parte del mundo, habla del buen momento de sus realizadores y del gran talento en ciernes que existe en las nuevas generaciones de Directores de Cine Peruanos.

Cuando logremos una mayor cantidad de películas y con ellas mayor calidad y mejores éxitos haciendo crecer un mercado incipiente, podremos tener la fuerza necesaria para reclamar mejoras en la Ley. Hoy por hoy tenemos una buena opción de crecer con una Ley que si bien no es perfecta, si es práctica para seguir creciendo. Después podremos seguir peleando ya robustecidos en los próximos años, por las mejoras que todos buscamos.

En contra de lo que quiere hacer creer la UCP, si es necesaria una Ley consensuada porque a pesar de que todos quisiéramos lo contrario, los Congresistas no se van a pelear por una Ley que no tiene la aprobación de su gremio, o en donde otras entidades involucradas (Exhibidores - Distribuidores) tienen cosas que reclamar (el 10%).

Espero que la UCP entienda la gran posibilidad que tenemos los cineastas con el Proyecto de Ley (Raffo - Peralta) y no siga bloqueando la posibilidad de surgimiento que tiene hoy el cine peruano.

Fabrizio Aguilar.
Director