Sobre los concursos del CONACINE

El reciente concurso de documentales convocado por CONACINE ha concluido recientemente su proceso con la publicación de la correspondiente acta del jurado y, en este caso, la decisión del Consejo Directivo de validarla. Lo ha hecho en medio de intrigas que, entre suspicacias y controversias, buscaban cuestionar y empañar la labor del jurado y la participación de concursantes, sembrando dudas y provocando murmuraciones que no analizaran la situación ni plantearan mejoras en la convocatoria y el desarrollo de los concursos. Se han descargado hepáticas maledicencias con el afán de confundir y desprestigiar, actuando como guardianes de la ética en el CONACINE y propietarios de la cinematografía peruana, actitud soberbia que la gran mayoría de la comunidad cinematográfica ya conoce y padece desde hace un buen tiempo.

Así como en los anteriores y futuros concursos, no corresponde pronunciarse sobre los premios concedidos. La calidad de los proyectos es evaluada por el jurado, el cual fue elegido por sorteo y ha dado su veredicto refrendado por un acta ejemplar. Debemos leer este documento con la debida atención, mereciendo la reflexión de los cineastas en su conjunto, porque, más allá de su decisión en los premios, aporta importantes sugerencias sobre el desarrollo en sí del concurso, que se suman a las ya publicadas por el crítico Isaac León, miembro del jurado del anterior Concurso de Proyectos de Largometrajes.

A la luz de ambos documentos, es evidente que algo funciona mal en los concursos. Podría ser un problema menor si no fuera porque éstos son la forma principal de CONACINE para desarrollar su política de incentivos a la producción nacional, y ahora, ad portas de una ley de cinematografía que, entre otras cosas, debe ampliar sustantivamente la cantidad de dinero a repartirse, es muy necesario plantearse mecanismos que permitan que las ayudas se distribuyan del modo más democrático y transparente. Consideramos que dejar las cosas como están es la mejor manera de hacernos un harakiri ante la opinión pública y las entidades gubernamentales de las cuales depende la Ley de Cinematografía, colocando en grave riesgo la futura aprobación de la mejora de la actual ley.

El problema suscitado en los concursos es algo que, a estas alturas, ya tiene larga data. Se inició a fines del 2007 cuando se amplió el presupuesto y, en medio de la euforia generada, se trató de aprobar un reglamento que no sólo violaba la ley 26370, sino que además manifiestamente favorecía a determinados sectores, especialmente a quienes ya tenían obra hecha. Recordemos que se pretendía limitar la eventual participación de los concursantes, se imponía la suscripción de un documento donde se renunciaba a todo reclamo, y en actitud abiertamente restrictiva y antidemocrática, se otorgaba mayor calificación a quienes llegaban con coproducción bajo el brazo o que mediante argucias legales presentaban producciones “financiadas”, reglamentación que se mantiene aún hoy. Se deja así de lado el verdadero papel promotor de la ley y lo que debe ser el financiamiento a un proyecto nacional donde, como ocurre en otras cinematografías, son los fondos locales el primer aporte financiero para ir consiguiendo otros sobre esa base. No está demás decir que esta “legalidad” favorece solamente a unos cuantos.

Sin embargo, CONACINE no corrige esta política excluyente, insistiendo en ella y produciendo sólo maquillajes que ya han evidenciado sus limitaciones y la incapacidad para ser reales soluciones. De no mediar la existencia de la UCP, surgida en medio de la controversia por los nuevos proyectos de ley de cine, seguramente seguiríamos con los jurados elegidos a dedo, como de hecho continúan las comisiones técnicas que repiten algunos nombres una y otra vez, a pesar de su incapacidad manifiesta en muchos casos, y que parecen más bien actuar en función de la consigna antes que del interés de la cinematografía peruana en su conjunto. Esto no es el único rezago que queda, pues se insiste en variar arbitrariamente las bases de los concursos, muchas veces por muy cuestionables interpretaciones de la Ley con el pretexto de que se trata de “concursos extraordinarios”. Lo estamos viendo ahora en el concurso de las regiones, donde se castiga a los directores de una obra por el mayor o menor incumplimiento de una empresa en la que no tienen participación alguna, como es el caso de la descalificación del proyecto del cineasta arequipeño Miguel Barreda. Mientras tanto, se calla o se mira al costado cuando algunos productores crean varias empresas para tener más opciones a la hora de presentar proyectos.

