En otras circunstancias hoy, debiera de ser un día de fiesta para el cine peruano: se ha aprobado una ley de cine, hecho poco común en esta parte del mundo y todos los cineastas peruanos deberíamos de celebrarlo. Pero hoy, jueves 16 de diciembre de 2010, por la tarde, el Congreso de la República evidenció lo que muchos ya saben: para una gran parte de los políticos la Cultura es letra muerta y en nuestro país lamentablemente los intereses privados priman sobre los intereses públicos. Festinando trámites, violando el propio reglamento del Congreso, se aprobó la mal llamada Ley PROCINE, proyecto presentado por los congresistas Carlos Raffo y Luciana León, promovido y elaborado en realidad por los lobbys de las transnacionales de la distribución cinematográfica, o Majors, tal como se les conoce en el mundo del cine. Se ha olvidado en todo momento que el cine es Cultura y no simple y llanamente un negocio dirigido a embotarnos las conciencias de popcorn. Lo más lamentable de todo este esperpento es que dicho proyecto ha sido apoyado entusiastamente por un grupo de cineastas, (con tres saludables rectificaciones finales) reunidos en la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú, APCP, quienes para vergüenza de ellos han preferido someterse a los dictámenes de las Majors, en lugar de buscar en primer lugar el consenso entre la gran mayoría de cineastas. Asimismo, antes que preferir la legalidad han preferido celebrar el comportamiento taimado que deja la ética al lado, el mismo que se hizo práctica común en los aciagos días del fujimontesinismo, (el que algunos “entusiastamente” dicen combatir) y han preferido vender sus conciencias por una promesa “voluntaria y temporal” (el óbolo cinematográfico) de quienes siempre los han maltratado: los distribuidores y exhibidores. Ahora seguramente entenderemos mejor sus películas, después de todo el cineasta siempre debe de andar con la verdad y la ética como compañía y si estas se prestan, se venden o se alquilan, o se acomodan a las coyunturas sin importar el precio, difícilmente, por más técnica mediante, se superará una sublime mediocridad.
Sin embargo, a pesar de todo lo ocurrido no debe de ser momento de desaliento. Se ha perdido una importante batalla es cierto, pero aún quedan otras: conseguir la impugnación presidencial y sobre todo la necesaria moralización y fiscalización de CONACINE, ese ente público que debió de ser de todos los cineastas peruanos y convertido en los últimos dos años en la particular propiedad de unos cuantos, comprometido en todo momento, por razones poco claras, con el cine de Hollywood. Ampliar nuestra representación en CONACINE es por esto una tarea importantísima.
La ley de las Majors, León-Raffo, que algunos señalan que debiera llamarse la ley Tamayo-Durant-Lombardi, sin duda alguna pasará a la historia del cine peruano, puesto que las traiciones también figuran, aunque como una inenarrable página escrita que como bien se ha señalado “inubicable en cualquier libro de historia del cine peruano y latinoamericano”
Un ya viejo adagio, que algunos miembros de la APCP también hacían suyo, decía que “Un país sin cine es un país sin rostro”, por eso continuemos nuestra acción para devolver a Nuestro Cine un rostro de dignidad.
Pancho Adrianzen
Obrero cinematográfico, a mucha honra
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