Introducción
Existe un antiguo debate sobre la necesidad de que el Estado intervenga para garantizar el acceso de toda la población a los bienes y servicios culturales. Más allá de las diferentes posiciones políticas e ideológicas, es posible afirmar que hay cierto consenso en colocar algunos límites a los mecanismos de asignación de recursos por parte del mercado, teniendo en cuenta que éstos no aseguran una distribución universal ni equitativa de la producción cultural entre los ciudadanos. Asimismo, otro debate clásico es cómo proteger la generación de contenidos culturales nacionales y regionales, y en qué medida es deseable y posible incidir en los gustos y pautas de consumo de la población a favor de la cultura autóctona, que estaría cada vez más amenazada por el avance de la globalización y, en particular, por el desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).
En cambio, más incipiente es el debate sobre la necesidad de proteger y fomentar las industrias culturales nacionales en cuanto actividad económica que aporta valor agregado, genera empleo de alta calificación, permite el crecimiento de exportaciones no tradicionales, y produce sinergias con otros sectores de la economía. Más recientemente, este debate está comenzando a cobrar relevancia en la región y en nuestro país, debido a que las estadísticas muestran que las industrias de base cultural constituyen uno de los sectores más dinámicos de la economía mundial, están aumentando su participación en el comercio mundial y tienen un pronóstico de crecimiento en los próximos años a tasas muy elevadas.
En nuestro país dicho interés se refleja en varios estudios realizados en los últimos años por el sector público, académico y no gubernamental. En todos estos casos existe un esfuerzo por desarrollar una masa crítica de información en un sector que hasta hace pocos años estaba huérfano de datos; efectuar un diagnóstico económico de las industrias culturales teniendo en cuenta cuáles son sus potencialidades y limitaciones, y realizar propuestas de políticas públicas articuladas con el sector privado que generen un clima apropiado para los negocios, y el desarrollo de instrumentos para lograr un fuerte crecimiento en el corto, mediano y largo plazo.
A partir del debate que está en marcha, este artículo intenta analizar la viabilidad de las industrias culturales desde el punto de vista económico, entendiendo que dicha viabilidad es posible en la medida en que el mercado sea capaz de generar los incentivos para la producción y que exista una demanda adecuada por parte de los consumidores locales y extranjeros. También analiza en qué medida la intervención del Estado resulta vital para asegurar la viabilidad de la producción industrial cultural, o para mejorar las posibilidades de acceso de la población a los bienes culturales, superar fallas de mercado, y mejorar el desenvolvimiento económico del sector.
Viabilidad económica, mercado e intervención estatal
Es importante aclarar que la enorme mayoría de las actividades económicas requiere de intervenciones por parte del Estado, que ocurren a través de mecanismos sumamente variados. Así el Estado se involucra realizando obras de infraestructura, imponiendo protecciones arancelarias, financiando actividades a tasas de crédito subsidiadas, a través del “compre nacional” o produciendo directamente a través de empresas estatales.
En el caso particular de las industrias culturales, la viabilidad del mercado y la necesidad de intervención estatal están vinculadas con la escala mínima de consumidores que requieren los bienes culturales para amortizar sus costos de producción. En tal sentido, si no se dispusiera de subsidios, una película –aun modesta– requeriría una cantidad mínima de 150.000 asistentes para cubrir sus costos, que es muy superior al promedio que exhiben las películas nacionales. En cambio, lanzar un título editorial al mercado tiene un costo menor, puesto que la escala mínima técnica de la producción industrial se sitúa en alrededor de 1.500 ejemplares.
El riesgo inherente a todo emprendimiento cultural es muy elevado. Por tal razón, para que una empresa pueda tener una rentabilidad positiva necesita compensar las ganancias que produce una escasa cantidad de éxitos con un número mayor de fracasos. Por otra parte, aun en el caso de que existan ganancias, el ciclo de los productos culturales es particularmente largo, y en algunas ocasiones se requiere entre uno y dos años para recuperar las inversiones realizadas. En el peor y más frecuente de los casos, los productos significan una pérdida para las empresas, que requieren ser compensadas por ganancias anteriores o futuras para que la empresa permanezca en el mercado, Sólo una diversificación importante de la producción permite diversificar el riesgo, y permitir que una empresa tenga rentabilidad y permanezca en el mercado.
