27 de junio de 2009

Derecho, no favor

Amigos:

Hagamos un pequeño ejercicio prospectivo. ¿Aceptarían los distribuidores y exhibidores un proyecto de ley que diga, en uno de sus articulados, más o menos lo siguiente: “el monto del dinero recaudado por el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, que afectan el boleto cinematográfico, será a partir de la fecha cedido (en su totalidad o en parte) de forma VOLUNTARIA y TEMPORAL por los concejos municipales recaudadores a un fondo para promover la creación de empresas de distribución y exhibición cinematográficas peruanas, etc., etc….”

Estoy seguro que no, porque argüirán, con toda razón, que nada garantiza que los municipios vayan a cumplir con la cesión o pago de ese dinero, por más que figure en una ley. La pregunta obvia sería, entonces, ¿por qué nosotros si tenemos que aceptar esas condiciones? ¿somos menos que ellos? o ¿nos sentimos menos que ellos?

Una ley de cine y cultura en general no es un favor, es un derecho y obligación de los estados para promover su política cultural y salvaguardar la identidad nacional. Sólo para terminar, cito el artículo 9 de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO, a la que se supone se ha adherido nuestro Estado (no sólo a los TLC’s): “Las políticas culturales, en tanto que garantizan la libre circulación de las ideas y las obras, deben crear condiciones propicias para la producción y difusión de bienes y servicios culturales diversificados, gracias a industrias culturales que dispongan de medios para desarrollarse en los planos local y mundial. Cada Estado debe, respetando sus obligaciones internacionales, definir su política cultural y aplicarla, utilizando para ello los medios de acción que juzgue más adecuados, ya se trate de apoyos concretos o de marcos reglamentarios apropiados”.

Saludos,

Christian Wiener

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