Por Christian Wiener Fresco
La aprobación de un proyecto de ley referido al cine ha desatado controversia, debido a que parece orientado a favorecer a las empresas comercializadoras y exhibidoras.
Al mejor estilo de Siura y las “leyes sorpresa” del fujimontesinismo, el congresista fujimorista Carlos Raffo y la aprista Luciana León hicieron aprobar el pasado miércoles, de manera oculta, tramposa y fulminante, en la Comisión de Economía y Finanzas, con el apoyo del presidente de la misma, el pepecista Yamashiro, el proyecto de ley lobbista que impulsaron para “masificar” el espectáculo cinematográfico y favorecer aún más a las trasnacionales de Hollywood en su dominio monopólico de la cartelera comercial en el país.
Para lograrlo, no les importó violar el reglamento del Congreso, cuyo artículo 78 establece que no se puede debatir ningún proyecto de ley que no tenga dictamen. Recién el día lunes 29 de noviembre se colocó en agenda de la Comisión de Economía el tema, viéndose exclusivamente el Proyecto de Ley N° 3938 o “Ley de Masificación del Cine y Fomento de la producción Cinematográfica Nacional”, e ignorando de forma flagrante y grosera otro proyecto sobre el mismo, que es el Proyecto de Ley N° 3855, promovido por Werner Cabrera; sorprendiendo la buena fe y desconocimiento de los miembros de la Comisión, que creyeron aprobar un proyecto “consensuado”.
Por suerte, el próximo martes se discutirá en la Comisión de Educación y Cultura del Congreso ambos proyectos de ley de cine, de manera franca, abierta y democrática, como siempre debió ser.
Hace unos meses, un importante grupo de personalidades y artistas demandaron a los legisladores una nueva y soberana ley de cine, que sea resultado de un debate “amplio, público y descentralizado; con la máxima participación de los gremios y sectores involucrados.
Leyes en debate
La génesis de ambos proyectos es el incumplimiento estatal de la asignación de los recursos establecidos en la actual ley de cine (la 26370), promulgada en el régimen de Fujimori, ya que, desde esa época a la fecha, ningún gobierno entregó el presupuesto que ordena la ley para fomentar el cine nacional.
Ante ese incumplimiento, los cineastas buscaron fuentes alternativas para promover al cine peruano y surgió la posibilidad del impuesto municipal a las entradas de cine, vigente desde hace muchos años y que, con la nueva realidad de las multisalas, resultaba anacrónico. Más aún cuando las entradas están también afectas al IGV. El impuesto municipal asciende al 10% del boleto.
Financiar el cine nacional con la actividad comercial cinematográfica es práctica común en otros países de la región, y está contemplada en las legislaciones de Argentina, Brasil, Colombia y otras naciones.
Ello se tradujo en un proyecto de ley presentado por la célula parlamentaria aprista el año pasado al Congreso, en medio de la euforia por el triunfo de “La Teta Asustada”, y que planteaba que el 50% del impuesto municipal fuera asignado a un fondo para promover el cine nacional.
A las pocas semanas, el Fujimorista Raffo impulsó, con los representantes de las distribuidoras de Hollywood, conocidas como las Majors y que dominan el 90% de la cartelera nacional, y el consorcio de empresas exhibidoras comerciales, una ley de “masificación” que propone eliminar el impuesto municipal para incentivar la construcción de más salas de cine, y que de las ganancias que obtengan los distribuidores y exhibidores entreguen 1.6 (luego subido a 3.3%) al cine nacional.
Esta entrega sería por un Convenio privado, mediante un aporte “voluntario y temporal”, siguiendo el ejemplo del óbolo minero. A esa propuesta se unió la congresista Luciana León, que había suscrito el otro proyecto, y otros parlamentarios. Lograron además el respaldo de un sector de cineastas agrupados en la Asociación de Productores (APCP).
Sin embargo, un importante y significativo grupo de cineastas marcó distancias con la “ley Majors”, como fue calificada, reivindicando la necesidad de una verdadera ley de cine, que entienda a esta actividad primordialmente como cultura y comercio, y que sea soberana, no a favor de intereses foráneos.
Se inició así en la comunidad cinematográfica un amplio y sostenido debate, a veces áspero, que devino incluso en la red y los medios de comunicación.
Luego, ya en el 2010, el congresista aprista Jhony Peralta, que impulsó el primer proyecto, decide retirarlo y aliarse con Raffo, promoviendo un nuevo texto que incorpora elementos de ambas propuestas aunque en lo sustancial sigue siendo la “ley Majors”.
Paralelamente, el congresista nacionalista Werner Cabrera, con el apoyo de miembros de su bancada y de otros grupos partidarios como Yonhy Lescano, acoge las propuestas de realizadores y técnicos de Lima y provincias, presentando un nuevo proyecto que plantea abiertamente una ley de fomento al cine soberana, descentralista, inclusiva y que entienda esta actividad como parte de la cultura e identidad del país.
¿Qué esta en debate?
Para verlo de manera sintética, lo que está en el centro de la polémica entre ambos proyectos son dos formas de encarar el fomento al cine y la cultura nacional.
En el caso de la “ley Majors” o Raffo, el objetivo principal es favorecer al gran lobby de las trasnacionales del cine, incrementando aún más sus ingentes ganancias. Se calcula que este año obtendrían más de diez millones de soles.
Estas compañías son subsidiarias de empresas extranjeras exoneradas del pago de impuesto de aduanas a las copias cinematográficas, al acogerse al régimen de Importación temporal aprobado por la Resolución Ministerial N° 287-98-EF/10 y su modificatoria establecida en la R.M. 107-2000-EF/15, del 08/07/2000. Eso constituye, en la practica, “dumping” y subvaluación de sus costos reales.
Adicionalmente, la corporación transnacional Cinemark goza de un Contrato de Estabilidad Jurídica con el Estado, beneficiada con reiteradas “addendas” que le permiten sortear pagos de la SUNAT.
A cambio de la nueva reducción tributaria, cederían de forma “voluntaria y temporal” un tercio de sus ganancias para el Fondo Procine a favor del cine nacional, mediante un convenio privado que equivale a una donación, que no puede ser establecida por Ley, ni en monto ni en obligación.
La norma además transgrede la autonomía privada consagrada en el artículo 62° de la Constitución Política del Perú, pues nadie puede ser obligado por ley a firmar un convenio o contrato.Se trata, en suma, de una ley abiertamente mercantilista, ajena a cualquier propósito cultural o siquiera promocional de nuestra cinematografía.
Por el contrario, la otra propuesta fomenta de manera integral al cine peruano, a través de un
fondo a financiarse con una contribución parafiscal al CONACINE como sucede en la ley Colombiana y se aplica en nuestro país en instituciones como FONAVI, SENCICO, SENATI, ESSALUD y los organismos reguladores; es verdaderamente descentralizada, ya que el 30% de los fondos irían a las regiones, con un claro perfil de promoción cultural, y cautela los derechos de los trabajadores cinematográficos.
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