La industria del cine
El cine es el ejemplo arquetípico de una industria que, salvo contadísimas excepciones, no puede funcionar en ningún país sin que exista una fuerte intervención del Estado que neutralice la competencia con las superproducciones norteamericanas y un tamaño de mercado mínimo para amortizar los costos de producción, que se compone del público que asiste a las salas, la venta de derechos para video y las distintas ventanas televisivas, y la exportación. Por esa razón, los países que desean tener una producción cinematográfica nacional, necesitan aplicar instrumentos de promoción y regulación.
En primer lugar, para que haya cine nacional es indispensable asegurar que las salas exhiban las películas hechas en el país, puesto que en una situación de total desregulación muchas de ellas ni siquiera llegarían a estrenarse. Para eso existe la llamada “cuota de pantalla”, que obliga a las empresas exhibidoras a estrenar un mínimo de películas nacionales por año. En segundo lugar debe garantizarse que esas películas, en la medida que obtengan una respuesta aceptable del público, no sean levantadas, lo cual es posible a través de la “media de continuidad”, que establece que una película debe mantenerse en la cartelera si consigue cada semana una cantidad de espectadores no inferior a la media promedio de la sala en que se exhibe. En tercer lugar, dado que las medidas anteriores tampoco garantizan que el film tenga una asistencia de público que sumado a otros ingresos (venta de derechos para televisión, VHS y DVDs, exportaciones, etc.) vuelva rentable el emprendimiento rentable, resulta necesario que una parte del costo de producción sea subsidiado. En nuestro país, las películas reciben un subsidio fijo que depende del costo de producción y características del film, mientras que el otro componente depende del resultado de taquilla (cuanto más entradas vende una película, más dinero en concepto de subsidio reciben los productores). También existe un componente de los fondos de promoción que se destina a otorgar créditos para la producción cinematográfica.
El sistema de subsidio a la producción cinematográfica se financia fundamentalmente con un impuesto que pagan los espectadores que asisten al cine, con otro impuesto a la venta y alquiler de VHS y DVDs, y con un aporte que realiza el COMFER sobre un impuesto que se le aplica a los canales de televisión en función de sus ingresos por publicidad.
La importancia del régimen de subsidios es decisiva para la producción nacional. En ese sentido un estudio realizado a partir de los films nacionales estrenados entre 2000 y 2002 muestra que la enorme mayoría hubiera tenido un saldo económico negativo, de no haber contado con los subsidios del INCAA (Seivach y Perelman, 2005). También se aprecia la fuerte concentración de concurrencia y recaudación entre unos pocos filmes, puesto que del total de largometrajes estrenados en 2002, 59,4% de ellos fue visto por menos de 10.000 espectadores. En muchos casos, las películas tienen una rentabilidad negativa aun considerando los subsidios del INCAA; mientras que otras sólo consiguen salir airosas (al menos no pierden o tienen una rentabilidad positiva) sumando a los subsidios el aporte de fondos internacionales que se destinan a cofinanciar a las producciones independientes.
Es cierto que muchas películas que pasan desapercibidas para el público masivo tienen buenas críticas en el exterior y ganan premios en festivales internacionales. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esto no necesariamente se traduce en éxitos desde el punto de vista comercial. Las películas que tienen mayor repercusión de público en el exterior casi siempre son las mismas que mostraron un buen desempeño en el mercado local.
A través del INCAA el Estado también interviene en el fomento de la exhibición de cine argentino, apoyando a empresas exhibidoras mediante subsidios y créditos para que mejoren su infraestructura y equipamiento, o abran nuevas salas, a cambio del respeto de una cuota de pantalla especial (parcial o total) destinada al cine nacional y latinoamericano. En la actualidad existen cerca de 25 cines comprendidos en el proyecto “Espacios INCAA”, algunos de ellos en países extranjeros.
La industria del libro
El caso de la industria del libro es, en principio, bastante diferente en lo que se refiere al grado de intervención del Estado. En primer lugar, es obvio que las empresas editoriales no requieren subsidios por parte del Estado como condición necesaria para su existencia, tal como lo demuestra la existencia de una trama importante de empresas grandes, medianas y pequeñas con una larga trayectoria en el mercado editorial argentino. Las más antiguas tienen más de sesenta años en los que crecieron a partir del desarrollo de un sólido mercado interno que mostraba como característica distintiva en el ámbito regional un nivel educativo, cultural y socioeconómico relativamente alto. Asimismo, Argentina se constituyó en un país líder en la exportación de libros al mercado hispano parlante, fundamentalmente por la venta de títulos de autores extranjeros traducidos al español, incluyendo entre sus destinos más importantes a España, cuyo sector editorial se vio afectado muy negativamente por la dictadura franquista.
