La revelación de los correos entre la Presidenta del Consejo Nacional de Cinematografía (CONACINE), Rosa Marìa Oliart, y el representante de la empresa distribuidora trasnacional UIP, Brian Pritchett; ha puesto al descubierto ante la comunidad cinematográfica y la opinión pública en general, la manera como se negoció la Ley Raffo-Majors, donde la supuestamente “neutral” representante de la institución oficial del cine peruano, acordaba porcentajes para la Asociaciòn de Productores (APCP) con el congresista Carlos Raffo, pese a que en esos momentos en el Congreso había otro proyecto de ley presentado de manera institucional por CONACINE y con respaldo de los cineastas (el inicial proyecto del congresista Peralta).
En un segundo correo, la Presidenta del CONACINE pide ayuda al “querido Brian” ante un reclamo de los cineastas que hoy conforman la UCP, sobre el trato discriminatorio a los sectores del comercio cinematográfico, a quienes no se exige agremiación (pese a que la ley vigente lo mandata) como si sucedía con los cineastas.
El texto completo de los correos puede ser visto aquí:
Se demanda, cuando menos, una explicación pública de la Presidenta del CONACINE, así como la intervención del Ministro de Cultura ante este lobby escandaloso, habida cuenta que esta institución fue asignada a su sector.
Repercusiones en la prensa:
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