La crisis institucional del cine peruano, provocada por la decisión unilateral del Ministerio de Cultura de disolver el Consejo Nacional de Cinematografía (Conacine), es para la Unión de Cineastas Peruanos (UCP) un asunto pendiente de solución. Es por ello que hemos participado y respaldado la que hasta el momento es la única medida concreta para revertirla, la propuesta de Decreto Supremo, elaborada y presentada por la Coalición Peruana para la Diversidad Cultural al titular del sector, Juan Ossio, el lunes 30 de mayo pasado, en cumplimiento con lo acordado en una primera reunión entre el ministro y representantes de dicha entidad que reúne a instituciones y personalidades del ámbito cultural. (Continúa)
La propuesta de Decreto Supremo plantea restablecer la estructura y las funciones del organismo que, según la ley 26370 aún vigente formalmente pero disminuida en la práctica, es el ente rector del cine nacional. Propone además crear una Comisión Especial, conformada por representantes del Estado (ministerio, el ex Conacine) y la sociedad civil (Coalición, gremios cinematográficos y de actores), para convertir al Conacine en un Organismo Técnico Especializado. Esa es la salida jurídica que los especialistas legales de la Coalición han definido, en el documento entregado al que aportamos con sugerencias además de nuestro asesor legal, como absolutamente viable, y que nosotros respaldamos plenamente con el fin de recuperar la institucionalidad de Conacine, y la representatividad y legitimidad de la que hoy carece.
Es muy importante que la comunidad cinematográfica tome conciencia de la necesidad de apuntalar este esfuerzo legal y político. El destino de la cinematografía nacional no puede resignarse a una concentración unilateral del poder, que sólo ha traído incertidumbre y mayor ambigüedad en el manejo administrativo y la toma de decisiones por parte de la Dirección de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, que hasta ahora no explica fehacientemente cuál es el discurso oficial y quiénes lo encarnan. Más aún, seguimos sin entender cuál es el objetivo de estos cambios por parte de una administración de salida, que lo más probable es que no continúe en el próximo gobierno a instalarse en 50 días y cuyas políticas culturales difieren de las del actual régimen.
En una carta del 2 de junio que nos envía el funcionario Daniel Alfaro, luego de nuestra consulta sobre los nombres propuestos para conformar el jurado de los más recientes concursos convocados, se refiere a la Comisión Consultiva de Cinematografía como un grupo de trabajo aún por formalizarse, es decir, no está nombrada oficialmente. Queda claro, entonces, que el manejo actual del ministerio en el campo cinematográfico ha perdido consistencia y formalidad legal, y amenaza convertirse, peor que antes, en el reino de las arbitrariedades. No será con indiferencia, pasividad y confusión que se podrá encontrar soluciones.
Es por ello que les decimos a los colegas del ex Consejo Directivo que dicha representación ha perdido legitimidad y es inexistente, que recuerden que han sido invitados a dedo y fuera del marco legal de la Ley 26370, para legitimar este CONACINE, producto de una medida política autoritaria y arbitraria. Los llamamos a no avalar esa farsa y renuncien a esa invitación.
Tenemos la expectativa de que el escenario político resultante de la elección presidencial del 5 de junio, será una nueva y mayor oportunidad para que la cinematografía nacional no sólo recupere la institucionalidad que le ha sido arrebatada, sino que además pueda construir un marco legal y de acción con bases más sólidas, amplias, diversas y representativas de cara a la consolidación integral del sector.
Unión de Cineastas Peruanos (UCP)
Lima, 8 de junio de 2011
La propuesta de Decreto Supremo plantea restablecer la estructura y las funciones del organismo que, según la ley 26370 aún vigente formalmente pero disminuida en la práctica, es el ente rector del cine nacional. Propone además crear una Comisión Especial, conformada por representantes del Estado (ministerio, el ex Conacine) y la sociedad civil (Coalición, gremios cinematográficos y de actores), para convertir al Conacine en un Organismo Técnico Especializado. Esa es la salida jurídica que los especialistas legales de la Coalición han definido, en el documento entregado al que aportamos con sugerencias además de nuestro asesor legal, como absolutamente viable, y que nosotros respaldamos plenamente con el fin de recuperar la institucionalidad de Conacine, y la representatividad y legitimidad de la que hoy carece.
Es muy importante que la comunidad cinematográfica tome conciencia de la necesidad de apuntalar este esfuerzo legal y político. El destino de la cinematografía nacional no puede resignarse a una concentración unilateral del poder, que sólo ha traído incertidumbre y mayor ambigüedad en el manejo administrativo y la toma de decisiones por parte de la Dirección de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, que hasta ahora no explica fehacientemente cuál es el discurso oficial y quiénes lo encarnan. Más aún, seguimos sin entender cuál es el objetivo de estos cambios por parte de una administración de salida, que lo más probable es que no continúe en el próximo gobierno a instalarse en 50 días y cuyas políticas culturales difieren de las del actual régimen.
En una carta del 2 de junio que nos envía el funcionario Daniel Alfaro, luego de nuestra consulta sobre los nombres propuestos para conformar el jurado de los más recientes concursos convocados, se refiere a la Comisión Consultiva de Cinematografía como un grupo de trabajo aún por formalizarse, es decir, no está nombrada oficialmente. Queda claro, entonces, que el manejo actual del ministerio en el campo cinematográfico ha perdido consistencia y formalidad legal, y amenaza convertirse, peor que antes, en el reino de las arbitrariedades. No será con indiferencia, pasividad y confusión que se podrá encontrar soluciones.
Es por ello que les decimos a los colegas del ex Consejo Directivo que dicha representación ha perdido legitimidad y es inexistente, que recuerden que han sido invitados a dedo y fuera del marco legal de la Ley 26370, para legitimar este CONACINE, producto de una medida política autoritaria y arbitraria. Los llamamos a no avalar esa farsa y renuncien a esa invitación.
Tenemos la expectativa de que el escenario político resultante de la elección presidencial del 5 de junio, será una nueva y mayor oportunidad para que la cinematografía nacional no sólo recupere la institucionalidad que le ha sido arrebatada, sino que además pueda construir un marco legal y de acción con bases más sólidas, amplias, diversas y representativas de cara a la consolidación integral del sector.
Unión de Cineastas Peruanos (UCP)
Lima, 8 de junio de 2011
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