El éxito de la industria editorial argentina y la destacada proyección al exterior se debió a la excelente calidad de los libros, entre los que podemos destacar tres aspectos: una generación de editores que constituyó un catálogo de renombrados escritores, un reconocido liderazgo en las traducciones de obras extranjeras, y muy buenas impresiones y encuadernaciones.
En los últimos años la industria del libro argentina no fue ajena al descalabro económico en que se sumió el país, lo que se manifestó en una reducción de los títulos editados y especialmente en el número de ejemplares impresos. La importación de libros creció a raíz de la caída de la competitividad y la pérdida de calidad de la producción nacional, y el grado de integración de la cadena de valor se resintió debido a que al menos la quinta parte de los libros de edición nacional se imprimía en países extranjeros. A ello se sumó que, en la década del 90 y en los primeros años de la actual se produjo un proceso de concentración y extranjerización en el que fueron adquiridas muchas de las editoriales de mayor importancia y trayectoria, que tuvo su otra cara en la quiebra de numerosas firmas pequeñas. Sin embargo, en el mismo período surgieron nuevas editoriales favorecidas por un mercado cada vez más segmentado desde el punto de vista de intereses temáticos, que ofreció nuevo “nichos” para la producción. Luego de atravesar varios años de fuerte recesión, desde 2003 la industria muestra una franca recuperación; incluso la cantidad de títulos editados en 2004 se ha convertido en récord, al menos desde el inicio del registro ISBN en 1982.
Aunque el mercado ha sido y continúa siendo en este sector el principal factor que dinamiza el desarrollo de la industria del libro argentino, el papel del sector público siempre ha sido relevante. En primer lugar, es indudable que la existencia de un mercado amplio de lectores no podría haberse logrado sin la temprana extensión de la escolaridad pública obligatoria y el crecimiento de una importante matrícula universitaria; y tampoco sin la enorme cantidad de bibliotecas populares, públicas, escolares y universitarias que se extendieron por toda la geografía del país, y que permitieron un acceso relativamente igualitario de la población a la lectura.
Más recientemente, se pueden identificar otras iniciativas del sector público orientadas al desarrollo del sector, de las cuales mencionamos aquellas que tienen mayor relevancia. Luego, se mencionan otros problemas que existen y requieren de medidas que están siendo implementadas o se encuentran en fase de estudio e implementación.
La Ley de Defensa de la Actividad Librera de 2001 establece que las editoriales son las únicas que pueden fijar el precio de tapa de los libros. Esta ley tiene entre sus principales objetivos defender a los canales de comercialización pequeños de la competencia con los supermercados y las grandes cadenas de librerías surgidas en los noventa; proteger la diversidad bibliográfica que ofrecen .las pequeñas librerías orientadas a fines temáticos (pero que para sobrevivir a la competencia necesitan vender en igualdad de condiciones los best sellers); y mantener la presencia de librerías en los barrios periféricos de los centros urbanos más importantes y en las pequeñas ciudades del interior del país.
Otra iniciativa del Estado que merece destacarse es la sanción, también en el año 2001, de la Ley de Fomento del Libro y la Lectura, que tiene entre sus principales objetivos estimular el trabajo creativo de los autores; incrementar y mejorar la producción editorial nacional; asegurar el patrimonio bibliográfico y el acceso de la población a los libros; fomentar la cultura de la lectura desde la niñez; adoptar medidas tributarias favorables a la producción nacional; y erradicar las ediciones clandestinas y las copias no autorizadas de libros. Cabe destacar que varios artículos centrales de esta ley, como la aplicación del IVA cero para toda la cadena de valor, y la exención del impuesto a las ganancia para los autores fue vetada por el Poder Ejecutivo Nacional y no pudo ser incluida en los años posteriores, a pesar de los reiterados reclamos del sector. Esto muestra la disputa que existe por el grado y sentido de las intervenciones públicas en dos ítems en que se demandan políticas de exención tributaria, que implican para el fisco una pérdida de recursos y que pueden inducir a otros sectores económicos a solicitar medidas similares. En ese sentido, cabe destacarse que la ley plantea como un punto central la creación de un Fondo Nacional de Fomento del Libro, que en la práctica no logró incrementar los recursos económicos destinados para los objetivos señalados en la Ley.
Entre las políticas públicas más importantes llevadas a cabo en los últimos años, cabe mencionar las acciones del Estado para lograr un mayor acceso de la población a los libros. Nos referimos fundamentalmente a la constitución y dotación de bibliotecas escolares en zonas de bajos recursos, al apoyo a la compra de libros por parte de las bibliotecas populares y a las campañas públicas de promoción de la lectura. No obstante, estas acciones se han caracterizado por la falta de continuidad en el tiempo y la escasez de fondos que han sido destinados en comparación con las necesidades detectadas.
