13 de mayo de 2011

ANTE LA DISOLUCION DEL CONACINE

El miércoles 11, en una reunión con presencia del Ministro de Cultura y miembros de la alta dirección del Ministerio, los representantes de la UCP y APCP hemos sido comunicados de manera oficial que en el Consejo de Ministros que tuvo lugar hoy por la mañana, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Cultura, y por el cual se desaparece el Consejo Nacional de Cinematografía creado por la Ley 26370, constituyéndose en su reemplazo una Oficina del mencionado sector, y convirtiéndose la representación del CONACINE en una Comisión Consultiva y no vinculante de sus decisiones.

Como lo hemos mencionado en un anterior pronunciamiento, consideramos que se trata de un abrupto y antidemocrático rompimiento de la institucionalidad del organismo cuya función principal era representar a la cinematografía nacional y promover su desarrollo. Una medida autoritaria, desacertada y contraproducente que va a significar un grave daño al cine peruano a nivel nacional e internacional, y que, al parecer, nuestras autoridades no han valorado en su integridad sobre todos los alcances y las repercusiones para la cultura en el país. La concentración del poder en pocas manos y sin mayor consenso ni fiscalización, va a contramano de lo que debe ser la promoción de nuestra riqueza y la diversidad cultural, que no es un favor sino un deber del Estado. Más allá de las personas y sus decisiones, que siempre pueden ser discutibles, el CONACINE era un ejemplo de espacio de diálogo y concertación entre el sector público, la sociedad civil y el empresariado, fundamental para administrar la Cultura, porque ésta no le pertenece ni la crea el estado, ni puede estar en manos de una burocracia que decida su destino. El cine forma parte de la cultura viva y es la sociedad organizada la que la representa ante el Estado.

Y si bien, según se nos informa, se ha logrado preservar el presupuesto asignado para el CONACINE este año, nada garantiza que éste será íntegramente destinado al CONACINE, toda vez que pasa al fondo común del Ministerio de Cultura. Tampoco existe la seguridad de que en los años siguientes éste se mantenga y se utilice para los fines de la ley, dado que el organismo encargado de su cumplimiento ya no existe y por lo tanto su presupuesto tampoco.

Lo más grave es que toda esta acción se ha realizado con total desconocimiento de todos los gremios, a pesar de lo que determina la propia Ley Marco de Modernización de la Gestión de Estado (27658), que establece que todos los cambios deben ejecutarse previa consulta a los implicados. Ya que sólo fuimos informados, y ni siquiera permitiéndonos acceder al texto del tan mentado ROF, cuando las decisiones en el más alto nivel ya estaban tomadas y nada quedaba por hacer.

No se trata de responsabilizar exclusivamente al Ministerio de Cultura, pues sin duda es una decisión del Poder Ejecutivo en su conjunto, pero hubiéramos querido que la institución oficial creada para promocionar y velar por la cultura, y por la que tantos en el gremio cinematográfico hemos luchado, salga de manera más firme, decidida y convocante a defender sus fueros y sectores, antes de simplemente allanarse a soluciones administrativas que ningún sector del medio cinematográfico ni de la opinión pública respalda. Esperamos, por tanto, un pronunciamiento firme e inmediato de los integrantes del ex Consejo Directivo y la ex Presidenta del CONACINE, como autoridades oficiales, a la comunidad cinematográfica sobre este vertiginoso y definitivo proceso de disolución, que vulnera la Ley de Cine 26370.

Aguardamos, sin embargo, que esta medida pueda ser corregida o superada en un nuevo proyecto de ley de cine más inclusivo e integral, que no sólo debe asegurar más ingresos para el sector, sino la recuperación y consolidación de una verdadera autonomía, desarrollo y fiscalización de nuestras autoridades cinematográficas, como ocurre en casi todas las legislaciones en la materia en el mundo.

Unión de Cineastas Peruanos (UCP)
Lima, 11 de mayo del 2011

3 de mayo de 2011

Disolver o transformar el CONACINE

Lo que viene sucediendo en CONACINE y la amenaza de su inminente disolución, no es tan sorpresiva o inesperada. Sin duda, uno de los grandes meritos de la Ley 26370 fue la creación del CONACINE y su Consejo Directivo, muy superior en atribuciones y composición a lo que había sido la COPROCI de la ley anterior. La creación de un organismo autónomo y representativo ha sido una de las reivindicaciones de larga data de los cineastas, y hay que justos en reconocer que uno de los que más luchó y forcejeó porque este tema se incluyera en la ley fue Armando Robles Godoy.