La elección de las comisiones técnicas y los jurados merece particular atención. Si bien es cierto se ha avanzado en la elección de los jurados y éstos ahora son, de acuerdo a Ley, elegidos por sorteo a propuesta de los gremios –a diferencia de los años 2008 y 2009 en que eran elegidos a dedo, se supone a propuesta del Consejo Directivo–, la elección actual se sigue prestando a situaciones muchas veces voluntaria o involuntariamente complicadas, que causan recelo y desconfianza en la comunidad. Como sabemos, nuestro medio es todavía pequeño y es difícil elegir jurados cuyos miembros no hayan tenido relación directa o indirecta con los concursantes.

Como ejemplo, recordemos el caso de un ex miembro del Consejo Directivo que, como representante del Perú, obtuvo el apoyo de Ibermedia para un filme del que luego hizo el making off y donde también apareció como extra, quedando su imagen para la posteridad. O en el reciente concurso de largos, en que dos de los miembros del jurado habían tenido relación contractual con una empresa que les produjo sendos largometrajes. El personaje que ha cuestionado últimamente el concurso de documentales, en su misma línea de pensamiento podría afirmar que ha habido cierto favoritismo con una concursante debido a la vinculación de su padre con esa empresa. Y por último, para no hacer más larga la lista, igualmente se podría recordar el caso de una productora que aparece con frecuencia en jurados y comisiones técnicas, quien integró el Consejo Directivo de CONACINE mientras tenía un proyecto presentado en Ibermedia, del presidente de una institución gremial, y a quien se le adjudicó en ese mismo período una ayuda a la coproducción.

Se trata de un conjunto de suspicacias que principalmente se debe a que las comisiones técnicas y evaluadoras de Ibermedia se designan directamente por el Comité Directivo, las cuales consideramos deben hacerse por sorteo y su accionar debe sujetarse a un reglamento establecido, procurando así evitar caprichosas interpretaciones. Asimismo, los jurados se sortean sin trascender la comunidad nacional, en contra de la propuesta de formar jurados internacionales que hace varios meses hizo el representante de la UCP y que fue denegada por el Consejo Directivo de Conacine. Por ello, además de anular el anonimato del concurso documental que es claramente discriminatorio y contraproducente, y crear jurados internacionales en la medida de lo posible, planteamos que en todos los concursos de Conacine los jurados se elijan recién cuando concluya la inscripción de los proyectos, para evitar los innecesarios cruces que se generan al desarrollarse sus procesos en paralelo. En ese mismo sentido, demandamos que las bases de los concursos se discutan a tiempo, señalándose claramente las diferencias respecto de las versiones anteriores y se unifiquen criterios para obviar tanto cambio de concurso en concurso. Para terminar, y no porque necesariamente sea lo último, es necesario que se mantenga permanentemente informada a la comunidad cinematográfica del desarrollo de los concursos de modo amplio, efectivo y transparente, para que no ocurra lo del último concurso, en el que un mail enviado desde el correo institucional de CONACINE fue dado a conocer por un tercero y presentado de manera sesgada.

Estamos seguros que con la participación de todos los cineastas lograremos desarrollar y mejorar a CONACINE y sus respectivos concursos, de manera ordenada y seria. Por el bien de todos, sin excepción.

Lima, 25 de julio del 2010

UNIÓN DE CINEASTAS PERUANOS (UCP)