Un aspecto importante que queremos resaltar es que si bien la mayoría de estas acciones apunta a favorecer el acceso a los libros y promover la lectura en la población, muchas de ellas repercuten favorablemente sobre la industria editorial. En muchos casos, no obstante, dichos efectos no son directos, o sólo se producen en el mediano y largo plazo.
Entre las medidas que tienen un efecto directo y a corto plazo, se cuentan las compras de libros que realiza el Estado para dotar a las bibliotecas o distribuir ejemplares gratuitos a la población. A través de estas compras las editoriales se aseguran la viabilidad económica de los libros de su catálogo que son seleccionados y, en algunos casos –como en el de las editoriales que trabajan con libros de texto– las ventas al Estado pueden ser determinantes para lograr una rentabilidad general. Por su parte, en el caso de los libros de ficción e interés general, cada título que adquiere la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) significa un piso de ventas, sin considerar el mercado, de 1.500 ejemplares, que es un valor cercano al promedio de tirada de los últimos años.
El programa “Opción Libros”[iv] lanzado hace apenas dos meses por la Subsecretaría de Industrias Culturales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un buen ejemplo de la necesidad de encontrar instrumentos que beneficien tanto a las editoriales como a los lectores. Dado que este programa funciona promoviendo un acuerdo entre editoriales PyMEs y librerías para la exhibición de obras seleccionadas por las primeras, el público lector tiene la posibilidad de tomar contacto con este material y eventualmente adquirirlo. Para las editoriales, por su parte, “Opción libros” les permite el mejor conocimiento del sello editorial, la difusión de su catálogo y la posibilidad de incrementar sustancialmente las ventas de autores poco conocidos por los lectores. En tal sentido, resulta muy relevante tener en cuenta que alrededor del 50% de los libros que se venden –si excluimos los de texto-, son para regalo, y que en este caso hay una fuerte tendencia a realizar apuestas relativamente conservadoras, reforzando la venta de los títulos mejor exhibidos en los canales de venta, que son los best sellers. Para algunas librerías también significa una oportunidad para incrementar sus ventas globales, en la medida en que amplían su oferta visible.
Si se piensa en los factores que determinaron la época dorada del libro argentino, es necesario retomar ciertos requisitos que garanticen productos de calidad, sobre todo en la medida que quiera recuperarse el enorme terreno perdido en el mercado hispanoparlante. Para eso resulta imprescindible mejorar integralmente el funcionamiento de la cadena de valor, y remover los principales obstáculos que enfrenta el sector en el nuevo contexto macroeconómico. Un inconveniente grave que surgió con posterioridad al abandono de la convertibilidad, es la ausencia de financiamiento para la adquisición de papel que, como es un commodity, con la devaluación triplicó sus precios, a lo que se sumó una fase ascendente a nivel internacional. La estructura oligopólica de la producción de papel, el aumento de la proporción que se coloca en los mercados externos, también se ha traducido en fuertes reducciones de stock y demoras en las entregas. Esta situación es otro ejemplo de cómo en determinados contextos macroeconómicos la asignación de recursos por parte del mercado no conduce a soluciones eficientes, y de cómo esas fallas repercuten sobre los eslabones más débiles de una cadena de valor (las editoriales versus las papeleras) o en el interior de un eslabón. En tal sentido, las grandes editoriales tienen mayor capacidad de financiamiento propio, consiguen negociar mejores plazos con los fabricantes o distribuidores de papel, y pueden planificar sus compras con mayor antelación para evitar faltantes, mientras que las editoriales pequeñas no disponen de esos recursos.
El precio de los derechos editoriales de autores extranjeros también creció en forma proporcional a la devaluación, lo que dificulta mucho la posibilidad de las editoriales argentinas de competir con España y otros países de habla hispana. También en este caso resulta necesario contar con instrumentos originales para financiar la compra de derechos de autor, como podría ser la constitución de un fideicomiso, que permita que los inversores obtengan una rentabilidad global, y reduzcan el alto riesgo de apostar a cada título.
Conclusiones
Hemos tratado de mostrar con la presentación de dos de las industrias culturales con mayor trayectoria y posibilidades de crecimiento del país, la viabilidad económica que presentan a través del libre juego del mercado y el papel que tiene la intervención estatal en cada caso. Así, en el caso del cine observamos que los instrumentos de promoción, como los subsidios y créditos, y las normas para garantizar la exhibición, como la cuota de pantalla y la media de continuidad, resultan indispensables para garantizar la existencia de la producción cinematográfica, ya que de otra manera resultaría imposible que las películas nacionales pudieran salvar la competencia con las multimillonarias producciones hollywoodenses.
