por Christian Wiener
El Convenio Andrés Bello es una organización internacional de carácter intergubernamental, creada en 1970 en Santa Fe de Bogotá, Colombia. Actualmente reúne a Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, España, México, Paraguay, Panamá, Perú y Venezuela. Su objetivo central es la promoción de iniciativas conjuntas y de integración a favor de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura. En los años recientes, la CAB viene promoviendo, además, la defensa de la identidad y diversidad cultural, tanto en el campo simbólico como material, sea a nivel de patrimonio cultural como de las industrias culturales, relacionando la cultura con los ámbitos económicos, legales, sociales y políticos, como en las negociaciones del ALCA y el TLC con los Estados Unidos.
Es precisamente en esta línea que, a inicios de esta década, la CAB inició un ambicioso proyecto denominado Economía y Cultura, que en una primera fase debía centrar su atención, como afirman en su web promocional: “en información económica de los sectores fonográfico, editorial, audiovisual (cine, video, televisión), radiodifusión, prensa escrita, revistas, publicidad y artesanías. Por otra parte, estudiar un indicador global (el aporte al PIB del sector cultural) y otros indicadores económicos para cada sector como producción, facturación, empleo, exportaciones, importaciones, derechos de autor y piratería.” Así, en el 2003 se publicaron los informes sobre los impactos de las industrias culturales en Chile y Colombia, y en el 2005 el referente a Venezuela.
Perú parecía un reto más difícil, dada la ausencia de estadísticas e información confiable sobre el accionar de la mayoría de industrias culturales en el país, la ausencia de un organismo centralizador del sector al más alto nivel (como un Ministerio o Viceministerio de Cultura) y el escaso interés e investigaciones sobre el tema a cargo de instituciones como la Universidades y ONGS. Sin embargo el 2006 se presenta el informe titulado El impacto económico de la cultura en Perú, editado en Colombia por el Convenio Andrés Bello, y elaborado por el equipo del Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad San Martín de Porres.
Hay que saludar en primer lugar el gran esfuerzo compilatorio y metodológico del Instituto dirigido por Enrique Urbano, sobretodo porque en muchos casos tuvieron que empezar desde cero para abordar los diversos sectores que ocupa el informe: industria editorial, fonográfica, artes escénicas, radio, cinematografía, televisión, publicaciones periódicas, publicidad, artesanía y museo y museografía. Pero reconociendo esas carencias de base, no se justifica algunas gruesas omisiones, fallas y equívocos que ostenta este trabajo, y que desmerecen un texto que por su amplitud y perspectivas debería ser de consulta obligada para los protagonistas e interesados en la marcha cultural del país, incluyendo especialmente a nuestra poca culta, clase política.
Para referirnos solo al ámbito cinematográfico, vamos a señalar algunos notorios vacíos e insuficiencias del informe (paginas 167 a la 181):
1) En la breve reseña histórica inicial no se hace ninguna mención al Decreto Ley 19327, que rigió durante veinte años el cine nacional, y cuya importancia hoy esta fuera de discusión en todos los textos sobre la evolución del cine peruano, empezando por el libro de Ricardo Bedoya que se menciona en la bibliografía.
Es precisamente en esta línea que, a inicios de esta década, la CAB inició un ambicioso proyecto denominado Economía y Cultura, que en una primera fase debía centrar su atención, como afirman en su web promocional: “en información económica de los sectores fonográfico, editorial, audiovisual (cine, video, televisión), radiodifusión, prensa escrita, revistas, publicidad y artesanías. Por otra parte, estudiar un indicador global (el aporte al PIB del sector cultural) y otros indicadores económicos para cada sector como producción, facturación, empleo, exportaciones, importaciones, derechos de autor y piratería.” Así, en el 2003 se publicaron los informes sobre los impactos de las industrias culturales en Chile y Colombia, y en el 2005 el referente a Venezuela.
Perú parecía un reto más difícil, dada la ausencia de estadísticas e información confiable sobre el accionar de la mayoría de industrias culturales en el país, la ausencia de un organismo centralizador del sector al más alto nivel (como un Ministerio o Viceministerio de Cultura) y el escaso interés e investigaciones sobre el tema a cargo de instituciones como la Universidades y ONGS. Sin embargo el 2006 se presenta el informe titulado El impacto económico de la cultura en Perú, editado en Colombia por el Convenio Andrés Bello, y elaborado por el equipo del Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad San Martín de Porres.
