Sobre el proyecto de ley de cine

Estimados, buenas noches:

Después de noventa meses de crecimiento económico sostenido el Perú experimenta los efectos de la recesión mundial. Se puede constatar, asimismo, que las normas legales generadas en los últimos veinte años, corresponden a las de un país pobre, necesitado de inversiones; promotor de una economía de mercado sustentada en el ajuste estructural, en el modelo del "Estado Subsidiario" (que dejaba hacer y dejaba pasar), reducido a su mínima expresión y que abastecía al inversionista básicamente con "seguridad jurídica". No obstante, de acuerdo a las recientes calificaciones formuladas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el Perú ha dejado de ser un país pobre para convertirse en un país emergente.

¿Qué tiene que ver todo esto con los proyectos de Ley que se cocinan en el Congreso sobre promoción del cine en el Perú? En realidad mucho. En los últimos diez años los riesgos empresariales han crecido geométricamente en el mundo. Ergo, los privados (léase las transnacionales de la distribución) necesitan mucho más que "seguridad jurídica". En realidad necesitan "desregulación". Necesitan ganar más plata. Y, frente a la inminente reconstrucción y vigorización del Estado, necesitan instrumentar las normas en provecho propio. Porque el Estado en su expresión planificadora, promotora, estratégica, abastecedora de gobernabilidad está de regreso.

En concreto: la propuesta de Ley impulsada por las Majors en el Perú no generará derechos ni libertades para el consumidor de cine; ni para los cineastas; ni para los productores; ni para los trabajadores de esta actividad. Que de suyo es muy riesgosa. Que casi nunca retorna la inversión monetaria. Y que es objeto de incomprensión generalizada

La propuesta legal de las "Majors" juega todo por la desregulación tributaria. Neutraliza la Ley N º 26370 y anula las posibilidades de creación de un fondo de promoción para el cine peruano -tan importante y necesario en este momento-. A cambio, ofrece una colaboración "voluntaria y temporal" de los distribuidores y exhibidores. Que, por añadidura, son los actores que monopolizan el mercado cinematográfico en el Perú desarrollando prácticas de competencia desleal que diera ser lo primero en regularse o fiscalizarse.

Entonces ¿A qué "palo" se está arrimando CONACINE? ¿No sería mejor que el Estado definiera sus políticas públicas en materia de cine y cultura? ¿No sería mejor que el Estado corrigiera esa falla del mercado en la distribución y exhibición cinematográficas reactivando el impuesto municipal a los espectáculos no deportivos y asignando un porcentaje importante de éste para un fondo de promoción del cine? ¿Se puede planificar desde las empresas o sus gremios la actividad cinematográfica en el Perú? ¿O es necesario que el Estado intervenga formulando grandes lineamientos de política? Que no debiera implicar parametrar, censurar o promover un cine gubernamental.

Recuérdese que la "colaboración voluntaria y excepcional" de las Majors no podrá ser objeto de fiscalización y no estará sujeta a los mecanismos de transparencia. Entonces, se cumplirá tarde, mal y nunca. Bajo el argumento absolutamente superado de que la riqueza de las naciones subyace exclusivamente en la iniciativa y en la inversión privada. Son 500 años de capitalismo comercial versus 3,000 años de Estado en el mundo. Y no existe país desarrollado que no haya acumulado riqueza y la haya reinvertido sino a partir del despliegue de un Estado sólido, ubicuo, eficiente, promotor y planificador. Tanto mercado como sea suficiente; tanto Estado como sea suficiente.

La Ley N º 26370 debe corregirse. Es absolutamente necesario. Pero esa corrección implica convocar a todos los responsables y stakeholders del cine en el país. Ellos deben participar de la audiencia, de la exposición, del debate, del voto y del acuerdo. Porque -me olvidaba decirlo- no existe expresión más política y civilizada -desde que el mundo es mundo- que la Democracia. Y hoy, el cine peruano la necesita.

Oscar Contreras