Ha sido correcto que la Presidencia del CONACINE se apurara a responder a la comunidad cinematográfica nacional las interrogantes que planteó públicamente la Asociación de Cineastas Peruanos sobre la omisión informativa respecto al programa IBERMEDIA TV. Todo ello se pudo evitar si CONACINE oportunamente hubiera puesto en conocimiento de todos, este importante acuerdo y las características de su convocatoria que, valga la pena reiterarlo, se ejecuta con fondos públicos que nos pertenecen al conjunto de los peruanos, y que por ende cualquier ciudadano tiene el deber y derecho de demandar total claridad en su ejecución.
Sin embargo, hay que señalar que quedan cabos sueltos en la información proporcionada, pues si bien es cierto que los títulos a seleccionarse por cada país son decididos por el Comité de Selección internacional que integran 5 representantes de igual número de países, también en el mismo documento se específica que “tanto productores como distribuidores y autoridades del CII podrán proponer títulos al Comité de Selección para su consideración”. Por ende, resulta legítimo preguntarse como fue que se seleccionó para este primer año a “Pantaleón y las visitadoras” y “Días de Santiago”, no porque dudemos de los meritos de esas películas, sino por una elemental aclaración sobre las acciones de la autoridad peruana representada en el Comité Intergubernamental de IBERMEDIA (CII).
Asimismo, el correo de la Presidencia del CONACINE no se pronuncia sobre el requerimiento final planteado por el comunicado de la ACP para que los concursos de CONACINE se ajusten a ley, y que en el futuro los miembros de los Jurados sean elegidos por sorteo público, de termas que propongan los diferentes gremios e instituciones del sector, y no designados a voluntad por el Consejo Directivo del CONACINE, ya que ello no es su atribución. No debemos olvidar que CONACINE es una institución del Estado, creada por la ley 26370, y cuya función es hacer respetar la ley vigente. Si se quiere modificarla, ahí están las instancias en el Congreso, y por eso hemos insistido en un proyecto de ley de cine integral y no solamente en un aumento “voluntario y temporal” del presupuesto para los concursos.
Finalmente dejar en claro que demandar información oportuna a los organismos públicos, como es el caso de CONACINE, no es interferir ni boicotear su labor sino todo lo contrario, porque la transparencia es un deber del Estado para con todos sus ciudadanos, y es deber de los gremios su fiscalización.
Christian Wiener
Presidente ACP
30 de septiembre de 2009
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