Hay que saludar en primer lugar el gran esfuerzo compilatorio y metodológico del Instituto dirigido por Enrique Urbano, sobretodo porque en muchos casos tuvieron que empezar desde cero para abordar los diversos sectores que ocupa el informe: industria editorial, fonográfica, artes escénicas, radio, cinematografía, televisión, publicaciones periódicas, publicidad, artesanía y museo y museografía. Pero reconociendo esas carencias de base, no se justifica algunas gruesas omisiones, fallas y equívocos que ostenta este trabajo, y que desmerecen un texto que por su amplitud y perspectivas debería ser de consulta obligada para los protagonistas e interesados en la marcha cultural del país, incluyendo especialmente a nuestra poca culta, clase política.Para referirnos solo al ámbito cinematográfico, vamos a señalar algunos notorios vacíos e insuficiencias del informe (paginas 167 a la 181):
1) En la breve reseña histórica inicial no se hace ninguna mención al Decreto Ley 19327, que rigió durante veinte años el cine nacional, y cuya importancia hoy esta fuera de discusión en todos los textos sobre la evolución del cine peruano, empezando por el libro de Ricardo Bedoya que se menciona en la bibliografía.
2) Hollywood invade el mercado peruano desde los años veinte y treinta, y no recién en la década del 60, donde en todo caso se profundiza su dominio. Puede consultarse al respecto las Carteleras Cinematográficas de los 30 y 40 que ha recopilado escrupulosamente Violeta Núñez.
3) Sobre la postproducción de películas, se afirma “que sólo existe un formato de video” (¿?) lo que habría llevado a los cineastas nacionales a realizarla en el extranjero; agregando que “lo mismo sucede con el sonido”. En ningún caso se da cuenta de a que formato o quienes se refieren en este curioso apartado.
4) Se da cuenta que desde 1994 esta vigente la actual ley de cinematografía Peruana, la 26370, incluyendo al final el texto completo de la misma. Sin embargo no se menciona en absoluto en todo el informe el incumplimiento del Estado sobre las partidas presupuestarias establecidas en la norma, ni las dificultades y carencias que esto ha provocado en el sector, lo que fue ampliamente difundido en medios escritos, radiales y televisivos en los últimos años. Incluso en este blog, presentamos un informe detallado de la realidad de la ley en cifras.
5) No se de donde se saca que “con esta nueva legislación a partir del año 1995 se han producido 20 largometrajes con el dominio de los géneros experimental y ficción” (sic.). Esperemos que nos den a conocer la lista de esa veintena de películas, y saber cuales eran experimentales y cuales de ficción.
6) Sobre la piratería, se dice que de acuerdo al estudio realizado por la Internacional Intellectual Property Alliance, entre los años 1995 y 2001 “las perdidas por piratería en el sector cinematográfico peruano fueron de 4 millones de dólares americanos anuales”. Supongo que se estará refiriendo al negocio del cine en el país, especialmente distribución y exhibición, dominado en su gran mayoría por las empresas norteamericanas, y no a la exigua producción nacional, que ni sumando todo estos años logra acercarse a la cifra de una temporada.
7) Se menciona que en los últimos siete años se ha invertido en el sector cinematográfico “alrededor de 90 millones de dólares americanos”. Sería bueno averiguar cual es la fuente de esa información, y en que se desarrolló esa inversión, más allá de las construcciones de nuevas salas y complejos en Lima y el interior del país.
Es cierto que también el informe incluye algunos datos valiosos como la oferta cinematográfica en el país durante los años 1999 al 2003, analizando las cintas estrenadas por nacionalidad y género, y comparando la producción nacional con la extranjera (que en el mejor año no paso del 5%). También referente al número de pantallas ( y ya no salas) en el Perú del 98 al 2003, así como el índice de asistencia entre el 99 y el 2003. Pero resulta insuficiente y sesgado solamente al campo del negocio cinematográfico –dominado por un oligopolio, como el mismo informe lo admite-, lo que debilita las posibilidades que este trabajo tenía para dar cuenta de la situación del cine peruano, sobretodo de cara al extranjero, y que pudo haberse evitado consultando a los archivos ecritos y las fuentes conocedoras, empezando por el mismo CONACINE.
Es cierto que también el informe incluye algunos datos valiosos como la oferta cinematográfica en el país durante los años 1999 al 2003, analizando las cintas estrenadas por nacionalidad y género, y comparando la producción nacional con la extranjera (que en el mejor año no paso del 5%). También referente al número de pantallas ( y ya no salas) en el Perú del 98 al 2003, así como el índice de asistencia entre el 99 y el 2003. Pero resulta insuficiente y sesgado solamente al campo del negocio cinematográfico –dominado por un oligopolio, como el mismo informe lo admite-, lo que debilita las posibilidades que este trabajo tenía para dar cuenta de la situación del cine peruano, sobretodo de cara al extranjero, y que pudo haberse evitado consultando a los archivos ecritos y las fuentes conocedoras, empezando por el mismo CONACINE.
Tal vez esta experiencia promovida por la CAB pueda servir de incentivo para que esta u otra institución asuma en el futuro cercano el reto de producir, por lo menos en el campo del cine, una investigación global, exhaustiva y documentada sobre la realidad de la producción, tecnología, distribución, exhibición, y otras actividades conexas de este sector, como festivales, cine clubs, formación, publicaciones, filmoteca, cinemateca, etc.
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