Resultan muy interesantes las reflexiones que Julio Vizcarra hace a propósito de los dos proyectos de ley existentes en el congreso (la ley Peralta y la Ley Raffo) y que lamentablemente, puesto que hubiera contribuido a un mejor entendimiento, no se atreve a llamar por sus nombres. Será tal vez, por que el término, “a título personal”, lo lleva a no saber ni siquiera a él mismo si lo usa como candidato al CD de CONACINE, a donde postula para la reelección por la APCP, y por lo tanto no sabemos si es su propuesta o la de su institución, o mas bien lo hace como miembro del actual CD de CONACINE, en donde ya viene actuando muy claramente a favor de la propuesta de ley Raffo. Dejémoslo por el momento en su laberinto y mas bien analicemos que nos dice, puesto que puede ser muy ilustrativo de una forma de pensar y por que no de actuar.
Dice JV en su primer párrafo:
- "La promulgación de una ley requiere de políticas públicas y de voluntad política que apoyen el proyecto, lo lógico es buscar aquellas políticas que se pueden utilizar a favor del cine y no tratar de cambiar el esquema político de un gobierno. (la cursiva es nuestra)".
Es interesante como en un ejercicio lógico se llega a una conclusión falsa, por que si bien es difícilmente rebatible un argumento como el inicial , difícilmente una conclusión como la final, la puesta en cursiva, tiene que ser cierta. No sólo hay error de lógica, sino asimismo de concepto de lo que es la política, a quien quiere ver como una situación o actividad estática, que permanece inmóvil o se mueve exclusivamente en la dirección de los que están en el poder. Exagerando tal pensamiento seguramente para él todavía debiéramos seguir en el virreynato, puesto que no hubiera sido correcto oponerse al dominio español.
En el párrafo 2 se dice:
- "La promulgación de una ley requiere que todos los involucrados o afectados por ella estén de acuerdo en su contenido. Ningún congresista va a apoyar una ley que trae discordia de los propios beneficiarios".
No se en que país vive Julio, pero es muy difícil que una ley logre la unanimidad que el reclama. Sería bueno que viera el canal del congreso, sino ¿a qué vendrían los debates, las votaciones o porqué existirían mayorías y minorías?
El párrafo 3 dice:
- "Es muy complicado que se apruebe una ley que afecte el presupuesto, pero es mucho más práctico realizar cambios en leyes que ya existen. Los Congresistas apoyan rápidamente propuestas donde no interfiere el tema económico".
Ciertamente que es complicado promulgar leyes que afecten el presupuesto, pero de ahí a afirmar lo siguiente: es mucho más práctico realizar cambios en leyes que ya existen, es un poco cantinflesco, con todo el respeto al genial bufo mexicano y también a Julio por supuesto. ¿Y que pasa cuando estos cambios también afectan el presupuesto? O acaso la ley Raffo no le quita al Estado (gobierno municipal) un dinero proveniente del impuesto y no toca acaso “el tema económico”, o habla acaso de margaritas o alguna planta exótica.
El párrafo 4 señala:
- "El impuesto a los espectáculos públicos no deportivos (IEPND) en los cines no pertenece a los cineastas como muchos quisiéramos, pero tampoco a los exhibidores, pertenece a los municipios y no necesitan brindar una contraprestación por ello".
Vaya, al menos hay algo que es en parte cierto, aunque habría que señalar mejor “que ahora pertenece a los municipios” después de todo, el destino de un impuesto es política dictaminada por el Congreso y ellos pueden decidir si modifican o no su destino, es parte esencial de sus funciones.
El párrafo 5 dice:
- "El Ejecutivo no cumple con transferir el dinero previsto en la ley 26370 y debe más de cincuenta millones de soles al CONACINE. No le tocaría a la propia entidad el reclamar esta deuda pues forma parte del Estado y no puede ir más allá de los canales establecidos para requerir su ejecución anual. Son las Asociaciones y Gremios los que deben entablar una Acción de Cumplimiento contra el Ejecutivo".
