COMUNICADO N° 24
Nuestro gremio ha expresado, desde antes de su creación, su público respaldo al llamado proyecto de ley Peralta, por considerarlo el más representativo de los intereses de los cineastas en su conjunto, rescatando la dimensión cultural del arte cinematográfico, y colocándose a la par de otras exitosas legislaciones sobre la materia en el continente (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México). Por esa misma razón, nos opusimos al posterior proyecto de ley 3339 promovido por el congresista Carlos Raffo, por considerar que no representa ni cautela los intereses de los cineastas sino de las empresas exhibidoras y distribuidoras, en especial las trasnacionales conocidas como las Major’s.
Los principales motivos que nos llevan a apoyar el proyecto de Ley 3091 del Congresista Peralta son los siguientes:
1. Es una propuesta que complementa y mejora la ley actual, en especial en cuanto al dinero que recibe el CONACINE, tal como se explicita en el artículo 3, inciso c) respecto a los recursos del Fondo PROCINE. La creación de este fondo no pretende reemplazar el que actualmente recibe el CONACINE por la Ley 26370, el cual deberá ser respetado y transferido en su totalidad.
2. Crea un fondo PROCINE, que será administrado por CONACINE, y que se financiará con el 50% del impuesto municipal a los espectáculos públicos no deportivos (que representa el 10% del boleto de taquilla) y el 1% de los ingresos de los servicios de televisión por cable. Este último impuesto se aplica también, con mayor tasa, en Argentina y España, en el entendimiento que gran parte de los ingresos que obtienen esas compañías es por la emisión de películas.
3. Sobre el 50% restante del impuesto municipal al boleto cinematográfico, podría destinarse para beneficiar a las empresas exhibidoras que deseen invertir en todo el país. No creemos, sin embargo, que los ingresos del impuesto deban repartirse en tres tercios con las empresas distribuidoras, como lo plantea el proyecto de ley Raffo, pues ellas en nada aportan e invierten a favor del cine peruano, gozando además de un régimen de internación temporal que les permite no pagar impuestos en la aduana por el ingreso de sus copias de exhibición. Lo que significa, además, una clara figura de “dumping” y subvaluación de sus costos reales, en perjuicio de las películas peruanas que si pagan sus impuestos y deben estrenarse en desleal competencia con ellas.
4. Respecto a la distribución de las ganancias en ambos proyectos, si proyectamos por seis años el ingreso producido por las entradas de cine y el crecimiento de las mismas, tomando como base los propios datos consignados en el proyecto 3339, el 100% del impuesto municipal sería del orden de los S/. 160’739,340 que equivalen a $53’579,780. Suponiendo una repartición equitativa, como postula el proyecto 3091 del congresista Peralta, CONACINE y los exhibidores recibirían cada uno en seis años $26’789,890. Es decir cada año $ 4’464,982. Mientras tanto, con el proyecto de ley Raffo, cada sector se verían beneficiados cada año con la suma de 3’125,487 dólares americanos. Por su parte, CONACINE recibiría, descontados los impuestos, la suma de $2’678,989; dejando de percibir la suma de un $1’785,993, cantidad que prácticamente se les estaría regalando a los distribuidores y exhibidores, sobre todo a los primeros, ya que el proyecto de ley no les señala obligación alguna como contraparte, y a quienes se les premiaría por mantener una de las peores carteleras cinematográficas del continente.
5. El proyecto del congresista Peralta plantea la obligatoriedad de los fondos PROCINE bajo la forma de la contribución parafiscal, amparada en la ley y supervisada por el Estado, mientras la otra propuesta lo deja todo a la decisión “voluntaria y temporal” de quienes tienen, además, el control del negocio y en más de una ocasión, intereses contrapuestos a los de los cineastas.
6. Complementándose con la actual ley 26370, el fondo PROCINE fomenta no solamente más y mejores producciones gracias a los Concursos establecidos en la Ley, sino a la ampliación de los circuitos de exhibición digitales, culturales y alternativos; así como a otras actividades relacionadas con la cinematografía, como la formación y perfeccionamiento de los profesionales y estudiantes peruanos de cinematografía, la promoción y participación de la cinematografía peruana en el extranjero, el estímulo a festivales, muestras y eventos de difusión del cine nacional en el territorio de la república, la creación de público, la investigación y publicación en el área y la creación y mantenimiento de la Cinemateca Nacional.
7. Impulsa de manera efectiva la descentralización integral del cine en el país, al establecer que no menos del 25% de los fondos PROCINE se destinen a la creación, producción, distribución y exhibición de obras cinematográficas de las diferentes regiones del Perú, salvo la región Lima.
8. Permite ajustar a Ley los concursos extraordinarios que actualmente realiza CONACINE, modificando todo el capítulo sobre el tema, dándole más flexibilidad, pero al mismo tiempo transparencia a su ejecución, y abriendo la participación y control de la comunidad cinematográfica.
9. Se crea la Cinemateca Peruana, como organismo dependiente del CONACINE, y cuya obligación será la recuperación y preservación del patrimonio nacional de imágenes en movimiento para la actual y futura generaciones.
10. Plantea, en coordinación entre CONACINE y los municipios provinciales y distritales de todo el país, exhibiciones de obras cinematográficas peruanas, latinoamericanas y calificadas de interés cultural y artístico, de forma gratuita y masiva, como parte de la campaña de formación de público. Estas exhibiciones incluirán siempre un cortometraje nacional.
11. Propone, por primera vez en las legislaciones sobre cine en el país, un artículo sobre el régimen laboral de los trabajadores cinematográficos, que facilitará el cumplimiento equivalente a lo señalado en la Ley 28131, Ley del artista intérprete y ejecutante, y la norma existente en la materia para los trabajadores de la actividad privada (Decreto Legislativo 728). Se establece la obligatoriedad de contratos, que deben adecuarse a las disposiciones legales vigentes, garantizando a los trabajadores su derecho a la organización sindical, beneficios sociales, jubilación y seguro de riesgo. El CONACINE podrá suspender los beneficios a las empresas que incumplan sus compromisos laborales. De esta manera, se propicia la formalidad de las empresas de producción cinematográfica, impulsándose la profesionalización de los trabajadores, factor fundamental para el desarrollo de una industria cinematográfica sólida.
12. Finalmente, y no es menos importante, el proyecto de ley Peralta reconoce a las empresas de servicios cinematográficos, así como a los cine clubes, salas de arte y ensayo y de exhibición cultural en general, como parte de la comunidad cinematográfica, con iguales derechos y obligaciones que los otros sectores frente a la ley y el CONACINE.
Por todas las razones antes expuestas es que la UCP considera muy positiva y necesaria la aprobación del proyecto de ley 3091, promovido por el Congresista Johny Peralta. Sin duda, como todo proyecto, podrá enriquecerse y mejorarse en el debate, siempre y cuando no signifique perder algunas de las vigas maestras que lo sostienen y dan validez. Estamos seguros que los congresistas de las comisiones de Educación y Economía, y del pleno del Legislativo, sabrán estar a la altura del desafío que la hora demanda en apoyo del cine y la cultura nacional.
Junta Directiva
Unión de Cineastas Peruanos
Lima, 8 de febrero del 2010.
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