Comunicado ACP

COMUNICADO Nº 13

Tomando en cuenta los últimos anuncios y acontecimientos desarrollados en la comunidad cinematográfica, y considerando que es necesario establecer algunas precisiones sobre lo expuesto y debatido en estos días, el Colectivo Asamblea de Cineastas Peruanos –hoy Asociación de Cineastas Peruanos– considera importante manifestar públicamente lo siguiente:

1. Una ley de cine es una ley de cultura, una forma como un país y su Estado reafirman su soberanía en este campo, la defensa de su identidad y su diversidad a través de imágenes y sonidos, tanto en el ámbito nacional como internacional. La razón por la cual la gran mayoría de países en el mundo se dotan de una legislación cinematográfica es para garantizar una producción propia y diversificada, y poder competir frente al avasallamiento y dominio mundial de las empresas de cine hollywoodense, más conocidas como las Majors.

2. Una ley de cine, por tanto, debe ser una ley integral, en tanto entiende la actividad en su conjunto, a lo largo de toda la cadena productiva y de comercialización que incluye, por supuesto, a la distribución y exhibición. No se trata sólo de producir más películas, que no entrarán libremente al mercado o nunca lograrán acceder, gracias al control monopólico que, justamente, las Majors ejercen sobre él. Debe incluir, también, al cine como un valor cultural de la mayor importancia en nuestro tiempo, y por tanto garantizar su preservación, conocimiento y difusión al público más amplio y de las formas más accesibles.

3. Seguir sosteniendo que el proyecto de Ley 3339, también conocido como “Ley Raffo”, no es una ley sobre cine, es pretender desconocer que el aspecto tributario que legisla –derogación del impuesto municipal a las entradas de cine–, busca beneficiar directamente a sectores concretos del negocio cinematográfico que operan en el país, sustentado en un supuesto apoyo al cine nacional y al CONACINE, que se hará efectivo de forma “voluntaria” y “temporal” (toda la exposición de motivos se plantea en esos términos).

4. Se dice en la propuesta de la llamada “Ley Raffo” que uno de sus beneficios consistiría en dar más cultura y entretenimiento familiar a los peruanos, pero, nos preguntamos, de qué cultura estamos hablando, y cuál es la que debería propiciar el Estado peruano en concordancia con la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural de la UNESCO suscrita por nuestro país, porque tal como está formulada este proyecto será más de lo mismo, es decir “más cine Majors para todos”. Incluso la campaña antipiratería, financiada con los fondos que le cedería el Estado central, parece más dirigida a combatir un mercado alternativo con mayor oferta cultural que perseguir una práctica ilegal, lo que corresponderí a más bien al campo policial, de la justicia y el INDECOPI.

5. Afirmar que el apoyo a la “Ley Raffo” no significa renunciar a seguir luchando por una ley de cinematografí a integral, es una mera declaración retórica, ya que en la práctica se está abdicando en el esfuerzo por lograr una ley de cine de los cineastas, a la altura de las otras legislaciones en el continente, para someterse a lo que buenamente nos puedan ceder las Majors. Nadie está negando la necesidad de negociar con los otros sectores de la actividad, buscando beneficios mutuos, especialmente con las empresas exhibidoras que realmente invierten el país, pero en condiciones de equiparidad y no de imposición, producto de su dinero y lobby político. Además, resulta iluso, por decir lo menos, creer que el Congreso va a discutir y aprobar dos leyes sobre cine, cuando uno de los proyectos, el de Raffo, tomó partes textuales del proyecto llamado “Ley Peralta”.

6. Debemos reiterar, para no faltar a la verdad, que el diálogo para consensuar un solo proyecto de ley de los cineastas fue roto de manera expresa y unilateral el martes 7 de julio por el señor Augusto Tamayo, presidente de la APCP, manifestando que ambos sectores estábamos en la libertad de defender y hacer las gestiones necesarias a favor de los proyectos que consideremos más cercanos a nuestros intereses. Los representantes del Colectivo Asamblea de Cineastas Peruanos en todo momento defendimos la necesidad de continuar este espacio de negociación como consta en las actas de la reunión y lo pueden atestiguar los miembros del Consejo Directivo del CONACINE presentes. Y luego de ello, además hemos seguido insistiendo en la necesidad del consenso, y es la otra parte la que más bien guarda silencio sobre el tema.

7. Llegado a este punto, no podemos dejar de mencionar el poco transparente e imparcial accionar de la presidenta del CONACINE, a pesar de sus declaraciones públicas sobre una supuesta neutralidad y búsqueda de consenso que no vemos traducida en la práctica. ¿Cómo explicar, entonces, que se utilice el correo institucional del CONACINE, que es una institución oficial, para difundir el comunicado de una asociación privada y una de las partes del debate en el gremio cinematográfico? ¿Esa es su manera de conducir la institución que representa y de expresar imparcialidad?

Asociación de Cineastas Peruanos

Lima, 31 de julio del 2009