Vamos mejorando, por fin un párrafo que aprueba un análisis lógico con un enunciado que está de acuerdo con su conclusión, aunque claro, se podría disentir sobre : “(CONACINE) no puede ir más allá de los canales establecidos para requerir su ejecución anual” pero eso es un debate mayor que ya escapa a estas líneas. Pero en todo caso, ¿ésta conclusión debe significar , como ocurre ahora, que CONACINE apoye y promueva la ley Raffo?, ciertamente creemos que no.
Por último, respecto a este párrafo, cuando dice; “Son las Asociaciones y Gremios los que deben entablar una Acción de Cumplimiento contra el Ejecutivo” ¿Quien habla, el candidato o el miembro del actual CD? ¿Es una propuesta a llevar a cabo o simplemente una sugerencia de lo que se “debe” o mejor se “podría” hacer? que nos aclare por favor.
En el párrafo 6 se dice:
- "La creación de nuevos impuestos, como el del 1% a la TV por cable son muy difíciles de lograr sin una verdadera voluntad política, además es un impuesto al consumidor pues las empresas trasladarían el impuesto al usuario final".
Empecemos poniéndonos de acuerdo, hablamos en plural o en singular, y por que no hablamos de la ley Peralta, o acaso es impronunciable para JV. Ciertamente que todo impuesto es “muy difícil de lograr” pero si esa mentalidad hubiera primado en el cine peruano, y Julio es testigo, no tendríamos ahora ni siquiera Ley actual de cine, por supuesto siempre será más cómodo doblegarse, aunque las consecuencias futuras puedan ser verdaderamente catastróficas.
El párrafo 7 trae mucha enjundia:
- “La propuesta de los exhibidores no es una ley de cine, es una ley de exoneración tributaria. Su mayor problema es que para su aplicación requiere de la aprobación de las partes involucradas además de la imposibilidad de fiscalizar los posibles aportes voluntarios propuestos. Su ventaja está en que se puede exigir la eliminación del impuesto alegando discriminació n pues a otros espectáculos públicos se les exoneró previamente”.
Otra vez con la misma historia, ¿que es entonces? una ley sobre la navegación espacial o a lo mejor para vender popcorn en las nuevas salas. Claro que es una ley de cine, propuesta por dos sectores que generalmente se funden en uno solo a partir de la dependencia histórica que se ha establecido, el necesario matrimonio entre distribuidores y exhibidores, donde son los primeros los que mandan y lamentablemente a los segundos no les queda otra cosa que obedecer. A lo mejor esto quiere Julio para el cine peruano si es que pasa a depender de la “buena voluntad” de los distribuidores con la ley Raffo. Para su desgracia y también de los distribuidores y de algunos “pragmáticos”, hay quienes no suscribimos este engendro salido de los estudios de abogados de las Majors. Y no es necesariamente por convicción ideológica o política, como se pretende hacer creer, sino luego de un riguroso análisis de las peligrosísimas desventajas para el cine peruano.
Pero lo siguiente es muy revelador:
“Su mayor problema es que para su aplicación requiere de la aprobación de las partes involucradas además de la imposibilidad de fiscalizar los posibles aportes voluntarios propuestos.”
Su mayor problema (de la ley Raffo, que no se menciona por su nombre) no es ése como señala JV, su mayor problema es político ya que establece una relación de dependencia con los distribuidores (Majors) a partir de una aportación “voluntaria y temporal” y precisamente por eso no hay un acuerdo entre la totalidad de las partes involucradas. Por otro lado si hay que reconocerle un acierto cuando señala: “la imposibilidad de fiscalizar los posibles aportes voluntarios propuestos” Efectivamente uno de los principales problemas que tiene la ley Raffo es que no hay un ente recaudador y fiscalizador de los aportes, que cuando se trata de un impuesto es la SUNAT, y por lo tanto pasaríamos, como en todo el proyecto, a confiar de la probada honestidad y el juego limpio de los distribuidores y exhibidores, y si a ello le agregamos que el aporte es voluntario y temporal, no hay que tener una bola de cristal para saber en que se convertirá esa contribución con el correr de los años: tarde, mal y nunca llegará.
