La Ley Raffo-Majors sigue dando sorpresas. Ahora nos enteramos, por el muy bien documentado blog del crìtico y docente Ricardo Bedoya, que con esta norma se cancelaría el aporte del Estado, via presupuesto, al CONACINE que ha sido la base de la Ley 26370.
Es bien sabido que este pago nunca fue cumplido en su totalidad por el Estado a lo largo de los 16 años de vigencia de la Ley, pero mal que bien sirvió para promover al cine nacional, sobretodo en los últimos años que se habia incrementado considerablemente las partidas.
Ahora sin embargo, ya no habrá más aporte del tesoro público, completándose la privatización del cine nacional, entregado en cuerpo y alma a las distribuidoras trasnacionales y sus socios de la exhibición comercial.
Esto resulta un escándalo más, porque en todo momento los promotores de esta norma aseguraron que ella no eliminaba la anterior sino más bien representaba ingresos adicionales. Pero como vemos, todo fue una mentira, y en ello tienen especial responsabilidad la Presidencia del CONACINE, cuya funcón era velar por el presupuesto de la Ley, y los miembros de la APCP, que tan entusiastamente respaldaron un texto que, al parecer, ni siquiera lo han leìdo.
Lo que temíamos: eliminado el aporte del Estado al fomento del cine peruano
Pese a que se dice en la Ley que el Fondo Procine es complementario -lo que supone un ingreso adicional para CONACINE- lo cierto es que no es así. El Fondo Procine reemplaza los aportes del Estado que dispuso la Ley 26370.
Emilio Bustamante me hace notar que en la versión de la la ley aprobada ayer por el Congreso se elimina el aporte del Estado al fomento del cine peruano.
En efecto, la ley de masificación modifica el artículo 17 de la Ley 26370 que, en su segundo párrafo, señalaba que el Presupuesto de la República debía consignar las partidas para que CONACINE convoque a los concursos.
El artículo 17 modificado por la ley aprobada ayer ya no consigna esa obligación estatal.
En otras palabras: la promoción del cine peruano se ha privatizado y dependerá únicamente de los aportes de distribuidores y exhibidores.
Esto exige una aclaración de CONACINE, que debe responder esta pregunta: ¿La ley de masificación elimina o no elimina el aporte estatal que estableció la Ley 26370?
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