En este momento, en el concierto de los países latinoamericanos, la cinematografía peruana lamentablemente se encuentra en una situación muy disminuida y atrasada respecto a gran parte de los países hermanos del continente. En la década de los ochenta nuestra producción fílmica, especialmente en el campo del cortometraje, era intensa y tenía una gran acogida en los más importantes festivales y muestras de cine internacionales. Ello fue posible, entre otras cosas, por la aplicación del Decreto Ley 19327, o Ley de Promoción de la Industria Cinematográfica, que durante 20 años impulsó la realización de cortos y largometrajes en el país con el beneficio de la derivación tributaria y la exhibición obligatoria en las salas comerciales de las películas nacionales.Pero en 1992 esta norma fue derogada por el gobierno de Fujimori, ocasionando una grave crisis en el sector, con el desempleo de técnicos y actores, y el colapso de muchas empresas productoras. Ante el reclamo de los gremios de cineastas y sectores de la cultura para reactivar el sistema de fomento al cine como en otros países, el mismo régimen promulgó en 1994 la Ley 26370 o de la Cinematografía Nacional, que postula que es deber del Estado el apoyo a la cultura sin buscar ninguna retribución económica o política. Para este fin se debía destinar del presupuesto público, alrededor de dos y medio millones de dólares para la realización de concursos anuales de cortometrajes y proyectos de largometrajes. Esta misma Ley crea al Consejo Nacional de Cinematografía (CONACINE) como organismo oficial de la cinematografía peruana y representada de manera plural por representantes del Estado y de diversos sectores de la actividad. Sin embargo, y a diferencia de la anterior legislación, no se contempló mecanismos de apoyo a la exhibición, lo que significó el retiro definitivo de los cortometrajes de las salas comerciales, y que los largometrajes tuvieran que negociar su estreno en las mismas condiciones que cualquier film extranjero (en un mercado dominado, como en casi todo el mundo, por la oferta monopólica del cine norteamericano).
Lo más grave fue, empero, el reiterado incumplimiento por parte de los sucesivos gobiernos en la asignación de las partidas establecidas en la Ley para los concursos organizados por el CONACINE, que ha oscilado entre el 10 y el 15%, lo que ha limitado significativamente sus posibilidades y eficacia, provocando retraso y una gran frustración en los cineastas. Adicionalmente, el ingreso del Perú al Programa gubernamental de coproducciones de IBERMEDIA no ha estado exento de conflictos ante los atrasos e incumplimientos del Estado en los pagos de las cuotas respectivas que permiten la participación de los países miembros en el fondo común. No obstante estas carencias, en los últimos años hay un incremento importante de la producción de largos y cortometrajes, de ficción y documentales, en Lima y el interior del país, gracias a las nuevas tecnologías digitales y la creación de nuevas pantallas de exhibición por fuera de los circuitos tradicionales, incluyendo festivales y muestras que se multiplican en todo el territorio. Ahí están los reconocimientos internacionales obtenidos por películas peruanas recientes como Días de Santiago o Madeinusa.
Ante esta situación, los cineastas agrupados en diversos gremios y asociaciones, vienen promoviendo en diversos medios y blogs, una campaña de firmas y difusión publica para exigir al gobierno de Alan García que incorpore en la Ley del Presupuesto de la República, el 100% del dinero consignado por la Ley 26370 al CONACINE (honrando su promesa de campaña de atender al sector cultura). Este movimiento busca sensibilizar al Estado y la opinión pública sobre la necesidad e importancia de apoyar las expresiones culturales y artísticas propias, como sucede en otros países de la región, garantizando el libre y mayoritario acceso de los peruanos a la expresión audiovisual y cumpliendo, de paso, con el mandato expreso de una ley de la república, que es obligación del gobierno y las autoridades respetarla. Por eso, de no cumplirse una vez más con la Ley y volver a burlar las expectativas de los cineastas peruanos, solo cabe iniciar en las instancias oficiales respectivas, sea Tribunal Constitucional o Defensoría del Pueblo, una Acción de Cumplimiento, demandando que se aplique la ley en su integridad, y se reintegre al CONACINE el dinero no percibido en estos años.
Paralelamente debe recordarse que se encuentra en el Congreso el proyecto de nuevo marco legal que aborda a la cinematografía de manera integral, incluyendo su dimensión histórica, cultural, industrial y comercial; que asegure vías de ingreso presupuestal continuas y estables, que permitan una efectiva promoción, descentralización y democratización de la producción, y que facilite el acceso y difusión de nuestro cine y el de los hermanos países latinoamericanos, a su público primero y natural, que es el nacional. Esto colocaría a nuestra cinematografía en sintonía con la gran mayoría de los países de la región, donde existen efectivos mecanismo de apoyo e incentivo a su cinematografía a nivel local y regional (en programas como IBERMEDIA o la RECAM del Mercosur) que se han traducido en grandes éxitos y reconocimientos de sus producciones a nivel mundial. Otros países con menor producción o casi inexistente, como Bolivia, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay, en los últimos años se vienen también dotando de leyes o reformulando las existentes, para impulsar su cinematografía. El Perú no puede quedar ajeno y aislado a este movimiento, porque el cine no sólo es arte y cultura sino una forma de identidad y reconocimiento de los pueblos.
Christian Wiener Fresco
Lima, noviembre del 2006
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