En el caso de la industria del libro, en cambio, se ha visto que es posible que exista una industria editorial nacional sin que el Estado intervenga de manera directa fomentando la actividad. No obstante, se señaló el papel insustituible que tiene el sector público en lo que respecta al logro de una educación de calidad, el acceso a los libros y la promoción de la lectura, especialmente en un país donde la pobreza y la desigualdad del ingreso se han visto tan fuertemente agravados en los últimos años. También se recalcó el impacto indirecto que estas medidas tienen sobre la oferta de las editoriales.
[1] Artículo preparado especialmente para este número de la Revista Observatorio.
[2] Director del CEDEM (Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano)
[3] Consultora, especialista en Industrias Culturales de dicho organismo.
[iv] Opción Libros es una iniciativa de la Subsecretaría de Gestión e Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura del GCBA destinada a fomentar y promover las ediciones de calidad de las pequeñas y medianas editoriales a través de la creación de espacios destacados de venta en las librerías y una importante difusión de prensa.
Es importante aclarar que la enorme mayoría de las actividades económicas requiere de intervenciones por parte del Estado, que ocurren a través de mecanismos sumamente variados. Así el Estado se involucra realizando obras de infraestructura, imponiendo protecciones arancelarias, financiando actividades a tasas de crédito subsidiadas, a través del “compre nacional” o produciendo directamente a través de empresas estatales.
En el caso particular de las industrias culturales, la viabilidad del mercado y la necesidad de intervención estatal están vinculadas con la escala mínima de consumidores que requieren los bienes culturales para amortizar sus costos de producción. En tal sentido, si no se dispusiera de subsidios, una película –aun modesta– requeriría una cantidad mínima de 150.000 asistentes para cubrir sus costos, que es muy superior al promedio que exhiben las películas nacionales. En cambio, lanzar un título editorial al mercado tiene un costo menor, puesto que la escala mínima técnica de la producción industrial se sitúa en alrededor de 1.500 ejemplares.
El riesgo inherente a todo emprendimiento cultural es muy elevado. Por tal razón, para que una empresa pueda tener una rentabilidad positiva necesita compensar las ganancias que produce una escasa cantidad de éxitos con un número mayor de fracasos. Por otra parte, aun en el caso de que existan ganancias, el ciclo de los productos culturales es particularmente largo, y en algunas ocasiones se requiere entre uno y dos años para recuperar las inversiones realizadas. En el peor y más frecuente de los casos, los productos significan una pérdida para las empresas, que requieren ser compensadas por ganancias anteriores o futuras para que la empresa permanezca en el mercado, Sólo una diversificación importante de la producción permite diversificar el riesgo, y permitir que una empresa tenga rentabilidad y permanezca en el mercado.
La industria del cine
El cine es el ejemplo arquetípico de una industria que, salvo contadísimas excepciones, no puede funcionar en ningún país sin que exista una fuerte intervención del Estado que neutralice la competencia con las superproducciones norteamericanas y un tamaño de mercado mínimo para amortizar los costos de producción, que se compone del público que asiste a las salas, la venta de derechos para video y las distintas ventanas televisivas, y la exportación. Por esa razón, los países que desean tener una producción cinematográfica nacional, necesitan aplicar instrumentos de promoción y regulación.
En primer lugar, para que haya cine nacional es indispensable asegurar que las salas exhiban las películas hechas en el país, puesto que en una situación de total desregulación muchas de ellas ni siquiera llegarían a estrenarse. Para eso existe la llamada “cuota de pantalla”, que obliga a las empresas exhibidoras a estrenar un mínimo de películas nacionales por año. En segundo lugar debe garantizarse que esas películas, en la medida que obtengan una respuesta aceptable del público, no sean levantadas, lo cual es posible a través de la “media de continuidad”, que establece que una película debe mantenerse en la cartelera si consigue cada semana una cantidad de espectadores no inferior a la media promedio de la sala en que se exhibe. En tercer lugar, dado que las medidas anteriores tampoco garantizan que el film tenga una asistencia de público que sumado a otros ingresos (venta de derechos para televisión, VHS y DVDs, exportaciones, etc.) vuelva rentable el emprendimiento rentable, resulta necesario que una parte del costo de producción sea subsidiado. En nuestro país, las películas reciben un subsidio fijo que depende del costo de producción y características del film, mientras que el otro componente depende del resultado de taquilla (cuanto más entradas vende una película, más dinero en concepto de subsidio reciben los productores). También existe un componente de los fondos de promoción que se destina a otorgar créditos para la producción cinematográfica.
