20 de julio de 2009

Ante el Comunicado de CONACINE

El reciente comunicado de CONACINE, emitido el pasado miércoles 15 de julio, resulta sumamente ilustrativo de los limites que se le quieren imponer a un necesario y profundo análisis de los dos proyectos de Ley.

El Comunicado señala, con énfasis, “CONACINE afirma que una de sus funciones es gestionar recursos, según dictamina el artículo 6º de la Ley 26370” (Ley General de Cinematografía). Sin embargo, esta rotunda afirmación del comunicado es una interpretació n del artículo 6º, que en ninguno de sus cuatro incisos lo señala así explícitamente, como tampoco lo hace el artículo 3 del Reglamento de la Ley 26370 en donde a través de 14 incisos se señalan las funciones de CONACINE. Como toda interpretació n se puede entender de muchas formas (El país todavía tiene fresco en la memoria la interpretación “auténtica” de la Constitución que quiso hacer el gobierno fujimorista) , una de ellas la que ha entendido CONACINE parece ser la de buscar financiamiento a cualquier precio, venga de donde venga y comprometiendo el futuro del cine peruano sustentándolo en el pragmatismo y la inmediatez.

Pero esta “interpretación auténtica” de la Ley 26370, obvia un hecho fundamental señalado con meridiana claridad en los objetivos de la Ley 26370 (art.2º) y sobre todo en el artículo 1 del Reglamento, que por su importancia citamos in extenso:
“Artículo 1.- Es propósito de la Ley Nº 26370 el fomento de la creación y producción de obras cinematográficas peruanas, considerando la cinematografí a como un fenómeno cultural, un arte y un lenguaje de la mayor importancia y eficacia para la afirmación de la identidad cultural del país. Por lo tanto, es obligación del Estado impulsar, desarrollar, difundir y preservar la cinematografí a nacional, sin buscar ni obtener una retribución económica.” (el subrayado es nuestro)

¿Propone la Ley Raffo (disculpen que llame así la propuesta de Ley 3339/2008, con el nombre de tan ejemplar personaje de la política peruana) ) algo en este sentido? Sería mezquino decir que no, después de todo le otorga a CONACINE un 3% (del neto, 2.5% del bruto, del valor de la entrada), pero calla totalmente cuando el 7.5% restante se lo llevan distribuidores y exhibidores sin otorgándole a la cinematografí a mayormente nada a cambio. Sus obligaciones, si leemos bien el anteproyecto, son:
Artículo tercero.- Informe de inversiones en infraestructura
Los exhibidores cinematográficos presentarán cada dos años contados a partir del año 2010 ante el Ministerio de Educación un informe sobre la inversión en Infraestructura Cinematográfica desarrollada para reducir el déficit de salas de cines en las principales ciudades del país que no cuentan con este servicio
.”
Articulo 11.- Programa de exhibición gratuita de películas
Los distribuidores y exhibidores cinematográficos efectuarán mensualmente exhibiciones gratuitas de sus principales estrenos para los sectores de escasos recursos del país, de acuerdo aun Programa de exhibiciones. Dicho programa será presentado semestralmente ante el CONACINE, institución que hará seguimiento y supervisión de dicho programa


Nada más, esa es toda al mención en la Ley respecto a las obligaciones de los exhibidores , un informe, unas cuantas hojas, cada dos años además, para dar cuenta que lo que es propio de su negocio y del objetivo principal que buscan: el lucro mediante la exhibición de las películas que todos conocemos hasta la saciedad de que tipo son. Por otro lado las funciones gratuitas, que serán por supuesto en DVD dado que “los sectores de escasos recursos del país” y cuya localización geográfica es conocida, no cuentan con salas cinematográficas, tiene como objetivo principal ganar público para un tipo de cinematografí a situado en las antípodas de un cine peruano. Que conmovedor acercamiento a la cultura realmente.

Pero resulta muchos más interesante aún conocer cuales serían las obligaciones de los distribuidores. En los 11 artículos y la única disposición final del proyecto Raffo, NO TIENEN NINGUNA OBLIGACION, salvo la de contribuir a la función gratuita mensual. Se han preocupado muy bien de darle al Proyecto una sustentación y redacción, colocando al cine peruano por delante, escamoteando responsabilidad alguna, interesados tan sólo en incrementar sus ganancias, manteniendo la pobreza de nuestra cartelera (basta nomás ver en esta semana de fiestas patrias lo que se repite todos los años y se quiere consolidar aún más) que además sirve de soporte a una cultura totalmente alejada de nuestra identidad.

