29 de diciembre de 2007

SPIA sin ley

por Christian Wiener F.

El último número, 32, de la revista Butaca del Cine Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, incluye una entrevista de Manuel Parodi Garrido a Jorge Delgado, Presidente de la Sociedad Peruana de la Industria Audiovisual, bajo el título: “La SPIA y la producción audiovisual”.

La extensión y tono amigable de la conversación nos hizo suponer que el representante del gremio audiovisual hablaría por fin, y de forma clara y sin alusiones ni eufemismos, no sólo sobre lo que considera negativo o indebido en el cine nacional actual sino, especialmente, cuales serian las propuestas alternativas y concretas de su grupo para revertir la situación de crisis que vive el sector, especialmente en referencia a la ley de cine.

De todo ello se habla muy poco a lo largo de la entrevista, prefiriendo, otra vez, quedarse más en lo personal y adjetivo que en lo sustantivo y de fondo, una lastima. Valga la ocasión para aclarar varias cosas dichas desde una perspectiva parcializada y que faltan a la verdad. Como por ejemplo en el tema CONACINE. Delgado afirma que el grupo de delegados de la SPIA que ingresa el 2006 asume el Consejo “en una crisis muy fuerte” y que la “gente no reconoce, no acepta ni valora” el esfuerzo que hicieron sus delegados “por hacer un CONACINE más estable y en orden”. Es cierto que por esos días se vivía una borrasca en el medio, debido a la inasistencia del Presidente del CONACINE a la reunión de IBERMEDIA celebrada en Brasil, a lo que se agregó la posterior denuncia de un cineasta aspirante, sobre supuestas irregularidades en la determinación de las ayudas de ese año. Pero ello no quiere decir que la institución estaba al borde del colapso, ya que, por otro lado, no sólo no arrastraba ninguna deuda de gestiones anteriores, sino que incluso ese año pudo contar con un excepcional aumento del presupuesto, dispuesto por el entonces ministro Sota Nadal, y que fue el resultado de largas gestiones del Presidente y las juntas directivas anteriores.

Por eso resulta poco fraterno y ético decir que la actual junta directiva (presidida por Rosa María Oliart, NR) “se la esta llevando fácil, no esta viviendo los problemas del año pasado”; cuando todos hemos sido testigos que su gestión no esta exenta de críticas y cuestionamientos, lo que por lo demás son absolutamente normales y hasta saludables en cualquier gremio democrático. Y si se trata de acusaciones, no hay que olvidar la que planteó el presidente de SPIA al entonces Presidente del CONACINE, Javier Protzel, sobre supuestos malos manejos en los proyectos presentados a la ronda de negociaciones de IBERMEDIA en Colombia, para después de una larga investigación (y tiempo invertido), los miembros del Consejo Directivo llegarán a la conclusión de que no se había cometido los hechos que se le imputaba (incluso con el voto de los delegados de SPIA). Sin embargo, ello no motivo ni siquiera una disculpa de Delgado, arremetiendo en la entrevista nuevamente contra Protzel, acusándolo de una gestión “poco democrática” porque obstaculizó varias de las decisiones de los delegados de la SPIA; censurado a la delegada de los productores, la realizadora Judith Vélez, por supuesta traición: “Teníamos tres delegados, inicialmente eran cuatro pero uno de nuestras representantes fue a la vez representante conjunta de la APCP, se nos torció en la primera votación, pudimos haberla sacado pero decidimos que mejor se quedara para que la APCP también tuviera representante, y eso nunca lo han reconocido. Nosotros tuvimos un espíritu democrático” (¿?). Lo que omite decir es que la lista presentada al CONACINE ese año fue el resultado de un acuerdo público entre la APCP y la SPIA, y que por ende, lo verdaderamente democrático era que los delegados representarán el sentir de ambos gremios (y de toda la comunidad cinematográfica) y no someterse a una sola posición, más aún cuando lo que se ventilaba en esa votación era un reclamo de carácter individual.

Lo cierto es que buena parte de lo que se cuestionaba con acritud a los anteriores miembros del CONACINE, como un supuesto favorecimiento a allegados y amistades en las decisiones del Consejo Directivo, podría aplicarse también a la gestión de la SPIA, si tomamos en cuenta las ayudas establecidas en la ronda de negociaciones para la reunión de IBERMEDIA en Panamá, donde participó el entonces vicepresidente Mario Rivas. Como se sabe, esta se otorgó en el rubro coproducción al proyecto de un notorio integrante de su gremio, que denunciara supuestas irregularidades de la directiva anterior, que habrían llevado a la aparente marginación de su proyecto, y cuyos cuestionamientos llegaron incluso a la denuncia formal en el Ministerio de Educación, tanto del Presidente como del Secretario Ejecutivo del CONACINE.

Más allá de lo anecdótico y entrando a lo de fondo, hay que saludar el reconocimiento que hace Jorge Delgado de que el cine debe ubicarse en el ámbito de un futuro Ministerio de Cultura, lo que implica asumir que estamos ante una industria cultural, con características particulares y una relación diferenciada con el Estado y la sociedad, y no frente a cualquier industria de bienes y servicios en el marco de la pequeña y mediana empresa (PYME). Por ello es que hubiéramos deseado conocer con más precisión las propuestas de la SPIA sobre la nueva ley, y no limitarse a lugares comunes como “la ley tiene que ser reflejo de la realidad” y que “esta no la conocemos porque no tenemos una investigación profunda”. Todo lo que, independientemente de la obvia necesidad de conocer y profundizar más la realidad de nuestro cine, suena más a excusa dilatoria y burocrática, como la de los parlamentarios cuando no quieren legislar sobre algo. La verdad es que si bien la nueva ley debe partir de un análisis amplio y exhaustivo del sector y sus demandas en el país, tampoco se trata de inventar la pólvora, pues ahí están como base las leyes y normas que se aplican en otros países de la región, y cuyos resultados son también visibles. Y por supuesto, tampoco dejar que la crisis se perpetué en el sector. Eso es lo mínimo que se debe demandar de un gremio, más allá de los cálculos y necesidades de sus directivos.

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