Estamos a sólo un mes del inicio del nuevo gobierno, y la gestión del Ministerio de Cultura en el sector cinematográfico, instalada sobre la ruptura institucional de la actual Ley de Cine, sigue siendo arbitraria y con escasa transparencia.
A través de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, dirigida por el funcionario Daniel Alfaro Paredes, el ministerio toma decisiones que comprometen el curso de la cinematografía peruana a mediano y largo plazo. Sumándose a la autoritaria y poco transparente elaboración del Reglamento Orgánico de Funciones del Ministerio de Cultura (ROF), hemos conocido en la primera quincena de junio, el nombramiento apurado de los miembros de la no vinculante Comisión Consultiva Nacional de Cinematografía (COCONACINE), expresión ruinosa del otrora Consejo Nacional de Cinematografía (CONACINE), que con todas sus imperfecciones, limitaciones y fallas representaba a los cineastas mediante un Consejo Directivo democráticamente elegido.
En paralelo a dicha designación, hasta el momento no se ha contestado en modo alguno el planteamiento formal de salida legal que, el 30 de mayo, la Coalición Peruana para la Diversidad Cultural presentó en cumplimiento a lo acordado dos semanas antes en una reunión entre representantes de esa institución y el propio ministro Juan Ossio Acuña, acompañado de la plana mayor del ministerio, incluido Alfaro Paredes. La propuesta de la Coalición busca devolverle al CONACINE todas las atribuciones contenidas en la Ley 26370.
Es decir, el Ministro pide una propuesta, el Ministro la recibe y el Ministro no responde, persistiendo más bien con el plan de disolver la institucionalidad del cine peruano y reafirmar una nueva estructura de absoluta concentración del poder en un solo burócrata, el mismo que además se lanza a una intensa operación proselitista para convencer a los cineastas de que este esquema eminentemente vertical es la única salida y va a funcionar, trascendiendo el cambio de gobierno.
Luego, pese a la exhortación al gobierno saliente, hecha por la primera vicepresidenta de la República electa y coordinadora de la Comisión de Transferencia, Marisol Espinoza, de no hacer nuevas contrataciones en el Estado cuando falta tan poco tiempo para el 28 de julio, y sumándose al nombramiento de Daniel Alfaro Paredes recientemente en mayo, se nombra una abogada en la Dirección de Industrias Culturales, (que en términos prácticos reemplaza a la Presidencia de CONACINE) y se pone a concurso dos plazas para profesionales cinematográficos. Esta convocatoria, con atractivos sueldos, por encima de los existentes (mientras los miembros de la COCONACINE son “ad honorem”) busca ficcionar una legitimidad de la que carecen, intentando persuadir a los cineastas de participar.
Por otro lado, y pese a los requerimientos públicos de los cineastas, el proceso de la participación peruana en la última negociación de Ibermedia realizada en México, se mantuvo en el mayor hermetismo durante aproximadamente un mes, difundiendo recién en vísperas de la reunión de las autoridades cinematográficas iberoamericanas la identidad del representante nacional, las comisiones calificadoras y los nombres de los proyectos concursantes, y cuando todo ya estaba decidido. ¿Dónde quedaron la institucionalidad y la transparencia?.
Asimismo, el Jurado del Concurso de Proyectos de Largometrajes tuvo un cambio sorpresivo e inesperado, que aunque ha pasado desapercibido, no deja de ser preocupante: no llegó a integrarlo el director ecuatoriano Camilo Luzuriaga, como fue anunciado públicamente, sino su colega uruguayo Pablo Stoll, sin que medie la menor explicación. Saludamos la presencia de Stoll, cineasta de calificada trayectoria, pero demandamos que modificaciones tan importantes como la integración de los Jurados sean oportunamente informadas, sobre todo si se ha puesto énfasis en que iba a haber más y mejor comunicación y transparencia en el nuevo esquema que convierte a la Dirección General de Industrias Culturales y Artes en la única instancia del Estado, sector Cultura, que es determinante para el cine peruano.
Todo estos hechos nos revelan que los anunciados cambios y mejoras ofrecidas por el Ministerio de Cultura bien podrían asemejarse a la famosa frase de la novela El Gatopardo del escritor italiano Giuseppe Lampedusa, magistralmente llevada al cine por Luchino Visconti: ¨si queremos que todo siga como está es necesario que todo cambie¨. Exhortamos por ello a la comunidad cinematográfica y de la cultura a estar atenta y no dejarse sorprender frente a las próximas acciones de una gestión que viene afectado tan gravemente la representatividad e institucionalidad de nuestro cine.
Unión de Cineastas Peruanos (UCP) 27 de junio de 2011
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