Comunicado N° 28 de la UCP

Desde su fundación, la Unión de Cineastas Peruanos (UCP) ha defendido e impulsado la mayor unidad de los productores, realizadores, técnicos y promotores cinematográficos nacionales, para hacer posible una verdadera ley de cine, integral, moderna y soberana, acorde a las otras legislaciones que sobre la materia existen en América Latina y el mundo.

Siguiendo ese precepto defendimos primero el proyecto original del congresista Johny Peralta, que había sido consensuado por el CONACINE y el conjunto de los cineastas y, posteriormente, cuando su autor desistió, respaldamos la propuesta del parlamentario Werner Cabrera, que a nuestro juicio recogía, ampliaba y perfeccionaba lo planteado en el anterior proyecto de ley. Por esa misma razón, nos opusimos desde un principio al proyecto promovido por los legisladores Carlos Raffo y Luciana León, ya que consideramos que desnaturaliza el propósito central de toda ley de cine, que debe ser el apoyo del Estado al proceso de producción y a la formación de públicos bien informados, favoreciendo más bien los intereses mercantiles de las distribuidores trasnacionales y exhibidores comerciales, dejando de lado, además, otras legítimas demandas del gremio, como el apoyo al cine regional, la defensa de los trabajadores cinematográficos y la necesidad de contar con una Cinemateca Nacional, que preserve nuestro patrimonio audiovisual, considerando al cine como parte integral de nuestra cultura,

Todo lo anterior lo hemos manifestado un sinnúmero de veces en comunicados, artículos y escritos publicados en medios y en la red durante más de un año y medio, con argumentos y cifras más que reveladoras, al calor del debate por la nueva ley de cine como es de público conocimiento. En todo este tiempo hemos defendido siempre una actitud de principios consecuente con la defensa de los cineastas peruanos, sin caer en los cantos de sirena que bajo los pretextos del supuesto "realismo" o "pragmatismo", querían hacernos comulgar con propuestas claudicantes, que representarían un baldón para la cinematografía de cualquier país de la región. Y no se trata de una supuesta intransigencia de nuestra parte, como lo quiere presentar la poderosa presión mediática de los allegados al proyecto Raffo, sino ser coherentes con nuestro compromiso con el gremio y el país como gestores culturales y forjadores de nuestra identidad nacional.

Sin embargo, pese a que un grupo de colegas agrupados en la APCP y la dirección del CONACINE decidió aliarse con los distribuidores y exhibidores para respaldar el proyecto de las Majors, nosotros hemos insistido en todo este tiempo en la necesidad del diálogo para buscar puntos de acercamiento y acuerdo que no sigan dividiendo a los cineastas. Lamentablemente, el diálogo propuesto por nuestro gremio no pudo prosperar, porque los colegas de la APCP privilegiaron su relación con los otros sectores, y no fue posible llegar a acuerdos mínimos debido a la ausencia y el silencio de uno de los interlocutores.

En ese sentido saludamos la actitud del nuevo Consejo Directivo de la APCP, que hace algunas semanas se acercó a nuestro gremio para reiniciar conversaciones que habíamos venido desarrollando en el mes de junio de este año, tendientes a lograr una posición común en torno a la ley de cine. El encuentro fue auspicioso, ya que nos permitió comprobar que ambos gremios teníamos coincidencias en puntos importantes como asignar el 30% del nuevo fondo para las regiones, la necesidad de cautelar los derechos de los trabajadores cinematográficos, y la defensa del carácter cultural –además del económico y comercial– del cine, garantizando la creación de la Cinemateca Nacional.

Asimismo, en torno a la asignación de porcentajes sobre el impuesto municipal, tanto la APCP como la UCP estábamos de acuerdo que por tratarse de una ley de cine nacional, y ser el sector más desprotegido en el área, nos correspondía una proporción mayor que a los exhibidores y distribuidores. Todos estos puntos acordados, serían transmitidos de manera conjunta por ambos gremios a los congresistas de la Comisión de Educación y Cultura, donde actualmente se debate el futuro de la ley de cine peruano.

Pero las palabras tienen que condecirse con las acciones, y a los pocos días fuimos sorprendidos por la participación de notorios realizadores de la APCP en un evento público promovido por las empresas UIP y Cine Planet a favor del proyecto Raffo, denominado “Todos por el cine”. Más aún, cuando los colegas de ese gremio nos habían expresado abiertamente su evidente malestar y queja frente a los innumerables maltratos que recibieron los últimos filmes peruanos en su estreno comercial. Dicho evento pretendía reimpulsar mediáticamente no la necesidad de una ley de cine (ya que se omitió toda mención al otro proyecto en el Congreso), sino el proyecto de las Majors, valiéndose de métodos inescrupulosos de hacer política, como el uso de una entrevista antigua a la actriz Magaly Solier, de fines de mayo del 2009, que ella ya se encargó de desmentir, denunciando la manipulación.

Invocamos sinceramente a todos los colegas de la APCP y sus allegados, a que reflexionen respecto a qué intereses defienden y con quiénes están dispuestos a promover nuestra cinematografía. Hay que ser muy claros en esto, porque no se puede estar con Dios y con el Diablo a la vez. Todos estamos de acuerdo en que es necesario y urgente un nuevo marco legal para el cine peruano, que proporcione recursos y apoye significativamente la producción nacional, así como otros aspectos fundamentales de la actividad cinematográfica, pero el apuro, codicia y desesperación de sus socios ocasionales, y las males artes de conocidos lobbystas del Congreso, no son los mejores consejeros.

Por nuestra parte, como UCP persistiremos en la búsqueda de la unidad de todos los sectores de la cinematografía nacional, como lo hemos hecho con los cineastas regionales, para luchar a favor de una verdadera ley de cine, inclusiva, descentralizada y soberana, que favorezca principalmente al cine peruano y no a las empresas que dominan nuestra cartelera. Esperamos que los colegas de la APCP nos acompañen sinceramente en este esfuerzo. De no hacerlo, que la comunidad cinematográfica y el país en su conjunto, juzgue lo hecho por cada uno en los momentos en que se decidía el futuro de nuestro cine.

Lima, 1 de noviembre del 2010

Unión de Cineastas Peruanos (UCP)