El sistema de subsidio a la producción cinematográfica se financia fundamentalmente con un impuesto que pagan los espectadores que asisten al cine, con otro impuesto a la venta y alquiler de VHS y DVDs, y con un aporte que realiza el COMFER sobre un impuesto que se le aplica a los canales de televisión en función de sus ingresos por publicidad.
La importancia del régimen de subsidios es decisiva para la producción nacional. En ese sentido un estudio realizado a partir de los films nacionales estrenados entre 2000 y 2002 muestra que la enorme mayoría hubiera tenido un saldo económico negativo, de no haber contado con los subsidios del INCAA (Seivach y Perelman, 2005). También se aprecia la fuerte concentración de concurrencia y recaudación entre unos pocos filmes, puesto que del total de largometrajes estrenados en 2002, 59,4% de ellos fue visto por menos de 10.000 espectadores. En muchos casos, las películas tienen una rentabilidad negativa aun considerando los subsidios del INCAA; mientras que otras sólo consiguen salir airosas (al menos no pierden o tienen una rentabilidad positiva) sumando a los subsidios el aporte de fondos internacionales que se destinan a cofinanciar a las producciones independientes.
Es cierto que muchas películas que pasan desapercibidas para el público masivo tienen buenas críticas en el exterior y ganan premios en festivales internacionales. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esto no necesariamente se traduce en éxitos desde el punto de vista comercial. Las películas que tienen mayor repercusión de público en el exterior casi siempre son las mismas que mostraron un buen desempeño en el mercado local.
A través del INCAA el Estado también interviene en el fomento de la exhibición de cine argentino, apoyando a empresas exhibidoras mediante subsidios y créditos para que mejoren su infraestructura y equipamiento, o abran nuevas salas, a cambio del respeto de una cuota de pantalla especial (parcial o total) destinada al cine nacional y latinoamericano. En la actualidad existen cerca de 25 cines comprendidos en el proyecto “Espacios INCAA”, algunos de ellos en países extranjeros.
La industria del libro
El caso de la industria del libro es, en principio, bastante diferente en lo que se refiere al grado de intervención del Estado. En primer lugar, es obvio que las empresas editoriales no requieren subsidios por parte del Estado como condición necesaria para su existencia, tal como lo demuestra la existencia de una trama importante de empresas grandes, medianas y pequeñas con una larga trayectoria en el mercado editorial argentino. Las más antiguas tienen más de sesenta años en los que crecieron a partir del desarrollo de un sólido mercado interno que mostraba como característica distintiva en el ámbito regional un nivel educativo, cultural y socioeconómico relativamente alto. Asimismo, Argentina se constituyó en un país líder en la exportación de libros al mercado hispano parlante, fundamentalmente por la venta de títulos de autores extranjeros traducidos al español, incluyendo entre sus destinos más importantes a España, cuyo sector editorial se vio afectado muy negativamente por la dictadura franquista.
El éxito de la industria editorial argentina y la destacada proyección al exterior se debió a la excelente calidad de los libros, entre los que podemos destacar tres aspectos: una generación de editores que constituyó un catálogo de renombrados escritores, un reconocido liderazgo en las traducciones de obras extranjeras, y muy buenas impresiones y encuadernaciones.
En los últimos años la industria del libro argentina no fue ajena al descalabro económico en que se sumió el país, lo que se manifestó en una reducción de los títulos editados y especialmente en el número de ejemplares impresos. La importación de libros creció a raíz de la caída de la competitividad y la pérdida de calidad de la producción nacional, y el grado de integración de la cadena de valor se resintió debido a que al menos la quinta parte de los libros de edición nacional se imprimía en países extranjeros. A ello se sumó que, en la década del 90 y en los primeros años de la actual se produjo un proceso de concentración y extranjerización en el que fueron adquiridas muchas de las editoriales de mayor importancia y trayectoria, que tuvo su otra cara en la quiebra de numerosas firmas pequeñas. Sin embargo, en el mismo período surgieron nuevas editoriales favorecidas por un mercado cada vez más segmentado desde el punto de vista de intereses temáticos, que ofreció nuevo “nichos” para la producción. Luego de atravesar varios años de fuerte recesión, desde 2003 la industria muestra una franca recuperación; incluso la cantidad de títulos editados en 2004 se ha convertido en récord, al menos desde el inicio del registro ISBN en 1982.
