13 de diciembre de 2010

Las Majors si tienen quien le escriba

La carta que adjuntamos a la presente no figura en los archivos revelados por Wikileaks, aunque bien podría haber formado parte del mismo. Es una misiva de hace 17 años del máximo representante de la embajada norteamericana en el Perú al entonces Presidente del CCD fujimorista. Y el motivo fue un proyecto de ley de cine promovido por la ACDP, en acuerdo con las empresas exhibidoras, y presentado por el congresista Tord, que para la diplomacia gringa afectaba los intereses de su empresas representadas, los distribuidores, e iba en contra de “las fuerzas del libre mercado”.

El correo se dio el mismo año que en Europa se discutía acaloradamente, durante la Ronda Uruguay del GATT, la “excepción cultural” promovida por los productores y cineastas europeos, y muchísimo antes que nuestro país suscribiera un TLC con los Estados Unidos.

Por suerte, la carta no impidió que el CCD al final apruebe la actual ley de cine, en especial luego del antológico discurso en el hemiciclo del ingeniero Celso Sotomarino del PPC, afirmando que los peruanos no tenemos porque pedir permiso a nadie para legislar sobre nuestra cultura e identidad nacional.

Sin embargo, si algo nos revela esa carta es que:

a) El estado y el gobierno norteamericano cautelan y defienden a su producción cinematográfica y sus empresas
b) Las empresas distribuidoras norteamericanas, es decir las Majors, tienen poderosísimos padrinos e influencias con todos los poderes (políticos, económicos, mediáticos).
c) El libre mercado es un pretexto de las grandes empresas monopólicas que controlan el comercio cinematográfico en el país, para que nadie les dispute, ni cuestione, su hegemonía absoluta.

Esta es la carta que si se envío:



Lima, 13 de Julio de 1993

Señor Ingeniero
Jaime Yoshiyama T.
Presidente del
Congreso Constituyente Democrático
Presente.-

Estimado Ingeniero Yoshiyama:

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi reconocimiento por la visita que usted arregló para los funcionarios de la Casa Blanca la semana pasada, así como mi satisfacción por nuestras reuniones recientes. Al mismo tiempo quería manifestarle que por problemas de tiempo me fue imposible llevar a su atención un tema que surgió recientemente y que es importante para nosotros.

Como usted sabe, los estados Unidos creen firmemente en la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual, así como en que la protección promueve el desarrollo económico y un clima favorable para la inversión. Para que el Perú sea competitivo en una economía crecientemente mundial, debe haber leyes que protejan vigorosamente la propiedad intelectual y estimulen el desarrollo tecnológico y la inversión en un amplio campo de actividades comerciales.

Al respecto he tomado conocimiento que una nueva ley de películas, la “Ley General de Cinematografía”, propuesta por el Congresista Enrique Tord, esta siendo estudiada por el Congreso Constituyente Democrático. Esta ley exigiría a los exhibidores que proyecten películas cortas peruanas junto con las películas de fondo extranjeras, y que compartan un cierto porcentaje de los ingresos provenientes de las entradas con los productores de estas películas en detrimento de los distribuidores cinematográficos. Debido a que los distribuidores proveen ingresos a los propietarios de los derechos de propiedad intelectual de las películas de fondo, el compartir los ingresos pagaderos a los distribuidores por la exhibición de películas extranjeras con los productores de cortometrajes es una confiscación de esos derechos.

Reconocemos el deseo de estimular la industria cinematográfica nacional como una empresa legítima. Sin embargo, tratar de apoyar a la industria nacional tomando ingresos de películas extranjeras no es, desafortunadamente, un medio útil o equitativo de lograr ese objetivo. Con la dación de la propuesta ley cinematográfica, el Perú se estaría moviendo en la dirección equivocada. En muchos países las medidas que discriminan a los productores extranjeros tales como la exhibición obligatoria de películas nacionales, no han dado como resultado una industria cinematográfica nacional más productiva, sino que más bien han dado lugar a la supresión de las fuerzas del mercado libre que cualquier industria dinámica necesita para supervivir.

Si el Perú desea ayudar a los productores nacionales de cortos, estamos seguros que hay mecanismos que no discriminarían contra los productores extranjeros de películas de fondo. Confiamos que este proyecto de ley pueda ser reconsiderado a la luz de estas objeciones.

Hago propicia la ocasión para renovarle las seguridades de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

Fdo. Charles H. Brayshw
Encargado de Negocios a.i.
Embassy of the United States of America.

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