Por otro lado, la supuesta ventaja parte de una lectura política equivocada, por no decir ingenua. Después de todo el estado dicta sus políticas también (y generalmente) a partir de dar o quitar impuestos y en todo caso si existe una voluntad de apoyar el cine peruano bien puede aprobar un proyecto como el de la ley Peralta que redirecciona un impuesto, hacia CONACINE, para desarrollar el cine nacional, después de todo tiene el apoyo del partido de gobierno y un amplio consenso en als diferentes bancadas. Por último, no haría mal reconocer que el impuesto lo pagan los espectadores y pertenece, por lo tanto, al estado peruano y no a los exhibidores ni distribuidores.
El último párrafo merece especial atención pues se cae una vez más en la ambigüedad o imprecisión de términos
- El fondo PROCINE ha sido propuesto y aceptado por los diferentes actores del quehacer cinematográfico, si todas las partes están de acuerdo se puede plantear que el 100% de la eliminación del IEPND sea destinado al CONACINE y desde allí se destinen fondos para las diferentes áreas cinematográficas.
Ciertamente lo, primero que habría que definir es ¿cuál Fondo PROCINE? El de la Ley Peralta o el de la Ley Raffo, puesto que el segundo proyecto se apropió el término del primero y a estas alturas no es difícil pensar que fue para sembrar confusión. Esta definición es fundamental y Julio Vizcarra no hace mucho para aclararla, sino que la deja ahí en la duda, tal vez para no decir lo que conscientemente ha evitado en toda su sustentación: que apoya la Ley Raffo pero que no quiere decirlo, por que sabe que es un proyecto que ya está en la lista de perdedores y ahora que es candidato la ambigüedad le puede ser útil.
Para terminar detengámonos un poco en su “conclusión”:
Conclusión:
- "Es mejor realizar cambios a la actual ley que proponer una nueva.
- Se debe exigir el aporte del presupuesto total de la ley 26370 de parte del Ejecutivo.
- Se pueden incrementar los fondos económicos con la creación del fondo PROCINE si se destina la exoneración totalmente al CONACINE y desde allí se destinan a las diferentes áreas del quehacer cinematográfico.”
A ver, a ver como leemos la primera:
- ¿Es mejor dejar de lado los dos proyectos de ley, la Peralta y Raffo? Sería bueno que el autor de la nota lo explicite.
- Como el proyecto Raffo, siguiendo la lógica de Julio Vizacarra, no es un proyecto de ley de cine, entonces apoyemos su promulgación y dejemos la ley actual como está, el CONACINE como está y que nada cambie para que todo siga igual, viviendo en paz y armonía
- Claro, también cabe la posibilidad que a lo mejor el proyecto Peralta tampoco es una ley de cine, en la mentalidad de Julio Vizcarra por cierto, y por lo tanto, dado que estamos en elecciones y quiero-seguir- manteniéndome- en-el-cargo- para-apoyar- la-ley-Raffo, hago esta redacción ambigua, después de todo de lo que se trata es de ganar votos y salir reelecto.
La segunda conclusión es un saludo a la bandera muy efectivo en época de elecciones, pero ¿Quién exigirá el presupuesto total: CONACINE, la APCP ( a la que Julio Vizcarra pertenece pero habla a título personal) o le “exigirá” a nuestros representantes de la UCP ante CONACINE? Sería mucho más sincero, creo yo, si encabezara su propuesta diciendo al menos “Los gremios cinematográficos deben exigir…” pero claro aunque representa en las elecciones a un gremio no habla por él, y ¿por quien hablará en CONACINE entonces?
Sobre la última conclusión ya hemos escrito líneas arriba, que empiece definiendo a que Fondo PROCINE se refiere. Por supuesto que resulta difícil no aceptar un planteamiento como el que propone pero para efectuarse hay que definir con que proyecto de ley se llevará a cabo, salvo que a estas alturas, y no parece ser después de leer su escrito, proponga un nuevo proyecto de ley y en ese caso podemos concluir que su propuesta no pasa de ser un mero ejercicio electoral en busca de votos para el continuismo.
Francisco Adrianzén Merino
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