Respuesta a la APCP al final del camino

por Gabriel Quispe Medina

Parece que estamos llegando al punto culminante del debate de la ley de cine en el Congreso. Por ello, vale la pena recordar algunos hechos, para que quienes no han estado al tanto de los acontecimientos tengan más elementos de juicio.

Lo que mal empieza, difícilmente se endereza. En junio de 2009 una actitud demasiado concesiva de la APCP y la presidencia del CONACINE, permitió que la posición de los distribuidores y exhibidores, representados por Carlos Raffo, ganara espacio a pesar de sus hegemónicos intereses y postulados y la impopular imagen que conllevan, y los convirtiera en interlocutores con un supuesto mismo derecho que la cinematografía nacional en el marco de los beneficios de una ley de cine, que históricamente y a nivel mundial encuentra su sentido en el fomento, justamente, de la cinematografía nacional, por encima de las expectativas extranjeras y principalmente trasnacionales. Resultado: hoy, a fines de noviembre de 2010, la insólita pretensión del reparto por tercios, simétrico y equilátero, de los recursos provenientes del impuesto municipal, lejos de generar unánime rechazo como debió ser, tiene relativa aceptación en un sector de la comunidad, que lo ve ya como parte "normal" del paisaje. 3,3% para el cine peruano, 3,3% para exhibidores y 3,3% para distribuidores, gran negocio de las Majors. Sin embargo, eso no significa que, si se aprueba la ley, esa división tripartita vaya a prevalecer.

Ahora la APCP dice, reitera en realidad, que el proyecto de Raffo no es el ideal pero es el "posible", aceptando todo el discurso que ha ido pregonando dicho parlamentario. Hay que recordar que la primera versión de su proyecto, concebido y promovido por los exhibidores y distribuidores, le daba 1.6% al cine peruano, y sólo después de una apurada negociación con la APCP en el mismo junio de 2009 se llegó a 3%, que todavía era precario y claramente débil en un contexto de voluntariedad y temporalidad.

1,6%. Ese es el auténtico trato que Raffo y sus socios naturales dispensan al cine peruano, pero ahora Raffo dice caricaturescamente, en su muy activa cuenta de Twitter, que su proyecto es apoyado por "los cineastas de verdad", "la gente de peso", "los que realmente hacen las películas", y que sólo es rechazado por quienes "nunca han hecho una película", "un grupo minoritario", de "rebeldes", "radicales", casi una especie de trashumante célula guevarista, ¿no?, cuando en verdad lo que se ha hecho es sostener argumentos y presentar documentos que demuestran la inconsistencia de su proyecto y la concepción que representa.

Raffo pide "no politizar" el tema de la ley de cine. Sin embargo, se contradice, al imputar que la UCP "se ha aliado con el humalismo para boicotear" su proyecto. En esa línea, podríamos decir entonces que las trasnacionales de Hollywood se han aliado con el fujimorismo para impedir una ley justa y soberana para el cine peruano, en exacta coincidencia entre la política hollywoodense de siempre, que busca el atraso de las cinematografías nacionales, y la posición entreguista y liquidadora de activos patrios que el fujimorismo aplicó en los años 90, con las consecuencias de inmensa corrupción que conocemos. Y Raffo habla de boicotear pese a presentar el proyecto de las Majors cuando el original del legislador Johny Peralta (de marzo 2009) era promovido inicialmente por el conjunto de cineastas, y luego en marzo 2010, Raffo otra vez presenta la nueva versión de su proyecto, apenas remozado, tres semanas después de que el congresista Werner Cabrera presentara el suyo.

En junio de 2009, cuando se quería dar la impresión de que el proyecto Raffo era un bólido, a la comunidad cinematográfica se le dijo "Que Dios nos ayude a confiar", o sea confiar en los distribuidores y exhibidores, pero pese a que aparentemente algunos sí confiaron, Dios no nos ha ayudado mucho a hacer ese acto de fe, porque hoy más que nunca las películas peruanas son lanzadas por los aires de las salas al cabo de la primera semana. Además, recientemente el columnista Humberto Campodónico reveló en el diario La República, en un artículo sobre recaudación tributaria, que la más extranjera de las cadenas de exhibición, Cinemark, tenía uno de esos cómodos contratos de "estabilidad jurídica" que proliferaron justamente durante el fujimorato, renovado dos veces por adendas.

Como si aún faltara alguna pista sobre el ADN hollywoodense del proyecto Raffo, últimamente manifestó su entusiasta apoyo Bruno Pinasco, personaje tan ameno y mediático como también evidente promotor del statu quo impuesto por el cine norteamericano, tanto que hace unos meses declaró a Perú21: "Soy Hollywood, nunca he pretendido hacer un programa de crítica o de análisis cinematográfico". Bueno, no sabemos si ha analizado los proyectos de ley, pero dice que el de Raffo le satisface y que debe apoyarse.

En fin, diecisiete meses y tres semanas después del inicio de la polémica, siguen ahí los proyectos de ley disponibles para que cada quien los analice y saque sus propias conclusiones, aunque ya estemos al filo del tiempo. Como dice la APCP, el asunto "actualmente está a punto de entrar a comisiones para su debate".