El comunicado emitido hoy, miércoles 13 de julio, por la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, a cargo del funcionario Daniel Alfaro Paredes, es un gravísimo atropello a los documentalistas y en general a la comunidad cinematográfica, pues informa con motivos muy poco claros la suspensión del Concurso Extraordinario de Proyectos de Documentales a Nivel Nacional, y, prácticamente, el disimulado retiro del Perú del Programa DOCTV – IB.
Estas insólitas decisiones declaran sustentarse en la supuesta incompatibilidad de las bases de ambos concursos, que fijan un mínimo de 52 minutos en la duración de los proyectos, con respecto a la Ley 26370, que en sus conceptos generales menciona que 75 minutos es la duración mínima de un largometraje, y hasta 20 minutos la de un cortometraje.
Es un argumento sumamente débil, porque pretende emplear un fundamento legal impropio, rebuscado y contradictorio. En primer lugar, la partida presupuestal que el cine recibe del Estado, por más incrementos que haya tenido en los últimos años, sigue siendo incompleta, porque debería superar los 7 millones de nuevos soles. Por ello, precisamente, se incluye la palabra “Extraordinario” en los nombres de los concursos.
Además, el Ministerio de Cultura ha sido el violador más tenaz de la legislación formalmente vigente, primero, al disolver intempestiva y unilateralmente el Consejo Nacional de Cinematografía (CONACINE), cuya creación fue uno de los puntos esenciales de la Ley 26370, y luego, al poner en su lugar la no vinculante Comisión Consultiva Nacional de Cinematografía (Coconacine), que de este modo demuestra su completa inutilidad y su condición de ente decorativo y fantasmal, al no poder “asegurar” la realización de los concursos previstos para el año 2011, que era la supuesta razón de su existencia.
Pero es tan endeble la posición legal del Ministerio de Cultura y de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, en estos meses de disoluciones y adornos, que todos los concursos que están realizando, siguiendo su argumentación, carecerían de similares soportes jurídicos. En la Ley 26370 no existen los concursos de Distribución y Exhibición, ni de Postproducción, ni de las Regiones. Y por supuesto, la Ley 26370 establece claramente que es el CONACINE el ente que convoca a los concursos y dirige la propia ley, y no una dirección ministerial, en este caso del sector Cultura.
Por lo tanto, la suspensión de este concurso documental tiene otras razones. Y es que en medio del desorden permanente de esta gestión, que incluso improvisó el taller dirigido a los cineastas regionales (que no estaba presupuestado), el funcionario a cargo ha incurrido en una serie de desbarajustes tan grandes con los recursos del Ministerio de Cultura, que ahora ya no hay fondos y los perjudicados son los documentalistas, que son notificados dos días antes del pitching del concurso local y un día antes del cierre de la convocatoria del DOCTV – IB.
Estamos al parecer ante el punto culminante de una administración que ha pretendido dirigir los destinos del cine peruano antidemocráticamente, y que ha devenido en caótica porque concentra todas las decisiones en un solo funcionario sin contrapeso alguno; que oculta cuánto obtuvo el Perú en la reciente reunión de Ibermedia, tres semanas después de realizada; y que hasta hace unos días intentó contratar personal en el contexto de la manipulación integral que el gobierno saliente ejerce en todo el Estado.
Ante esta situación, exhortamos a la comunidad cinematográfica a reaccionar enérgicamente, y demandamos al poco eficiente Director General de Industrias Culturales y Artes, Daniel Alfaro Paredes, que se abstenga de adoptar más determinaciones arbitrarias en lo que queda de su gestión, que sólo complican el panorama del cine peruano, y dé un paso al costado, dejando que la nueva administración, entrante este 28 de julio, resuelva estos graves disturbios.
A los amigos documentalistas, los llamamos a unir voluntades, junto a la comunidad cinematográfica en pleno, para que este atropello no se consuma, se respete el concurso para documentales como en años anteriores, y se pueda asegurar la participación del Perú en DOCTV – IB, para lo cual es preciso devolver al CONACINE sus facultades legales en el marco de la ley 26370.
Unión de Cineastas Peruanos (UCP)
Miércoles 13 de julio de 2011
Miércoles 13 de julio de 2011
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