17 de julio de 2010

Una tramposa ley de cine

Por Alberto Adrianzén M.

Diario La República.  Sab. 17/07/2010


Hace unos días el Congreso aprobó, en segunda votación, la creación del Ministerio de Cultura. El crédito por esta iniciativa le corresponde a la Comisión de Educación, como también a la Comisión de Descentralización y Gobiernos Locales, que tuvieron a su cargo la elaboración y sustentación de dicha ley y no, como algunos medios vienen afirmando, a la congresista Luciana León.

Lo que sí es cierto es el cuestionable papel que está teniendo Luciana León, y también Carlos Raffo, en la elaboración del proyecto de Ley de promoción al cine nacional. Como se sabe, dicho proyecto plantea crear un fondo que será repartido en partes iguales entre distribuidores, exhibidores y productores nacionales. Todo ello bajo la idea que así se está apoyando y promoviendo el cine nacional.

Sin embargo, me parece pertinente hacernos la siguiente pregunta: ¿si se busca dar una ley para favorecer al cine peruano no debiera éste recibir el mayor apoyo económico?

La supuesta división equitativa entre productores, distribuidores y exhibidores, a partir del hecho cierto de que éstos son los tres elementos concurrentes al desarrollo de una cinematografía, contiene sin embargo, dos falacias. Por un lado, olvida que el cine, además de ser una industria, es sobre todo cultura, elemento sumamente importante si queremos abordar seriamente esta temática; y por otro lado, escamotea la realidad, al ocultar que el mercado de distribución-exhibición está dominado por las llamadas Majors norteamericanas quienes controlan entre el 95% y el 97 % de lo que vemos los peruanos.

Esta histórica dominación de nuestras pantallas se ha visto escandalosamente favorecida a partir del año 2000 con la práctica eliminación de los impuestos que debieran pagar las copias de las películas por ingresar al país y que, mediante un artificio legal promovido en esos años por el conocido y ya famoso Don Bieto, les permite acogerse a la internación temporal.

En esa misma línea, el proyecto de los congresistas Luciana León y Carlos Raffo busca consolidar esta dominación y, en un acto que bien podríamos calificar como de típico lobbysmo, pretende darles a los distribuidores ingresos adicionales de un 3.33% del valor de la entrada. Así, los distribuidores, entiéndase las transnacionales que controlan y manejan a su antojo una de las peores carteleras de cine de A. Latina, se llevarían el dinero al exterior como utilidades y regalías, aunque, para justificar el beneficio, el proyecto les coloque algunas obligaciones, que, como sucede con el resto de los supuestos aportes que harían estas empresas, son voluntarios y no significan esencialmente mayor gasto para ellas. Estamos hablando de que recibirían un poco más de 2.5 millones de dólares al año, casi el doble de lo que actualmente tiene el cine peruano para hacer películas. Mientras que los cineastas peruanos recibirían ese mismo monto para invertirlo en todo lo que implica producir películas y atender otras necesidades propias de una industria cultural.

La Unión de Cineastas Peruanos (UCP) ha señalado en un documento –que ambos congresistas deberían leer– que, según datos de la UNESCO, hay más de 115 países en el mundo que “tienen algún tipo de ley o normas favorables a su cinematografía. Son países de los cinco continentes, de diferentes culturas y distintos signos ideológicos y políticos, pero en todos ellos los Estados establecen algún tipo de ayuda o fomento para impulsar y difundir su creación audiovisual tanto dentro como fuera de sus fronteras”.

El proyecto de ley León-Raffo expresa, más bien, todo lo contrario. Dicho en otras palabras, es una renuncia explícita, como viene sucediendo hasta ahora, a que el Estado promueva el cine peruano. Basta mirar a México o a la Argentina, para darnos cuenta no solo de cuán equivocados están estos congresistas sino también de cuán poco les importan verdaderamente el cine y la cultura nacionales.  

15 de julio de 2010

El cherry asustado

El programa Cuarto Poder de América Televisión se proclama como el más importante y reconocido espacio de periodismo de investigación en la pequeña pantalla nacional. Sin embargo, el reportaje del domingo 11 de julio de Katia Duharte sobre la ley de cine, y titulado “La ley Teta”, distó mucho de serlo, acercándose más que al género del reportaje periodístico a su pariente apócrifa del publirreportaje o más comúnmente llamado “publicherry”.

Y es que de otra manera no puede calificarse una nota que se anunciaba diciendo que actualmente existen en el Congreso varios “interesantes” proyectos sobre cinematografía, pero que luego sólo menciona uno, como si fuera el único, la llamada “ley de masificación y Procine” promovida por los congresistas Carlos Raffo y Luciana León, con el apoyo entusiasta de la APCP, los exhibidores comerciales y los distribuidores Majors. El otro proyecto, del congresista Cabrera, ni siquiera es mencionado por la “imparcial” reportera, y mucho menos interrogado alguno de su propiciadores, repitiendo la sempiterna practica colonial y oligárquica del ninguneo. Otro actor fundamental que se deja de lado son los Municipios, que a pesar de estar directamente implicados por el mencionado proyecto, ni siquiera se dignan a consultarle su opinión al respecto.

Pero las omisiones más graves de “La ley Teta” no son solamente a las voces disidentes del coro cacofónico de entrevistados que acompañan la recopilación de escenas de películas peruanas. Porque el objetivo de la nota es también disfrazar y desinformar al público poco enterado respecto a los fondos que recibiría el cine peruano con esta ley, al no mencionarse que estos aportes serán vía un Convenio “voluntario y temporal”, y que de ese importe tributario que antes era de los municipios, los mayores beneficiados económicamente no serán los cineastas sino los exhibidores y principalmente los distribuidores de cine extranjero, más conocidos como los Majors.

Por supuesto que tampoco se dice nada sobre el cine peruano en las regiones, la desprotección de los trabajadores cinematográficos, la falta de apoyo a la cultura cinematográfica o la inexistencia del patrimonio audiovisual; porque esos temas no interesan, ni tienen grandes lobbys que lo promuevan.

En suma, una vergüenza y una pena, porque espacios en los medios así para un tema como el cine peruano no se consiguen todos los días. Lastima que sólo haya servido para la promoción de una congresista ávida de votos, y no efectivamente para impulsar al cine nacional, que espera más bien reales consensos y decisiones en conjunto de sus cineastas, que empiezan por reconocernos entre todos, antes que hacerse “cherrys” por su lado.

7 de julio de 2010

Pronunciamiento cineastas cusqueños

En el mes de junio nos hemos reunido realizadores y exhibidores del Cusco para tratar el tema de los proyectos de ley de cine que están debatiéndose en estos momentos en el Congreso de la República, porque es un tema que nos afecta directamente a los cineastas regionales.



En dicha reunión la Srta. Lauria Romero y el que suscribe Marco A. Moscoso hemos sido elegidos como Representantes del Colectivo de Cineastas del Cusco.


Como primera acción se ha redactado un Pronunciamiento en el que sentamos nuestra posición frente a los proyectos de ley en debate, el que se encuentra como adjunto a este correo electrónico.


Atentamente.


Lauria Romero
Marco A. Moscoso