Sin embargo, el Consejo creado por el gobierno de Fujimori adolecía de un problema estructural, porque su autonomía era bastante limitada y precaria, por decir lo menos, empezando por la insuficiencia de fondos del Estado (en abierto incumplimiento de la Ley) y el escaso margen para tomar decisiones de sus miembros (recuérdese todo los líos sobre los viajes de la Presidencia del CONACINE a Ibermedia y otras instancias internacionales, “resueltas” de forma tan irregular como colectas de las empresas concursantes).

Por esta razón, cuando estuvimos en la Comisión creada por el CONACINE para la elaboración de un proyecto de nueva Ley de Cine, consideramos que la única solución para este impasse era convertirlo en un Instituto (que se llamaría INCINE), y que tuviera categoría de Organismo Público Descentralizado (OPD), que es la única instancia que permite el Estado con plena autonomía económica y funcional (ver: http://porlanuevaleydecine.blogspot.com/2007/07/proyecto-de-nueva-ley-de-cinematografa.html ). Para citar algunas OPD’s, tenemos al INDECOPI, CONCYTEC y la Biblioteca Nacional. Lamentablemente el proyecto de ley no pudo prosperar en el Congreso en los años de Toledo, y uno de los puntos objetados por la PCM y el MEF fue la creación de este organismo, aduciendo que no se había hecho los estudios correspondientes, que el cine no ameritaba ese status, que cual era su impacto social, etc. Eso no significa que no se pudiera hacer del CONACINE una OPD (legalmente es factible) sino que no se tenía el peso social y político para lograrlo. Por esa razón, cuando se volvió a discutir en los últimos años sobre la nueva ley, esta posibilidad no volvió a ser mencionada, por temor a que no fuera aceptada por el Ejecutivo. Lamentablemente, vemos ahora que no fue tan acertado no tomar el toro por las astas, y buscar más bien una nueva ley integral de cine antes que quedarnos parchando la vigente.

El problema de fondo es determinar la función del CONACINE (o lo que fuera que lo reemplace), que no debe limitarse a ser una gestora de concursos con recursos públicos, porque valgan verdades, para esa actividad no se requiere de ningún consejo ni mayor autonomía sino simplemente de un eficiente administrador. Pero si lo entendemos, como dice la Ley, en tanto organismo rector de la cinematografía en el Perú, que debe abordar el cine en su integralidad, desde la creación hasta la exhibición, sin dejar de lado el ámbito cultural y académico; si es pertinente y necesario lograr esa independencia y capacidad de decisión propia.

Lo cierto es que ahora estamos a punto de presenciar la desaparición del CONACINE, lo que sería un grave error, de consecuencias funestas para el futuro del cine nacional. Eso, independientemente de lo que cada uno juzgue sobre el accionar de los actuales o pasados miembros, empezando por la presidenta, o del propio funcionamiento del organismo en estos 16 años de ejecutoria de la Ley. Porque la “absorción” burocrática por el Ministerio de Cultura sólo agravará los problemas de un manejo personalizado y sin mayor comunicación y fiscalización de nuestras autoridades. Eso, además, nos deja en ridículo en el marco internacional, aunque eso parece no quitarle el sueño a nuestros gobernantes.

Por ello, y si bien en lo inmediato debemos defender todos el espacio de la ley y el CONACINE ante las acciones de un Ministerio que, aunque es de Cultura (y por el que tanto luchamos,) no parece tener nada claro lo que se juega en esta instancia. Pero también, no quedarnos en mantener el status quo de estos años y apuntar, ahora sí, a una nueva ley de cine integral, que tome por fin en serio al cine y el audiovisual en general como fenómeno cultural, económico, comercial y social, y que este acorde a los desafíos de las nuevas tecnologías, ya no podemos seguir pensando como única salida y fin a las pantallas de los cines comerciales, sin que ello signifique, por supuesto, dejarlas al imperio de las Majors. Parafraseando una vieja frase sobre la guerra, el cine es muy importante para dejarlo en manos de los burócratas, pero también es mucha responsabilidad para quienes no sean capaces de ver más allá de sus intereses particulares.

Christian Wiener

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