Afirma categóricamente que “El impuesto Municipal lo pagan los exhibidores y les pertenece a su negocio de Exhibición (…) El impuesto que una empresa paga, lo paga ella, y si lo deja de pagar es su beneficio. Si lo Exhibidores creen que su impuesto ya no es procedente, ellos tienen todo el derecho de reclamarlo como suyo, ya que sale de la explotación de su empresa, en este caso las películas que ellos exhiben”. Bueno, eso no es así.
Hay dos clases de impuestos: el directo, aplicado a ganancias o ingresos de las personas naturales y jurídicas, y el indirecto, aplicado a productos y servicios, que está incluido en el precio de éstos.
El impuesto municipal del 10% al boleto cinematográfico es un impuesto indirecto, porque la tasa tributaria forma parte del costo de la entrada. O sea que el impuesto no lo pagan los exhibidores, lo pagamos todos los espectadores al adquirir la entrada. Para confirmarlo, sugiero a los miembros de Cinemaperú que revisen sus boletos, verán la frase “Impuestos incluidos”. Funciona de la misma manera cuando compramos una gaseosa, un caramelo o una lata de atún. Decir que el 10% del impuesto municipal es de los exhibidores, llevaría a pensar que también es de ellos el 19% del IGV. Imagínense qué cara pondría la ministra de Economía, Mercedes Aráoz, si le dijeran eso.
Entonces, el monto de un impuesto pertenece al Estado, en este caso a nivel local o municipal. Al anularlo o disminuirlo, el Estado debe decidir, a través del Parlamento y el Ejecutivo, qué hacer con el dinero liberado. Ahí surge la posibilidad de que negocien los sectores, pero ¿qué puedo negociar si creo que pretendo un porcentaje de lo que pertenece a mi contraparte? Si eso cree la APCP, se entiende lo demás. Cedo toda la iniciativa, acepto lo poco que ofrecen “por su buena voluntad” y encima digo que es fruto del “consenso”.
Para que sea “consenso” tendrían que acordar las partes en su totalidad, es decir los cineastas por un lado y los distribuidores y exhibidores por el otro, en el que cada posición pueda hacer prevalecer algunos de sus planteamientos y ceder en otros. Si los cineastas están divididos en dos segmentos, y sólo uno, la APCP, acuerda con los distribuidores y exhibidores, ¿de qué “consenso” se habla? Lo ideal era que la APCP y la UCP se pusieran de acuerdo y adoptaran una posición única frente a los distribuidores y exhibidores, como siempre fue en la historia del cine peruano y de ese modo se lograron las leyes 19327 y la actual 26370, pero el año pasado la APCP rompió las conversaciones que iban en ese sentido, y expresó que cada agrupación gestionara la ley que creyera conveniente.
¿Cuál es el resultado? En el nuevo proyecto del congresista fujimorista Carlos Raffo, que comparte su colega aprista Luciana León y apoya la APCP, se sigue hablando, entre otras cosas, de un forzado convenio –incongruente con el carácter obligatorio de una ley– para suscribir la división en tercios, y en la exposición de motivos, en el artículo 6.1, Creación del Fondo Procine, se lee que, en referencia al 3,3% del boleto para el cine peruano, “los recursos antes señalados se otorgarán a partir del mes siguiente de la publicación de la presente ley y hasta por cinco años consecutivos a favor de CONACINE”.
Es decir, tras haber tenido dos décadas la 19327 y hasta ahora 16 años, con todas sus limitaciones, la 26370; esta eventual ley sólo duraría cinco años. No es invento ni interpretació n, lo dice el propio proyecto. Nadie pide perfección, pero en el nuevo proyecto Raffo–Luciana puede hallarse muchos más dislates.
Por el contrario, el proyecto Cabrera mantiene la propuesta del 50% para el cine peruano y su carácter fijo y obligatorio, puntos claves del proyecto original de Jhony Peralta, quien ahora suscribe el nuevo proyecto Raffo–Luciana.
En esta propuesta Raffo–Luciana, aparecen proyecciones de los recursos que, de aprobarse, recibiría Conacine del 2009 al 2013 –o sea, ni las han actualizado–: 44 millones 886 mil soles. En cambio, si se aprobara el proyecto Cabrera, el monto ascendería, bajo esas mismas proyecciones ligeramente desfasadas del periodo 2009–2013, a unos 67 millones de soles, aproximadamente, con la diferencia extra de ser aportados de manera fija y obligatoria.
Espero Fabrizio que entiendas, junto con tus colegas de la APCP, que el proyecto que respaldan es impresentable, pese a contar en su elaboración con aportes de congresistas de tantas bancadas, como hace unas semanas declaró Luciana León en la web de El Comercio.
Todavía no es tarde para enmendar.
Gabriel Quispe
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