Aunque el mercado ha sido y continúa siendo en este sector el principal factor que dinamiza el desarrollo de la industria del libro argentino, el papel del sector público siempre ha sido relevante. En primer lugar, es indudable que la existencia de un mercado amplio de lectores no podría haberse logrado sin la temprana extensión de la escolaridad pública obligatoria y el crecimiento de una importante matrícula universitaria; y tampoco sin la enorme cantidad de bibliotecas populares, públicas, escolares y universitarias que se extendieron por toda la geografía del país, y que permitieron un acceso relativamente igualitario de la población a la lectura.
Más recientemente, se pueden identificar otras iniciativas del sector público orientadas al desarrollo del sector, de las cuales mencionamos aquellas que tienen mayor relevancia. Luego, se mencionan otros problemas que existen y requieren de medidas que están siendo implementadas o se encuentran en fase de estudio e implementación.
La Ley de Defensa de la Actividad Librera de 2001 establece que las editoriales son las únicas que pueden fijar el precio de tapa de los libros. Esta ley tiene entre sus principales objetivos defender a los canales de comercialización pequeños de la competencia con los supermercados y las grandes cadenas de librerías surgidas en los noventa; proteger la diversidad bibliográfica que ofrecen .las pequeñas librerías orientadas a fines temáticos (pero que para sobrevivir a la competencia necesitan vender en igualdad de condiciones los best sellers); y mantener la presencia de librerías en los barrios periféricos de los centros urbanos más importantes y en las pequeñas ciudades del interior del país.
Otra iniciativa del Estado que merece destacarse es la sanción, también en el año 2001, de la Ley de Fomento del Libro y la Lectura, que tiene entre sus principales objetivos estimular el trabajo creativo de los autores; incrementar y mejorar la producción editorial nacional; asegurar el patrimonio bibliográfico y el acceso de la población a los libros; fomentar la cultura de la lectura desde la niñez; adoptar medidas tributarias favorables a la producción nacional; y erradicar las ediciones clandestinas y las copias no autorizadas de libros. Cabe destacar que varios artículos centrales de esta ley, como la aplicación del IVA cero para toda la cadena de valor, y la exención del impuesto a las ganancia para los autores fue vetada por el Poder Ejecutivo Nacional y no pudo ser incluida en los años posteriores, a pesar de los reiterados reclamos del sector. Esto muestra la disputa que existe por el grado y sentido de las intervenciones públicas en dos ítems en que se demandan políticas de exención tributaria, que implican para el fisco una pérdida de recursos y que pueden inducir a otros sectores económicos a solicitar medidas similares. En ese sentido, cabe destacarse que la ley plantea como un punto central la creación de un Fondo Nacional de Fomento del Libro, que en la práctica no logró incrementar los recursos económicos destinados para los objetivos señalados en la Ley.
Entre las políticas públicas más importantes llevadas a cabo en los últimos años, cabe mencionar las acciones del Estado para lograr un mayor acceso de la población a los libros. Nos referimos fundamentalmente a la constitución y dotación de bibliotecas escolares en zonas de bajos recursos, al apoyo a la compra de libros por parte de las bibliotecas populares y a las campañas públicas de promoción de la lectura. No obstante, estas acciones se han caracterizado por la falta de continuidad en el tiempo y la escasez de fondos que han sido destinados en comparación con las necesidades detectadas.
Un aspecto importante que queremos resaltar es que si bien la mayoría de estas acciones apunta a favorecer el acceso a los libros y promover la lectura en la población, muchas de ellas repercuten favorablemente sobre la industria editorial. En muchos casos, no obstante, dichos efectos no son directos, o sólo se producen en el mediano y largo plazo.
Entre las medidas que tienen un efecto directo y a corto plazo, se cuentan las compras de libros que realiza el Estado para dotar a las bibliotecas o distribuir ejemplares gratuitos a la población. A través de estas compras las editoriales se aseguran la viabilidad económica de los libros de su catálogo que son seleccionados y, en algunos casos –como en el de las editoriales que trabajan con libros de texto– las ventas al Estado pueden ser determinantes para lograr una rentabilidad general. Por su parte, en el caso de los libros de ficción e interés general, cada título que adquiere la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) significa un piso de ventas, sin considerar el mercado, de 1.500 ejemplares, que es un valor cercano al promedio de tirada de los últimos años.