Pero lo más interesante es cuánto le costaría al Estado peruano, vía bolsillo de los espectadores, este supuesto apoyo al cine peruano:

Según cifras proporcionadas por ellos en La Exposición de motivos, del mencionado proyecto, CONACINE recibiría del 2009 al 2015, la suma de 52’532,726 nuevos soles (Cincuenta y dos millones quinientos treinta y dos mil , setecientos veinte y seis, nuevos soles). Lo que no se menciona para nada es que los distribuidores y exhibidores recibirían un tanto más del doble de esa cifra, es decir: 105’065,452 nuevos soles (Ciento cinco millones, sesenta y cinco mil, cuatrocientos cincuenta y dos nuevos soles), un verdadero “faenón” por usar un término sumamente descriptivo. La cifra trasladada a dólares, que además es un tanto mayor si se calcula con mayor exactitud, es de 35’021,817.3 dólares norteamericanos. (Treinta y cinco millones, veintiún mil, ochocientos diecisiete nuevos soles y 3 centavos, a cambio actual de un dólar igual a tres nuevos soles).

Cada año distribuidores y exhibidores recibirían un plus de 5 millones de dólares (2,5 millones cada uno), cifra nada despreciable, sobre todo para los primeros, que alegremente trasladarían a su matriz en Hollywood, convirtiéndonos en el único país en el mundo que daría una ley para financiar el cine norteamericano.

Por supuesto todo esto se quiere hacer pasar a un segundo plano en el debate y en los distintos “análisis” hasta hoy realizados por CONACINE y la Asociación de productores cinematográficos (APCP), ambos convertidos en cajas de resonancia ante el silencio de los verdaderamente interesados: distribuidores y exhibidores. Consenso, pragmatismo, realismo, contribuciones voluntarias y temporales, vienen siendo palabras colocadas en la orden del día para encubrir una actitud irresponsable de unos y egoísta de otros, o ambas a la vez, olvidando que el cine no es solo una actividad industrial, sino también entretenimiento y cultura, y que como repetimos, bien señala el reglamento de la Ley: “Es propósito de la Ley Nº 26370 el fomento de la creación y producción de obras cinematográficas peruanas, considerando la cinematografí a como un fenómeno cultural, un arte y un lenguaje de la mayor importancia y eficacia para la afirmación de la identidad cultural del país…”, afirmación que hoy el Consejo Directivo de CONACINE, por razones que no llegamos del todo a entender, viene dejando en el olvido.

Por último, aunque no sea el final, es importante leer el comunicado de CONACINE con suma atención, pues es fácil colegir ante la redacción presentada que no sería nada extraño que el Consejo Directivo decida por voto su apoyo a la Ley Raffo. Aquí si vale la pena detenerse entre los votantes:

CONACINE tiene 10 representantes, artículo 7mo, de la ley 26370, 8 de ellos suscriben el comunicado, no lo hace Martín Moscoso representante de INDECOPI y falta en el Consejo Directivo el representante de los Docentes que CONACINE daría la impresión no querer reemplazar ante la renuncia de Christian Wiener. En caso de darse una votación ensayemos una hipótesis, veamos:

A favor:
- Un voto de Mario Garavito Amézaga, representante de las Exhibidoras Cinematográficas.
- Un voto de Luis Dager Alva, representante de las Distribuidoras Cinematográficas.
- Un voto de Julio Vizcarra Coloma, Vicepresidente, representante de las Empresas Productoras Cinematográficas (entiéndase APCP).
- Un voto de Andrés Cotler Avalos, representante de los Directores Cinematográficos (integrante de la APCP y que al interior de la misma ya adelantó su opinión al respecto).
- Un voto de Juan Herrera Carranza, representante del INC y que por “casualidades de la vida” es administrador de Multicines Plaza en Jesús María.

De pronóstico reservado:
- Daniel Padilla Gassols, Secretario del Comité Ejecutivo, representante de los Jefes de Area Cinematográficos.
- Jorge López Cano Bassanini, representante de los Actores Cinematográficos.
- Martín Moscoso, representante de INDECOPI.

Ante esta evidente mayoría (5 contra 3) sería interesante saber si la Presidenta, Rosa María Oliart Velarde, mantiene imparcialidad, la misma que hasta ahora no es precisamente la que ha mostrado ante la Ley Raffo.

Quedamos avisados.

Francisco Adrianzén Merino

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