Una tramposa ley de cine

Por Alberto Adrianzén M.

Diario La República.  Sab. 17/07/2010

Hace unos días el Congreso aprobó, en segunda votación, la creación del Ministerio de Cultura. El crédito por esta iniciativa le corresponde a la Comisión de Educación, como también a la Comisión de Descentralización y Gobiernos Locales, que tuvieron a su cargo la elaboración y sustentación de dicha ley y no, como algunos medios vienen afirmando, a la congresista Luciana León.

Lo que sí es cierto es el cuestionable papel que está teniendo Luciana León, y también Carlos Raffo, en la elaboración del proyecto de Ley de promoción al cine nacional. Como se sabe, dicho proyecto plantea crear un fondo que será repartido en partes iguales entre distribuidores, exhibidores y productores nacionales. Todo ello bajo la idea que así se está apoyando y promoviendo el cine nacional.

Sin embargo, me parece pertinente hacernos la siguiente pregunta: ¿si se busca dar una ley para favorecer al cine peruano no debiera éste recibir el mayor apoyo económico?

La supuesta división equitativa entre productores, distribuidores y exhibidores, a partir del hecho cierto de que éstos son los tres elementos concurrentes al desarrollo de una cinematografía, contiene sin embargo, dos falacias. Por un lado, olvida que el cine, además de ser una industria, es sobre todo cultura, elemento sumamente importante si queremos abordar seriamente esta temática; y por otro lado, escamotea la realidad, al ocultar que el mercado de distribución-exhibición está dominado por las llamadas Majors norteamericanas quienes controlan entre el 95% y el 97 % de lo que vemos los peruanos.

Esta histórica dominación de nuestras pantallas se ha visto escandalosamente favorecida a partir del año 2000 con la práctica eliminación de los impuestos que debieran pagar las copias de las películas por ingresar al país y que, mediante un artificio legal promovido en esos años por el conocido y ya famoso Don Bieto, les permite acogerse a la internación temporal.

En esa misma línea, el proyecto de los congresistas Luciana León y Carlos Raffo busca consolidar esta dominación y, en un acto que bien podríamos calificar como de típico lobbysmo, pretende darles a los distribuidores ingresos adicionales de un 3.33% del valor de la entrada. Así, los distribuidores, entiéndase las transnacionales que controlan y manejan a su antojo una de las peores carteleras de cine de A. Latina, se llevarían el dinero al exterior como utilidades y regalías, aunque, para justificar el beneficio, el proyecto les coloque algunas obligaciones, que, como sucede con el resto de los supuestos aportes que harían estas empresas, son voluntarios y no significan esencialmente mayor gasto para ellas. Estamos hablando de que recibirían un poco más de 2.5 millones de dólares al año, casi el doble de lo que actualmente tiene el cine peruano para hacer películas. Mientras que los cineastas peruanos recibirían ese mismo monto para invertirlo en todo lo que implica producir películas y atender otras necesidades propias de una industria cultural.

La Unión de Cineastas Peruanos (UCP) ha señalado en un documento –que ambos congresistas deberían leer– que, según datos de la UNESCO, hay más de 115 países en el mundo que “tienen algún tipo de ley o normas favorables a su cinematografía. Son países de los cinco continentes, de diferentes culturas y distintos signos ideológicos y políticos, pero en todos ellos los Estados establecen algún tipo de ayuda o fomento para impulsar y difundir su creación audiovisual tanto dentro como fuera de sus fronteras”.

El proyecto de ley León-Raffo expresa, más bien, todo lo contrario. Dicho en otras palabras, es una renuncia explícita, como viene sucediendo hasta ahora, a que el Estado promueva el cine peruano. Basta mirar a México o a la Argentina, para darnos cuenta no solo de cuán equivocados están estos congresistas sino también de cuán poco les importan verdaderamente el cine y la cultura nacionales.