Comunicado UCP sobre los nuevos proyectos de ley de cine

COMUNICADO N° 26

1. Como se sabe, en el 2009 dos proyectos buscaron superar los vacíos de la vigente ley de cine en el Congreso. El 3091, “Ley de Fomento a la Producción Cinematográfica Nacional”, fue presentado por Jhony Peralta y Luis Gonzáles–Posada, entre otros congresistas, con el apoyo inicial del CONACINE y la gran mayoría de la comunidad cinematográfica. Luego apareció el proyecto 3339, “Ley de Masificación del Cine y Fomento a la Cinematografía Nacional”, impulsado por los legisladores Carlos Raffo y Luciana León, y promovido por las empresas de exhibición y distribución comercial, con el respaldo de la Asociación de Productores Cinematográficos Peruanos (APCP) y la presidencia del CONACINE.

2. Nuestro gremio cuestionó públicamente la segunda iniciativa, conocida en los medios y el ciberespacio como “ley Majors”, por el notorio interés trasnacional que defendía, y planteó su abierto respaldo al primer proyecto, considerándolo integral y que reafirmaba el compromiso del Estado en pro de la cultura y la creación audiovisual, apoyando al cine peruano de modo central y no subsidiario, ni de forma “voluntaria y temporal” como proponía el otro texto.

3. Por ello, cuando a inicios del 2010 Peralta expresó su intención de reimpulsar su proyecto original, saludamos tal acción en el comunicado 24: “la UCP considera muy positiva y necesaria la aprobación del proyecto de ley 3091, promovido por el congresista Jhony Peralta. Sin duda, como todo proyecto, podrá enriquecerse y mejorarse en el debate, siempre y cuando no signifique perder algunas de las vigas maestras que lo sostienen y dan validez”. Pero no todos los sectores del gremio se disponían a defender los intereses de los cineastas en vez de los de las transnacionales, como los colegas de la APCP, que rehuyeron la invitación pública de Peralta, presentando a escondidas, una carta con sus planteamientos.

4. Lamentablemente, Peralta no mantuvo su primera propuesta. Acordó con los congresistas Raffo y León un nuevo proyecto, el 3938 de “Masificación del Cine y Fomento de la Producción Cinematográfica Nacional” que terminaron presentando como falsamente “consensuado” por todas las partes. En esencia, encarna la propuesta de la Ley Raffo inicial, favoreciendo con desgravación de impuestos y cesión de más ganancias principalmente a las trasnacionales distribuidoras, antes que al cine nacional en su conjunto, limitado a recibir sólo un tercio de estos ingresos. La redacción es deliberadamente ambigua sobre el aporte: en la exposición de motivos se insiste en su carácter “voluntario y temporal”, y en el articulado se mantiene la propuesta del convenio privado, cuando lo que debe garantizar una ley es la obligatoriedad y la permanencia indefinida. Igualmente se evidencia la escritura apresurada, dejando puntos importantes mal planteados y en el aire (cinemateca, régimen laboral, porcentaje para las regiones), más por “contentar” a los críticos del proyecto Majors que por hacer una clara propuesta, asemejándose a un “Frankenstein”.

5. La APCP falta a la verdad cuando afirma en un comunicado de circulación restringida, que existió una reunión el lunes 8 de marzo. Ni ese, ni otro día, desde que venimos dialogando sobre el tema de ley, hubo un encuentro en el cual hayan estado presentes los congresistas Peralta, Raffo y León. Por lo menos no con miembros de la UCP, por lo que es imposible que en ella, como afirma, “se había llegado a un consenso entre todos los involucrados”.

