Censura: ¿Quién le pone el cascabel al león de la Metro?

Por Christian Wiener

La Constitución Política del Perú del año 1979 abolió de manera definitiva la censura en el país, y la posterior carta magna, pergeñada durante el fujimorismo, no se atrevió a dar marcha atrás en este punto (como si lo hizo en muchos otros aspectos). Quiere decir que, legal y constitucionalmente, no existe censura estatal en el país desde hace por lo menos 27 años[i]. Sin embargo, lo que la legislación no ha podido cautelar ni impedir es la otra censura, más solapada e indirecta, pero tal vez más eficaz y ciertamente tan intolerable como la anterior. Nos referimos a la censura de las empresas distribuidoras, en especial las representantes en el país de las “Majors” hollywoodenses (UIP, Warner y Andes Films) que desde su posición cuasi oligopólica en el mercado (entre el 70 y 80% de la cartelera es ocupado por estas empresas), deciden que podemos ver o no los peruanos.

Ya hace algunos años, un informe de la MPAA sobre Suramérica, dividía al continente entre países con un cierto nivel educativo y cultural del público (Argentina, Brasil, Chile, y Uruguay); y otros que solo valían la pena para estrenos de películas de acción, comedias fáciles y reconocidos “blockbusters”. Ni que decir que entre estos últimos esta el Perú, junto a Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Por eso, no es de extrañar que durante tantos años hayamos estado alejados de lo más significativo de la producción cinematográfica mundial, incluida la norteamericana, porque los distribuidores discriminan a su antojo que se estrena y que no en nuestras salas, incluso con las copias en Lima y los avances publicitarios proyectándose. No se puede argüir que ello es debido a la piratería[ii], pues el incremento de esa actividad es bastante posterior a esta práctica (y en cierta medida también consecuencia de ella).

Pero la discriminación no se limita a las películas que distribuyen de las casas matrices en los Estados Unidos, sino que en una actitud de verdadero “perro del hortelano” (para ponerse a tono con un reciente artículo periodístico), también bloquean y obstaculizan los estrenos de las cintas de los distribuidores independientes –que traen títulos de otras cinematografías como las europeas, asiáticas o latinoamericanas (entre las que se encuentran las peruanas, muchas de las cuales optaron por ser distribuidos por estas empresas para no verse excluidas). Uno de estos mecanismos es el llamado block booking, que como señala García Canclini[iii] consiste en la contratación de películas. “Quiere decir que las distribuidoras, para vender, por ejemplo, “El hombre araña” o “Jurassic Park”, obligan a las salas a comprar 30 filmes de bajo interés y calidad. Si un exhibidor nacional, aunque sea tan poderoso como Cinépolis, que cuenta con más de 1000 salas en México, coloca filmes no estadounidenses (mexicanos, europeos o de América latina) en las semanas preferentes, será “sancionado” por las distribuidoras de Estados Unidos privándolo de los éxitos de taquilla, generados por Hollywood.”

Estas empresas, que se apoyan para sus estrenos en el multimillonario marketing internacional de sus productos (y los periodistas complacientes que lo celebran), se benefician adicionalmente de un evidente dumping, gracias al ardid legal creado hace años para favorecer el importe de películas para festivales, y que les permite ingresar al país las decenas de copias de sus estrenos más taquilleros como internación temporal, y que luego son derivados a Ecuador y/o Bolivia, y que no quedan afectos a aranceles ni ningún otro tributo que si se aplican a otros productos y servicios.

Y como si todo esto fuera poco, y mostrando su falta de respeto a los espectadores, esta la costumbre cada vez más difundida de proyectar películas dobladas al español (y no sólo para menores), los cortes a las copias originales y, ahora último, como ha sido denunciado en varios blogs y notas periodísticas, estrenaron la película “La mujer de mis pesadillas” de los hermanos Farrelly con groseros parches y mutilaciones, con la obvia intención de “bajarle” la clasificación de impropia para menores de 18 a 14 años. Hay que mencionar que poco tiempo después de la antes mencionada “caída” de la censura, se disolvió sin pena ni gloria la otrora poderosa Junta de Clasificación de Películas (limitada en los últimos tiempos a determinar la prohibición por edades de los estrenos) y su función paso a manos de los propios distribuidores, que se “autorregularon” al modo neoliberal, con todas las facilidades a las empresas y descrédito del Estado. Isaac León ha propuesto que se quite al gato del despensero y se restablezca la función de la Junta, posiblemente en manos del CONACINE (donde están presente los distribuidores y exhibidores, además del representante del INDECOPI), que podría supervisar también el estado y las condiciones de las copias a estrenarse, para evitar casos como “La mujer de mis pesadillas”[iv].

Tiene razón el comunicado de protesta de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (APRECI), al instar “al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), entidad que, cada vez que destruye material pirata, usa aplanadoras parecidas a la hegemónica distribución del cine norteamericano, y al Consejo Nacional de Cinematografía (CONACINE), ente oficial del cine peruano donde también están representados los distribuidores, exhibidores y el INDECOPI, a que se pronuncien sobre este abuso empresarial contra una obra cinematográfica y el derecho del público a consumir un producto tal como lo concibieron sus realizadores”. Hasta el momento, ninguna de estas dos instituciones se ha pronunciado en este tema, lo que me parece un grave error. INDECOPI debería recordar que más que actuar como guachimán o relacionista público de las empresas distribuidoras (por ejemplo, en la campaña del “día del cine”) su principal obligación es frente al público y en defensa de los derechos del consumidor, lo que los obligaría a actuar de oficio ante la evidente estafa y atentado comercial. Pero creo que pedir que sancionen a una empresa que representa intereses norteamericanos, a puertas de la aprobación del TLC en los Estados Unidos, es casi una utopía (ya podemos imaginando lo que pasará en el futuro)

Un Estado indolente, que deja hacer y pasar, protegiendo al más fuerte, sobretodo si es extranjero, y sin respeto de los ciudadanos de a pie; para no hablar, otra vez, de la falta de apoyo al arte y la cultura, que parecen palabras borradas en todo discurso oficial. Y pensar que unos años atrás todavía se podía promover la exhibición en salas comerciales de obras de calidad, diferenciadas e incluso nacionales, acogiéndose a una posible exoneración del impuesto municipal (que es el 10% del boleto), pero ahora ni siquiera eso subsiste. No es extraño que con gobernantes así, el Perú ocupe el último lugar en matera educativa en nuestro continente. Mientras tanto, vamos al cine o, mejor, consumimos pirata (que por lo menos nos entrega la película completa). Usted decide.

[i] Por lo menos en teoría, ya que en el primer gobierno de Alan García se presentó el affaire de “La última tentación de Cristo”, la película de Martin Scorsese que por presiones de la alta jerarquía católica no logro ser estrenada en su oportunidad, aunque varios años después si llego a exhibirse en las salas de estreno.
[ii] Picante tema que será motivo de un futuro post
[iii] NÉSTOR GARCÍA CANCLINI. Diferentes, desiguales y desconectados. Gedisa Editorial. Buenos Aires, 2004. Pag. 206.
[iv] En un comentario en la lista de Cinemaperú, Guayo Cayo ha indicado con acierto que la colocación de los “taparrabos” que exhibe la copia sólo habría sido posible haciendo un internegativo, que es un proceso caro y complejo, lo que lleva a pensar que esta versión fue instrumentalizada desde la casa matríz, lo que no exonera de responsabilidad a la filial local de UIP