El programa “Opción Libros”[iv] lanzado hace apenas dos meses por la Subsecretaría de Industrias Culturales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un buen ejemplo de la necesidad de encontrar instrumentos que beneficien tanto a las editoriales como a los lectores. Dado que este programa funciona promoviendo un acuerdo entre editoriales PyMEs y librerías para la exhibición de obras seleccionadas por las primeras, el público lector tiene la posibilidad de tomar contacto con este material y eventualmente adquirirlo. Para las editoriales, por su parte, “Opción libros” les permite el mejor conocimiento del sello editorial, la difusión de su catálogo y la posibilidad de incrementar sustancialmente las ventas de autores poco conocidos por los lectores. En tal sentido, resulta muy relevante tener en cuenta que alrededor del 50% de los libros que se venden –si excluimos los de texto-, son para regalo, y que en este caso hay una fuerte tendencia a realizar apuestas relativamente conservadoras, reforzando la venta de los títulos mejor exhibidos en los canales de venta, que son los best sellers. Para algunas librerías también significa una oportunidad para incrementar sus ventas globales, en la medida en que amplían su oferta visible.
Si se piensa en los factores que determinaron la época dorada del libro argentino, es necesario retomar ciertos requisitos que garanticen productos de calidad, sobre todo en la medida que quiera recuperarse el enorme terreno perdido en el mercado hispanoparlante. Para eso resulta imprescindible mejorar integralmente el funcionamiento de la cadena de valor, y remover los principales obstáculos que enfrenta el sector en el nuevo contexto macroeconómico. Un inconveniente grave que surgió con posterioridad al abandono de la convertibilidad, es la ausencia de financiamiento para la adquisición de papel que, como es un commodity, con la devaluación triplicó sus precios, a lo que se sumó una fase ascendente a nivel internacional. La estructura oligopólica de la producción de papel, el aumento de la proporción que se coloca en los mercados externos, también se ha traducido en fuertes reducciones de stock y demoras en las entregas. Esta situación es otro ejemplo de cómo en determinados contextos macroeconómicos la asignación de recursos por parte del mercado no conduce a soluciones eficientes, y de cómo esas fallas repercuten sobre los eslabones más débiles de una cadena de valor (las editoriales versus las papeleras) o en el interior de un eslabón. En tal sentido, las grandes editoriales tienen mayor capacidad de financiamiento propio, consiguen negociar mejores plazos con los fabricantes o distribuidores de papel, y pueden planificar sus compras con mayor antelación para evitar faltantes, mientras que las editoriales pequeñas no disponen de esos recursos.
El precio de los derechos editoriales de autores extranjeros también creció en forma proporcional a la devaluación, lo que dificulta mucho la posibilidad de las editoriales argentinas de competir con España y otros países de habla hispana. También en este caso resulta necesario contar con instrumentos originales para financiar la compra de derechos de autor, como podría ser la constitución de un fideicomiso, que permita que los inversores obtengan una rentabilidad global, y reduzcan el alto riesgo de apostar a cada título.
Conclusiones
Hemos tratado de mostrar con la presentación de dos de las industrias culturales con mayor trayectoria y posibilidades de crecimiento del país, la viabilidad económica que presentan a través del libre juego del mercado y el papel que tiene la intervención estatal en cada caso. Así, en el caso del cine observamos que los instrumentos de promoción, como los subsidios y créditos, y las normas para garantizar la exhibición, como la cuota de pantalla y la media de continuidad, resultan indispensables para garantizar la existencia de la producción cinematográfica, ya que de otra manera resultaría imposible que las películas nacionales pudieran salvar la competencia con las multimillonarias producciones hollywoodenses.
En el caso de la industria del libro, en cambio, se ha visto que es posible que exista una industria editorial nacional sin que el Estado intervenga de manera directa fomentando la actividad. No obstante, se señaló el papel insustituible que tiene el sector público en lo que respecta al logro de una educación de calidad, el acceso a los libros y la promoción de la lectura, especialmente en un país donde la pobreza y la desigualdad del ingreso se han visto tan fuertemente agravados en los últimos años. También se recalcó el impacto indirecto que estas medidas tienen sobre la oferta de las editoriales.
[1] Artículo preparado especialmente para este número de la Revista Observatorio.
[2] Director del CEDEM (Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano)
[3] Consultora, especialista en Industrias Culturales de dicho organismo.
[iv] Opción Libros es una iniciativa de la Subsecretaría de Gestión e Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura del GCBA destinada a fomentar y promover las ediciones de calidad de las pequeñas y medianas editoriales a través de la creación de espacios destacados de venta en las librerías y una importante difusión de prensa.
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