6. Sí hubo una reunión el miércoles 17 de febrero en el despacho de Peralta, sólo con la presencia de asesores de Peralta, León y Raffo, y la sorpresiva compañía de miembros de la APCP, que no fueron a la reunión pública que organizó Peralta el martes 9 de febrero. De ella dimos cuenta en nuestro comunicado 25: “tomamos conocimiento que estos legisladores estaban acordando un proyecto en común, aunque sin mayores detalles del mismo. Se nos dijo, sí, que se establecía el fondo del impuesto municipal, que serían obligatorio e indefinido, y que habían decidido que se distribuyera en tres partes: CONACINE, exhibidores y distribuidores. No se nos dio cuenta de los otros puntos y temas de los proyectos, salvo lo del porcentaje del fondo para las regiones, donde los de la APCP, que inicialmente estaban por su desaparición, finalmente plantearon como un límite el 20%. Al final de la reunión, nosotros expresamos a los asesores que no podíamos avalar ningún proyecto “consensuado” hasta que no conociéramos la redacción final del mismo. Ellos quedaron en enviarnos el mismo a la brevedad posible”; lo cual, nunca se produjo.

7. Ante ello, que comprometía la posibilidad de una ley de cinematografía integral, moderna y realmente promotora de nuestra industria y cultura, la UCP propició que el presidente de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte, Werner Cabrera, y otros parlamentarios presentaran el proyecto 3855, “Ley que promueve la Cinematografía orientada al Desarrollo Cultural Soberano”. Rescata algunos puntos del proyecto inicial de Peralta, como destinar el 50% del impuesto municipal al fondo de apoyo al cine peruano administrado por Conacine, asignar el 30% de ese fondo al cine regional, crear la Cinemateca Nacional y aplicar un régimen laboral que garantice derechos básicos de los trabajadores cinematográficos. Incluye el impulso a la distribución y exhibición cultural y alternativa, propiciando un programa de exhibiciones culturales gratuitas de cine peruano y latinoamericano organizado por el CONACINE con las escuelas públicas, vía el Ministerio de Educación, y los gobiernos locales y regionales de todo el país, y acceso regular de la producción nacional de corto, medio y largometraje nacional a la programación y difusión en la televisión pública, como sucede en el resto del mundo.

8. Es necesario comprender que, por sobre todo, las leyes de cinematografía son fruto de la voluntad y decisión de los sectores políticos gobernantes de apoyar la cultura y reafirmar la identidad nacional en el medio audiovisual. Por tanto, la norma a aprobarse en el Perú debe expresar la decisión del Estado de promover prioritariamente a su producción cinematográfica cediendo, para el caso, el actual impuesto municipal. No es asunto de toma y daca, ni de regateo, sino de política cultural, por lo que no se puede medir con el mismo rasero a los cineastas y los exhibidores comerciales, y mucho menos a las empresas distribuidoras que representan principalmente a las Majors, que dominan el negocio cinematográfico en el mundo.

9. Por tanto, no es cierto que para aprobarse un proyecto se requiere, como dice el comunicado de la APCP, “que todas las partes estén de acuerdo”. Este supuesto consenso ideal, para ser real, tendría que nacer de la mutua concesión entre las partes en una negociación franca y abierta (que no se ha dado), y no de la resignación temerosa y por adelantado a los postulados del más fuerte o con más poder político. Lamentamos que los integrantes de la APCP prefieran aliarse con las Majors y las grandes cadenas de exhibición comercial, como ha quedado en evidencia en la reciente postulación del Gerente de la UIP para Jurado de los concursos de CONACINE, antes que defender los intereses del cine nacional y el país entero, sentando un nefasto precedente en toda América Latina.

10. La UCP reconoce y respeta el libre juego democrático por el que todos los sectores políticos en el Congreso tienen derecho de presentar los proyectos que crean necesarios. Como gremio saludamos que más partidos aborden una ley de cine y cultura. Por encima de posiciones partidarias y favores políticos, tenemos principios y propuestas que defender, que no son los de partido agrupación política alguna ni del político que las presente. Nuestro compromiso es sólo con el cine nacional. Por su rol de legislador, con capacidad autónoma de iniciativa, la propuesta del congresista Cabrera es totalmente legítima, y es la que respaldamos en este momento, con la salvedad de que siempre puede perfeccionarse en el debate congresal, propiciándose un verdadero consenso en igualdad de condiciones, que garantice una ley de cine realmente promotora de nuestra industria y cultura de cine, y a la altura de otras legislaciones en la región.

Lima, 22 de abril del 2010

Unión de Cineastas Peruanos (UCP)